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Editorial. La paz: desafíos para Colombia

Alberto José Campillo Pardo - Editor de la Revista Rosarista Nova et Vetera

En primer lugar me disculpo por la extensión de esta editorial, pero la coyuntura nacional lo amerita. Colombia se encuentra en un momento clave para su historia, y es nuestro deber como colombianos tomar una decisión, sea la que sea, de manera informada y pensante. Es por eso que me tomo el atrevimiento de escribir estas páginas, que espero solucionen dudas y abran horizontes a todos los lectores, que buscamos para Colombia un futuro mejor. Este esfuerzo se suma al que ya llevamos a cabo en nuestro “Especial Sobre el Conflicto” en nuestro programa radial Radiophonium, que podrán escuchar aquí.

El 24 de agosto de este 2016, Colombia recibió un anuncio que esperaba hace muchos años: el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC llegaron a un acuerdo, que implica el fin de un conflicto armado que lleva más de medio siglo azotando al país. Esta noticia fue recibida por los colombianos causando distintos sentimientos: euforia, júbilo, esperanza y alegría, pero también miedo, incertidumbre, rabia e incluso odio, en algunos casos. Pero, ¿Por qué esta noticia, sin lugar a dudas positiva, genera sentimientos y reacciones tan disímiles entre los colombianos?

Un poco de contexto…

La guerrilla de las FARC aparece formalmente en el año de 1964, y su creación es justificada por sus miembros con el bombardeo de Marquetalia por orden del entonces presidente Guillermo León Valencia, con el fin de afirmar el acuerdo político del Frente Nacional, ataque efectuado en contra de la “República autónoma de Marquetalia”, creada por movimientos de corte comunista, tras el Bogotazo, en 1948., así como por el asesinato de varios líderes del partido comunista en la época de la violencia y de la dictadura de Rojas Pinilla.

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Sin embargo, este grupo revolucionario de corte ideológico marxista, comienza una transformación en los años ochenta, en donde, bajo el mando de “Jacobo Arenas”, decide hacer uso de todas las formas de lucha para tomarse el poder, es decir, la política y las armas. Así mismo, en esta década, toman el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y empiezan a vincularse con actividades relacionadas con el narcotráfico, entrando en una guerra frontal con los carteles que manejaban esta actividad, por el control del negocio.

Sumado a lo anterior, las pretensiones de la guerrilla se vieron respaldadas por un fenómeno de desplazamiento masivo debido a la influencia del narcotráfico, el cual, sumado a la concentración de tierras en pocas manos, llevó a una crisis agraria muy fuerte, que dio a la guerrilla más efectivos y más motivos para su actuar.

Debido a esta guerra entre guerrillas y narcotráfico, se produce una alianza entre las FARC y otras guerrillas de corte comunista, y se forma la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, que entabla negociaciones de paz con el gobierno colombiano, produciendo como resultado el surgimiento del partido político Unión Patriótica, que consolidó a los miembros de las negociaciones, con el Partido Comunista. Sin embargo, más de 3000 militantes de este partido fueron asesinados, al parecer por el Estado Colombiano, lo cual llevó a la separación de las FARC del proyecto político de la UP, y su retoma de las armas.

Durante la década de los noventas, y tras el fracaso de varios intentos de negociación, la guerrilla de las FARC, financiada por actividades como el narcotráfico, la extorsión y los secuestros extorsivos, tomaron una gran fuerza, llegando a tener cerca de 10.000 combatientes, divididos en 70 frentes, en todo el territorio nacional. En ésta época se producen grandes victorias de la guerrilla sobre el ejército, como la toma de Mitú, mostrando su capacidad militar y de apropiación del territorio.

A finales de la década de los noventa, y principios de los años dos mil, el gobierno de Andrés Pastrana entabla nuevas negociaciones de paz con las FARC, creando la Zona de Distensión, que consistía en 40.000 kilómetros del territorio colombiano, entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, en los cuales la guerrilla podía actuar libremente, sin presencia del ejército o, para todos los efectos, del Estado colombiano, con el fin de llevar a cabo las negociaciones en ese territorio.

