Buscador Google

Justicia

07 de noviembre 2018

Visita de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Colombia

Visita de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Colombia
Una delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) realiza una nueva visita a Colombia esta semana en el marco del examen preliminar que desde el año 2005 adelanta en relación con la investigación, enjuiciamiento y sanción de los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por los distintos actores armados en el país (fuerzas gubernamentales, grupos paramilitares y guerrillas) desde el 1 de noviembre de 2002 (o, en el caso de los crímenes de guerra, desde el 1 de noviembre de 2009).

En el último informe de la Fiscalía de la CPI sobre las actividades desarrolladas como parte de sus exámenes preliminares (diciembre 2017), se subraya que una de las principales preocupaciones existentes en relación con la situación en Colombia es la definición del concepto de responsabilidad de mando en el Acuerdo de Paz y su posterior desarrollo en Acto Legislativo 01/2017. El informe llama la atención sobre la eliminación del Acuerdo de Paz de toda referencia al Derecho Internacional al definir la responsabilidad de mando de los miembros de la Fuerza Pública (dicha referencia si se mantuvo, sin embargo, con respecto a la responsabilidad de mando de los integrantes de las FARC). El informe pone también particular énfasis en que la definición de la responsabilidad de mando de los agentes del Estado recogida en el artículo transitorio 24 de Acto Legislativo 01/2017 se aparta del Derecho internacional consuetudinario y, por lo tanto, puede frustrar los esfuerzos de Colombia por cumplir con sus obligaciones de investigar, enjuiciar y sancionar los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en el país.

Ninguna de estas preocupaciones, compartidas también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido abordadas por la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o por la Corte Constitucional, como se deduce de la sentencia C-674/2017 de 24 de noviembre de 2017 (que afirma la exequibilidad del Acto Legislativo 01/2017) y del comunicado de prensa de 16 agosto de 2018 sobre la exequibilidad de la Ley Estatutaria de la JEP.  

Toda esta controversia hay que situarla en el marco de las cada vez más apremiantes solicitudes de información por parte de la Fiscalía de la CPI en relación con los pasos concretos y específicos adoptados para la persecución penal en Colombia de aquellos altos mandos de la Fuerza Pública identificados por la propia Fiscalía de la CPI como presuntos responsables de la práctica de ejecuciones extrajudiciales, comúnmente conocida como ‘falsos positivos’. Las visitas por sendas delegaciones de la Fiscalía de la CPI en marzo de 2018 y durante esta semana, constituyen nuevas manifestaciones de este proceso.

Como parte de las reuniones que se sostienen estos días, varias cuestiones han de ser, sin duda, abordadas. Entre ellas cabe mencionar el sometimiento en los últimos meses del General Mario Montoya y otros altos cargos de las fuerzas armadas de Colombia a la JEP, la huida de Iván Márquez y de otros dirigentes de las FARC, la controvertida propuesta de creación de dos secciones de primera instancia, una sección de apelación y una sección de revisión de sentencias para conocer exclusivamente de los crímenes cometidos por los miembros de la Fuerza Pública (donde entre los varios requisitos para integrar las mismas se encuentra el de ser especialista en Derecho Internacional Humanitario y conocer sobre los manuales operacionales de las Fuerzas Armadas), y las consecuencias que tiene para la definición del concepto de responsabilidad de mando la decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI de 8 de junio de 2018, por la que se revoca la sentencia de primera instancia y se absuelve al ex vice-presidente de la República Democrática del Congo, y fundador y comandante en jefe del grupo político-militar Movimiento por la Liberación del Congo, Jean Pierre Bemba.
Con respecto a esta última cuestión, uno de los principales problemas que plantea la redacción del artículo 24 transitorio del Acto Legislativo 01/2017 es el requisito que allí se establece conforme al cual, para poder incurrir en responsabilidad de mando, el superior jerárquico debe tener la capacidad ‘material y directa’ de tomar las medidas para cumplir con sus obligaciones jurídicas. Este requisito plantea la posible inaplicación de la responsabilidad de mando a los superiores militares que sin ser los mandos inmediatos de quienes comenten los crímenes, cuentan, sin embargo, con la capacidad material para tomar medidas dirigidas a su prevención o castigo. En otras palabras, el problema de fondo radica en saber si la responsabilidad de mando se puede extender verticalmente a través de la cadena de mando hasta llegar a los superiores de mayor graduación, a pesar de que, generalmente, estos últimos se encuentran geográficamente y estructuralmente alejados de la escena de los crímenes y de sus autores materiales, bajo la única condición de que conserven la capacidad material para adoptar medidas dirigidas a prevenir y/o castigar los crímenes cometidos por sus subordinados.

