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Política

07 de noviembre 2017

El Rosario hospedó gran debate nacional: ¿sí puede ‘blindarse’ el acuerdo de paz colombiano?

El Rosario hospedó gran debate nacional: ¿sí puede ‘blindarse’ el acuerdo de paz colombiano?
Andrés Franco Pinzón
Redacción Nova et Vetera


Tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, la incertidumbre de qué tan fidedignamente se cumplirá lo pactado recibió un vital espaldarazo cuando la Corte Constitucional dio su visto bueno en el control de constitucionalidad, para que el Acto Legislativo 02 de 2017 reciba un “blindaje” jurídico en su implementación durante los siguientes periodos presidenciales.

A pesar de esa trascendental decisión, una de las bases del acuerdo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), atraviesa difíciles momentos en el Congreso de la República para recibir una aprobación definitiva el próximo martes 7 de noviembre o hundirse debido al repentino ausentismo e intereses políticos por dilatar su entrada en vigencia.

Por este motivo la Universidad del Rosario organizó junto al periódico El Tiempo y la Fundación Hanns Seidel el Foro “¿Quedó blindado el acuerdo? Sí o No” el pasado 2 de noviembre en el Auditorio Jockey de la Facultad de Jurisprudencia. Su propósito era propiciar un escenario de reflexión y análisis alrededor de la decisión de la Corte, invitando a figuras de la academia y política nacional a favor de ambas perspectivas sobre si realmente puede “blindarse” un acuerdo tan susceptible a la polarización.

“Al firmarse al acuerdo llegamos a la cima de la montaña, solo para darnos cuenta de que yacen otras montañas con una cantidad de temas que históricamente habían estado debajo del tapete, como la corrupción”, comentaba en el discurso inaugural el rector, José Manuel Restrepo, advirtiendo que un blindaje de lo pactado ante la opinión pública puede ser igual de apremiante para consolidar una paz estable y duradera a pesar del escenario tensionante que se vive.
 

“El acuerdo se encuentra en el escenario desfavorable de la contienda electoral”, Guillermo Rivera, ministro del Interior.

El ministro Rivera presentó la primera intervención defendiendo la existencia de un blindaje jurídico con el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Indicó de manera aclaratoria que el segundo acuerdo, renegociado tras el plebiscito, desistió de buscar integrarse como parte del bloque de constitucionalidad del país, pero sigue ateniéndose a los valores constitucionales como el deber y derecho de vivir en paz como mayor aspiración de una sociedad. Rivera aseguró que el panorama electoral es el que está perjudicando el blindaje del acuerdo ante la opinión pública, ya que sectores políticos están mitificando intencionalmente rumores sobre el acuerdo como que la JEP tendrá la potestad de judicializar cualquier ciudadano colombiano. “Decir que el tribunal va a liderar una cacería de brujas contra ciertos sectores o ideologías es falso. Es un tribunal para quienes participaron en el conflicto: los exmiembros de las Farc, miembros de las FF.MM o terceros que hubieran participado de manera determinante en crímenes de lesa humanidad durante el conflicto”, comentó.

“No está blindado jurídica o políticamente, pero pudo haberlo estado”, Carlos Holmes Trujillo, exmagistrado Constituyente.

El actual precandidato presidencial del Centro Democrático asegura que la renegociación del acuerdo de paz tras la victoria del ‘No’ en el plebiscito desperdició su oportunidad de obtener un verdadero blindaje tras la negativa del gobierno de ceder a la propuesta de un ‘gran acuerdo nacional de paz’ que incluyera a sus opositores.

A nivel jurídico, Holmes indicó que el acuerdo de paz no está blindado internacionalmente porque las Farc no tienen categoría de organización internacional o estado, y por lo tanto no pueden ser susceptibles de un efecto vinculante en sucesos como la entrega por parte del gobierno colombiano de una declaración de compromiso unilateral en las Naciones Unidas o la entrega de una copia del texto del acuerdo al Consejo Federal de Suiza.

El coautor de la Constitución del 91 llegó a criticar lo que considera un desbordamiento de las competencias de la Corte Constitucional por su reciente sentencia. Asegurando que “ni siquiera los juristas de la Corte pueden decirle a la nación que sus pronunciamientos no importarán en el futuro”. Durante su intervención comentó su deseo de que se contemplen reformas a la alta corte.

Roy Barreras, senador del Partido de la U.

El senador del Partido de la U, Roy Barreras, uno de los principales líderes políticos del acuerdo en el Congreso, defendió su seguridad jurídica explicando que el Acto Legislativo previo (01 de 2017) ya está incorporado a la Constitución, con el cual se reconoce a la paz como objetivo primordial. Sostiene que la decisión de una refrendación popular no era estrictamente necesaria, sino una decisión política para que el proceso se hiciera de la manera más democrática posible.

