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Extensión

Las actividades de extensión del Centro se pueden dividir en dos esferas de impacto: por una parte, las relacionadas con la creación, implementación, y evaluación de sistemas de gestión ética, tanto en el ámbito público como en el privado. Por otra parte, las actividades de formación éticas y ciudadanas dirigidas a los ciudadanos en general, con especial énfasis en los actores directamente involucrados con el conflicto en Colombia.

La ética pública busca que los integrantes de una organización sigan lineamientos ciudadanos éticos en su actuar cotidiano; así mismo, propugna porque los procesos y procedimientos que posibilitan que la organización cumpla sus funciones misionales cumplan con estándares éticos que posibiliten el fomento y desarrollo del comportamiento ciudadano ético esperado en los diferentes grupos de interés (directivos, funcionarios, proveedores, usuarios, ciudadanía, etc.). En otras palabras, la formulación y aplicación de las políticas de la organización, su cultura organizacional, y el comportamiento diario de cada uno de sus integrantes debe reflejar valores ciudadanos éticos.
 
Entender una entidad o empresa como una institución ética implica considerar que los diversos actores (internos y externos) exigen diversas demandas morales y que todas ellas deben ser satisfechas adecuadamente. Dichas demandas muchas veces van más allá de propiciar el desarrollo y ejercicio del comportamiento moral de los trabajadores y funcionarios, pero su satisfacción incide necesariamente en el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad. Así, por ejemplo, la forma en que los trabajadores ejercen sus labores, cómo los directivos adoptan decisiones, cómo son tratados los proveedores, o cómo la sociedad en general es afectada por las acciones de la empresa incide directamente en la constitución de la entidad como una institución ética.
 
La constitución de las entidades o las empresas en instituciones éticas hace necesario hacer énfasis en sistemas de rendición de cuentas; dicho énfasis ha llevado al establecimiento de manuales de ética, códigos de buen gobierno, o códigos disciplinarios al interior de cada una de las entidades. Estos códigos y manuales buscan guiar el actuar de los trabajadores, funcionarios y directivos en el cumplimiento de sus funciones de modo que dicho accionar sea uno ético. Así, mediante la formulación de unas políticas éticas se busca incidir en el cambio de la cultura organizacional de la entidad, generando una gestión de calidad, más eficaz, eficiente y transparente.
 
A pesar de la existencia de este tipo de códigos y manuales de obligatorio cumplimiento, los valores, principios y políticas en ellos contenidos no necesariamente se reflejan en el accionar de los trabajadores. Puede tratarse de que ellos no siguen los lineamientos de los códigos, que los cumplen solamente por miedo a la sanción, o simplemente que no existe modo de verificar su cumplimiento. Adicionalmente, en los eventos en que los valores y principios éticos son efectivamente implementados es necesario indagar por la forma en que ello acontece con el fin de establecer pautas que pueden ser replicadas en otras situaciones.
 
Así, se considera necesario establecer la manera en que directivos, funcionarios y trabajadores en general cumplen sus funciones misionales desde un punto de vista ético, lo cual implica indagar en los aspectos éticos de, por ejemplo, la gestión financiera, tecnológica, o de gobierno más allá del cumplimiento de lo establecido en códigos y manuales. Además, se considera necesario reflexionar no solamente sobre el impacto que los valores de la entidad o empresa tienen en la dimensión ética de las diferentes gestiones, sino también cómo dichos valores se articulan con principios éticos muchos más amplios como, por ejemplo, los valores y principios propios de un estado social y democrático de derecho (libertad, igualdad, dignidad, autonomía, tolerancia, etc.), los 10 principios del Pacto Global que la Organización de las Naciones Unidas, los indicadores ETHOS para organizaciones sustentables y responsables, y los principios y estándares del Global Reporting Initiative-GRI. Esta reflexión no es solamente un ejercicio teórico abstracto: debe dar lugar a la formulación de un Plan de Gestión Ética cuya implementación, seguimiento y evaluación redundará en el fortalecimiento de la empresa o entidad como una institución ética: una en la que se propicia el desarrollo de un comportamiento ético ciudadano por parte de todos sus miembros.
 
Justamente, el propósito de las actividades de extensión en este campo de acción es generar un espacio de diálogo para que dicha reflexión y posterior formulación se pueda llevar a cabo. A partir de un diálogo entre trabajadores y directivos sobre lo que significan los principios y valores éticos se construirá todo un sistema de gestión ética, con indicadores y mecanismos de seguimiento. Estos indicadores son susceptibles de ser seguidos, monitoreados y evaluados con el fin de crear planes de mejoramiento en el desempeño ético de las diversas gestiones de las empresas y entidades. Es decir, el resultado esperado es brindar las herramientas para diseñar, aplicar, seguir y evaluar planes de gestión ética en las entidades y empresas; más específicamente, establecer Planes de Gestión Ética.