Ha sido precisamente esta cuestión la que ha tenido que ser abordada por la CPI en el caso Bemba, porque el acusado se encontraba en la República Democrática del Congo mientras unidades del Movimiento para la Liberación del Congo, que él dirigía, cometían en la vecina República Centroafricana los crímenes de lesa humanidad y de guerra de asesinato, violación y pillaje. Dichas unidades habían sido enviadas allí por el propio Jean Pierre Bemba para defender al presidente democráticamente elegido Ange-Félix Patassé contra el intento de golpe de Estado del hasta entonces jefe del estado mayor de las fuerzas armadas centro-africanas Francois Bozizé.
 

Para la Fiscalía de la CPI la distancia geográfica y estructural de la escena del delito y de los presuntos autores materiales no excluye automáticamente la responsabilidad de mando, al tratarse ésta de una cuestión de hecho que depende de la capacidad real que el superior jerárquico afectado , conserve para adoptar medidas dirigidas a prevenir y castigar los crímenes cometidos por sus subordinados


Si bien dos de los cinco jueces de la Sala de Apelaciones de la CPI (jueces Van den Wyngaert y Morrison) han acogido la interpretación propuesta por la Defensa de Bemba, los otros tres (jueces Eboe-Osuji, actual Presidente de la CPI, Monageng y Hofmanski) han optado por rechazarla, acogiendo así la posición sostenida por la Fiscalía de la CPI, que se corresponde con la adoptada por la Sala de Primera Instancia de la CPI en su sentencia en el caso Bemba. En consecuencia, resulta incorrecto afirmar que, a la luz del caso Bemba, se debe excluir automáticamente la responsabilidad de mando de los altos cargos de la Fuerza Pública colombiana actualmente sometidos a la JEP.

Son, precisamente, este tipo de cuestiones las que se analizan en detalle en los nuevos Programas de Especialización y Maestría en Derecho Internacional (con sus tres énfasis en Derecho Internacional Penal y Humanitario, Derecho Internacional Económico y Arbitraje Internacional, y Estudios Críticos), que a partir del semestre I de 2019 se ponen en marcha en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario.

Por: Héctor Olasolo Alonso
Profesor titular de carrera y director de los Programas de Especialización y Maestría en Derecho Internacional del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH). Miembro del Grupo de Estudio sobre Conducción de Hostilidades de la Asociación de Derecho Internacional.

El Prof. Olasolo se ha desempeñado también como Profesor titular de Derecho Internacional Penal en la Universidad de Utrecht (2009-2012), magistrado Auxiliar de la Corte Penal Internacional (2004-2010), miembro de la Fiscalía del Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia (2002-2004) y asesor jurídico de la delegación española en la Comisión Preparatoria sobre la Corte Penal Internacional (1999-2002).

 

Comparte en tus redes sociales

RELACIONADOS

RECIBE NOTICIAS EN TU CORREO

Escribe un comentario

Al publicar un comentario por favor recuerda ser preciso, conciso y hacer buen uso de las palabras sin ofensas.

    Sé el primero en comentar

    Escriba su mensaje



     Security code

CONTENIDO DE INTERÉS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Finalizó el Concurso de Derecho Internacional Penal y Justicia Transicional
Justicia - 07 de noviembre 2018
 
Visita de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Colombia
Justicia - 07 de noviembre 2018
 
Confiabilidad en las instituciones desde la sociedad
Política - 26 de septiembre 2018