Barreras dedicó gran parte de su intervención a explicar que el temor por una posible “feria de impunidad” con la JEP no tiene cabida, ya que existen diversos articulados que contemplan la pérdida de beneficios para los reincidentes y disidencias de las Farc, además de la judicialización en la justicia penal ordinaria de todos los delitos cometidos después del 1 de diciembre de 2016 como los de narcotráfico. A su vez denunció que las bancadas opositoras han saboteado deliberadamente la aprobación de la JEP en el Congreso y el martes 7 de noviembre será un día trascendental para su futuro.

Clara López, precandidata presidencial.

La exministra del Trabajo y actual precandidata presidencial, Clara López, también defendió la existencia de un blindaje completo a nivel constitucional que parte de tres principios fundamentales: progresividad (no retroceder en la conquista del programa constitucional y la materialización de los derechos sin el presupuesto de la paz), el mandato constitucional de buscar la paz y el principio de buena fe en el cumplimiento internacional demostrado con actos como el de Ginebra y la ONU.

Señaló que uno de los componentes vitales del acuerdo fue un marco de implementación, conformado por una serie de elementos necesarios para que estos salgan adelante y estipulado en un documento CONPES como política de Estado por los próximos 20 años. Destacó igualmente que la Corte Constitucional respaldará con unanimidad la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2017, evitando el desbordamiento de sus poderes al adoptar un artículo transitorio que explica la conexidad del acuerdo final con los derechos fundamentales.

Rodrigo Uprimny, constitucionalista.

En un apasionado panel, el reconocido constitucionalista Rodrigo Uprimny explicó que a pesar de que es escéptico del concepto de ‘blindaje’, la lógica de un proceso de paz con un grupo armado implica que tenga cierta solidez jurídica para que existan garantías de cumplimiento. Reconoció que los veredictos del Congreso y la Corte Constitucional sobre el acuerdo implican que ahora es una política de Estado.

“Los procesos de paz son muy volátiles para caber rígidamente en una Constitución”, indicaba, al argumentar que cuando son grupos amados contraestatales es muy improbable que el proceso de paz culmine sin reformas institucionales profundas. El estado jurídico del acuerdo de paz en la Constitución fue modificado sustancialmente tras la renegociación, ya que se desligó del bloque de constitucionalidad pero proponiendo otros mecanismos como su reconocimiento de acuerdo especial bajo la Convención de Ginebra.

Por su parte el exconstituyente y exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, se mostró convencido de que este acuerdo de paz tendrá que ceder a eventuales cambios como sucedió con los pactos del Frente Nacional y la Constitución del 91, que considera pactos de paz que fueron determinantes para el país. No considera que exista un blindaje internacional, porque reveló a los asistentes del Foro dos derechos de petición radicados a la Cancillería y el Alto Comisionado de Paz que confirmaban que no existían efectos jurídicos vinculantes en la entrega del acuerdo al Consejo Federal Suizo y las Naciones Unidas.

Sofía Gaviria, senadora del Partido Liberal.

La senadora del Partido Liberal, Sofía Gaviria, se distanció de la discusión jurídica arremetiendo contra el acuerdo de paz al asegurar que carece de legitimidad y respaldo por lo que asegura fue un dudo proceso de renegociación tras el plebiscito. Protestó principalmente la falta de delegaciones de víctimas más organizadas dentro del acuerdo y la necesidad de que el acuerdo pueda seguir modificándose.

Enrique Santiago, abogado español.

Uno de los principales asesores jurídicos de las Farc durante las negociaciones, el abogado español Enrique Santiago, explicó que el derecho internacional es quizás el de más compleja aplicación porque no tiene foros de competencia claros para exigir su cumplimiento. “Este acuerdo no es un acuerdo internacional, es un acuerdo que se ha aprobado utilizando un instrumento del derecho internacional”, comentó al explicar que es virtualmente imposible exigir que se cumpla o blindarlo a menos que otro Estado soberano se lo exija al gobierno colombiano formalmente.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, encargado de interpretar la Convención de Ginebra, expidió un concepto donde dice que un acuerdo de paz puede constituir un acuerdo especial o humanitario si tienen como finalidad reducir el daño del conflicto. Santiago reiteró que la entrega del texto del acuerdo al Consejo Federal Suizo no le confiere valor jurídico, pero sí sitúa al Consejo como fedatario público dando fe de que las partes de forma libre y voluntaria lo han suscrito.

Además, explicó que cuando en noviembre de 2016 el Congreso refrenda el acuerdo se consintió que el gobierno colombiano hiciera la declaración de compromiso unilateral internacional y se firmará como un acuerdo especial según el artículo 3 común de la Convención de Ginebra, además de anexar el texto a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Sobre la decisión de la Corte Constitucional, Santiago dijo que este pronunciamiento fue claro en cuanto a que el acuerdo no reemplaza la Constitución ni se incorpora al bloque de constitucionalidad.

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