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Sin embargo, las negociaciones fueron infructuosas y las FARC utilizaron el territorio destinado a negociar para aumentar sus actividades delictivas. En ésta época aumentaron considerablemente los secuestros, las “pescas milagrosas”, la actividad de narcotráfico y los ataques con bombas en las ciudades del territorio nacional. La guerrilla de las FARC adquirió un poder militar y económico muy considerable, convirtiéndose en el principal actor del conflicto armado colombiano. En esta época, las cifras de inteligencia mostraban que las FARC contaban con un número de efectivos que oscilaba entre 13.000 y 18.000 efectivos.

A partir de 2002, con el ascenso al poder del presidente Álvaro Uribe, la postura del Estado hacia las FARC cambió, y se enfocó en una ofensiva militar de gran escala que agudizó el conflicto, pero que acarreó a las FARC una serie de derrotas militares importantes, incluyendo la muerte y captura de varios de sus cabecillas, así como el rescate de secuestrados importantes, como Ingrid Betancourt y algunos ciudadanos norteamericanos que se hallaban en poder dela guerrilla. Las represalias de las FARC fueron fuertes, y se destacan hechos como el atentado con bomba al Club El Nogal de Bogotá, así como el asesinato del Gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor de paz Gilberto Echeverry.

Sin embargo, a costa de muchas vidas, las FARC se vieron obligadas a replegarse militarmente, lo cual fue considerado por muchos una gran victoria de la institucionalidad colombiana. Esta lógica de ofensiva militar se mantuvo durante los dos periodos presidenciales de Uribe Vélez. En 2007, el gobierno lleva a cabo el llamado “Acuerdo Humanitario”, cuyo fin era el intercambio de secuestrados por guerrilleros presos, proceso que fue liderado por la entonces senadora Piedad Córdoba. Este proceso se llevó a cabo, pero tuvo muchos detractores, pues se acusó tanto al gobierno, como a las FARC, de darle un uso político, sin importarles realmente los secuestrados.

Finalmente, en el primer periodo del presidente Juan Manuel Santos, después de severos enfrentamientos políticos con la oposición, liderada por su predecesor Álvaro Uribe, el gobierno anuncia que ya ha comenzado un nuevo diálogo de paz con las FARC, que cuenta con garantes internacionales, Noruega, Chile, Venezuela y Cuba, así como con representantes de las Naciones Unidas, para garantizar la legitimidad y transparencia del proceso.

Esto nos lleva hasta el día de hoy, en donde el número de muertos del conflicto asciende a más de 220 mil, el número de desaparecidos a 25 mil y el número de desplazados a 4.744.046, según cifras del gobierno, y donde hay esperanza de paz para el país. Es necesario entender que en esta guerra todos los actores han cometido graves crímenes, tanto FARC como el Gobierno. Hechos como los “Falsos Positivos”, práctica llevada a cabo por el ejército, en la cual asesinaban a civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros muertos en combates y así obtener prebendas y reconocimientos, son una muestra de los crímenes gubernamentales.

La guerra es temible, horrorosa y despreciable. En una guerra todos los bandos son culpables de hechos lamentables y, aunque algunos actúen con legitimidad estatal, siempre es preferible la terminación de un conflicto que su perpetuación. Ahora bien, no se trata de olvidar, hacer borrón y cuenta nueva. Se trata de poner fin al sufrimiento de miles de colombianos afectados por esta guerra intestina.

Las reacciones

Si se observa la muy resumida historia presentada anteriormente, se comienza a vislumbrar el porqué de la variedad de sentimientos que genera el anuncio del acuerdo de paz. La alegría, el júbilo y la esperanza, se explican por sí mismas. A nadie le gusta vivir en la guerra. A nadie le gusta que le maten y secuestren a sus familias. A nadie le gusta saber que sus hijos están en uno de los dos bandos combatiendo. Es el fin de años de sufrimiento. Es la esperanza de que el país por fin, después de más de medio siglo de negociaciones, va a alcanzar la paz tan anhelada por todos.