Se busca en principio una formación integral sobre los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, los mecanismos de participación habilitados para su implementación, y las habilidades y herramientas de comunicación para fomentar liderazgos ciudadanos en el marco de la implementación.

Teniendo en cuenta que el espíritu de estos acuerdos ha sido el reconocimiento de las víctimas y el fortalecimiento de la democracia en Colombia, el propósito último de las actividades de extensión es contribuir a la construcción de una paz duradera y para la cual es fundamental formar una ciudadanía activa, propositiva e informada. Bajo este horizonte, las actividades se configuran en torno a los siguientes principios.
 

Como lo señala Xabier Etxeberria, las víctimas del conflicto son aquellos que han sufrido un daño en su dignidad, bien sea porque “han sido tratadas como puro medio, o porque han sido ignoradas, marginadas o excluidas” . Un proceso de paz es justo en la medida en que se logra reivindicar la dignidad de las víctimas, pero tal reivindicación consiste no sólo en la reparación y la restauración de los derechos de las víctimas, sino también en darles a ellas las capacidades y oportunidades para que se transformen en ciudadanos activos y participen en la construcción de una sociedad democrática e incluyente.

Es inherente a la violencia, ya sea esta política o no, la falta de reconocimiento de quien la sufre. Esto no quiere decir que la falta de reconocimiento se dé de manera uniforme, por ello cada persona y cada comunidad que es víctima padece un daño de una manera concreta y singular. Esto exige reconocer el contexto social, histórico y cultural de las víctimas. Como lo han mostrado diferentes estudios, cuando se atienden los daños de las víctimas sin entender sus particularidades se corre el riesgo de no responder de manera apropiada a sus necesidades e intereses. Precisamente, para evitar este tipo de peligros, en nuestro país se ha vuelto un imperativo aplicar el llamado enfoque diferencial, que como su nombre lo indica parte del reconocimiento de las diferencias sociales, culturales, y espaciales en las que viven las víctimas para formular alternativas que atiendan a dichas diferencias.

Se ha vuelto un lugar común afirmar que una condición necesaria para una paz duradera es la formación de ciudadanos que sean críticos, solidarios, y respetuosos de la diferencia. De acuerdo con Etxeberria, para no producir un daño adicional, la formación ciudadana debe tener como uno de sus fines fundamentales el reconocimiento de la dignidad de las víctimas; reconocimiento que está ligado a la construcción de una memoria colectiva en el que las experiencias de los grupos más vulnerables y quienes han sufrido más del conflicto tengan un lugar privilegiado.

Para cumplir con este fin, el papel que las víctimas cumplen es fundamental, pues a través de sus testimonios y narraciones no sólo se hacen visibles en la sociedad las terribles implicaciones de la injusticia y la violencia, sino que además se ofrece un argumento contundente de porqué debemos salir de los ciclos de odio y violencia. Para cumplir con esta tarea, es necesario preparar a la víctima para que ella se asuma como educadora que a través de su testimonio interpela y cuestiona a los ciudadanos y, al mismo tiempo, logra contraponerse a cualquier justificación de la violencia. A este respecto, para que la víctima como educadora pueda contribuir a la formación de una ciudadanía solidaria y respetuosa de la alteridad, ella tiene que adquirir la capacidad de narrar su propia experiencia de una manera que esta no invite a la venganza y la victimización.

En un contexto como el colombiano, hay una obligación moral y política de la sociedad como un todo de generar las competencias y proveer los recursos necesarios para que los ciudadanos y comunidades, quienes han sufrido daños por el conflicto, puedan reconstruir sus vidas. En proceso de paz que pretende ser duradero, el énfasis en las víctimas significa que el fin a que apunta es a que ellas, ya sea de manera individual o colectiva, puedan llevar a cabo sus proyectos de vida.

En este sentido, entendemos que un proyecto de construcción de paz es aquel que tiene como fin contribuir al reconocimiento de la dignidad de las víctimas. Para no caer en el paternalismo, es fundamental que las víctimas se constituyan como sujetos activos en la formulación y aplicación de un proyecto de construcción de paz. En este sentido, se busca desarrollar en las víctimas las habilidades y herramientas para que ellas sean capaces de formular y gestionar proyectos en construcción de paz que les permita verse y ser reconocidas como ciudadanos activos, capaces de contribuir a la convivencia democrática y a la inclusión de los diversos grupos sociales que constituyen nuestra sociedad.