Sin embargo, la moneda tiene dos caras. El miedo y la incertidumbre reinan en diferentes actores de la realidad nacional, desde víctimas y ciudadanos, hasta sectores políticos completos. ¿Por qué?, se preguntarán algunos. La respuesta no es sencilla, pero trataré de dar algunas luces al respecto.

En primer lugar, se encuentra el problema de la desconfianza, tanto en el gobierno, como en las FARC. Empecemos por el gobierno. El actual presidente, Juan Manuel Santos, fue elegido en el cargo como sucesor de la política de Uribe Vélez. Habiendo sido ministro de defensa de éste último y por ende cabeza de muchas de las importantes derrotas militares a las FARC. En su campaña, el actual presidente prometió continuar con la lógica militarista del gobierno anterior, que había dado muy buenos resultados y tenía contenta a la mayoría de la población. Sin embargo, las promesas no se cumplieron y el Gobierno cambió la lógica, por una lógica de negociación. Esto llevó a una polarización del país, que se vio claramente evidenciada en las elecciones de 2014, cuando Santos compitió con el candidato Oscar Iván Zuluaga, representante del partido uribista Centro Democrático, ganando por un margen realmente estrecho, que ni siquiera alcanzó el millón de votos.

Lo anterior se ha visto agudizado por el incumplimiento de otras promesas, como el hecho de que Santos prometió “que podía escribir en piedra” que no iba a subir impuestos, cuando la realidad es que ya vamos para la segunda reforma tributaria, que promete aumentos importantes en impuestos. Esto ha generado descontento en muchos sectores sociales que se sintieron traicionados por el actual presidente, por lo cual no creen en sus promesas y, por asociación, en el proceso de paz.

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Ahora bien, en cuanto a las FARC, la desconfianza es más fácil de entender. Las acciones de las FARC en contra del pueblo colombiano son injustificables. Los asesinatos, secuestros, extorsiones y el terror que ha causado no se pueden pagar de ninguna forma. Son muchas las personas que han sido víctimas, de forma directa o indirecta, del actuar criminal de este grupo. Además, la experiencia aún fresca de las negociaciones con el gobierno de Pastrana, hacen que exista miedo a que algo similar se repita en esta ocasión. Es difícil, para cualquiera, confiar en que su verdugo ha cambiado y quiere lo mejor para él. Y este sería el escenario en caso de que los acuerdos se firmen y las FARC puedan participar en política y acceder automáticamente al Congreso, a legislar y a ayudar a definir los rumbos del país.

Cómo se puede ver, ambas posturas están “justificadas”, aquí lo que vale la pena preguntarse es ¿Es mejor este tratado de paz al conflicto que se está dando hace 50 años? ¿Existe una alternativa mejor e inmediata que reemplace los acuerdos firmados el 24 de agosto? Y la palabra inmediata es muy importante en esa pregunta, porque cada día que pasa, son vidas de colombianos que se pierden.

Los acuerdos: realidades y desafíos

Los acuerdos de paz anunciados el pasado 24 de agosto, están divididos en cinco grandes temas: Tierras, Participación Política, Drogas, Víctimas y el Fin del conflicto. El documento oficial de los acuerdos tiene 297 páginas, en un lenguaje bastante técnico, que es pesado de leer, pero que al menos se debería hacer el esfuerzo de hacerlo. Sin embargo, aquí presento los principales puntos de cada tema.

1. Tierras

  • Reforma Rural Integral: la idea de este punto es llevar a cabo una Reforma Rural Integral, cuyo objetivo es lograr una mejor distribución de las tierras en Colombia, para hacer el campo más productivo y garantizar temas como seguridad alimentaria, seguridad económica y posibilidades de desarrollo para la población rural del país.  Lo anterior se lograría con la repartición a campesinos, víctimas del conflicto y población vulnerable, de tierras baldías, incautadas o del Estado, con el compromiso de cultivarlas y hacerlas productivas por lo menos 7 años, sin posibilidad de venderlas. Para el acceso a estas tierras se llevará a cabo un sistema de apoyo crediticio para los beneficiarios. Sin embargo, esta idea no es nueva. Ya presidentes como López Pumarejo, Lleras Restrepo y Samper habían propuesto ideas similares, con poco éxito. Para que esta RRI funcione, es necesario una voluntad institucional fuerte, una vigilancia amplia anti-corrupción y una organización administrativa efectiva, elementos que hasta el día de hoy no existen. Habrá que ver...
  • Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial: el objetivo de este punto es aumentar y priorizar la inversión estatal en zonas afectadas por el conflicto, mejorando la infraestructura en: carreteras secundarias, distritos de riego y drenaje y redes eléctricas. Así mismo garantizar acceso a educación, salud y conectividad a las áreas rurales, así como acceso a vivienda, protección social, entre otras cosas. Esto suena maravilloso en principio, sin embargo, esto representa la inversión que el Estado colombiano no ha hecho en 50 años. ¿De dónde van a salir los recursos para esto? ¿Quién garantiza que, como es costumbre, no se van a robar la plata de dicha inversión? ¿Cómo se va a planificar dicha inversión? Estas son incógnitas que el acuerdo no responde y que plantean un desafío grandísimo para toda Colombia.

2. Participación Política:

  • Este punto busca fomentar la participación de política de sectores que han estado relegados de la política tradicional. En este sentido, las FARC se convertirán en partido político dentro de la institucionalidad. Además se llevarán a cabo políticas para garantizar la igualdad de todos los partidos en acceso a medios de comunicación, posibilidades de participación y seguridad.
  • Las FARC tendrán tres voceros en el Congreso, con voz, pero sin voto, a partir de la ratificación de los acuerdos y hasta 2018. A partir de 2018 y durante dos periodos, las FARC tendrán garantizadas 10 curules en el Congreso, 5 en cada cámara, de manera que si por votación alcanzan 3, se les otorgarán 2, si alcanzan 5 ninguna.
  • Adicionalmente, las FARC recibirán hasta 2022, el 5% de la partida presupuestal para partidos políticos, en adición a lo que reciben tradicionalmente las organizaciones políticas con personería jurídica. A esto se suma protección especial a los miembros de los partidos políticos de las FARC, para evitar hechos como el ya mencionado de la UP. Estas ayudas equivalen a aproximadamente US$2,4 millones.
  • Por otra parte, las FARC tendrán participación, a modo de veeduría, en el Consejo Nacional Electoral, con el fin de vigilar los procesos electorales. Todos los jefes de las FARC podrán participar en política, así hayan cometido crímenes de lesa humanidad, a menos que estén pagando cárcel por ellos. 
  • Finalmente, se delimitarán 16 circunscripciones especiales, en zonas afectadas por el conflicto, en donde actores políticos de la sociedad civil, de todos los cortes ideológicos, podrán acceder a representación en la cámara de Representantes, sin necesidad de traspasar los umbrales definidos por la ley. Esto en aras de lograr una mayor participación política.
  • Este es tal vez el punto más controversial del acuerdo, y es el desafío del Gobierno, convencer a los colombianos que lo que se está cediendo, no es mayor a lo que se está ganando. Queda en la conciencia de cada quién decidirlo.

3. Drogas:

  • El acuerdo busca erradicar la problemática de las drogas, atacándola desde tres frentes: producción, consumo y comercialización. Con respecto a la producción, se pretende desarrollar un Programa Nacional de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, que parte de un acuerdo voluntario entre el Estado y las comunidades cocaleras, aunque, así estas no se acojan, se procederá con la erradicación manual de los cultivos de esta planta.
  • A quienes sustituyan los cultivos se les dará apoyo para crear huertas caseras, del cultivo de su preferencia, con ayudas de comercialización, asistencia técnica, consejería en búsqueda de empleo e incluso guarderías rurales.
  • El consumo es la parte menos abordada por el acuerdo, y solamente se esboza que se llevarán a cabo planes de atención al consumidor. Este es otro de los grandes desafíos que tiene la implementación de los acuerdos, pues con consumo, es difícil frenar la producción.
  • Con respecto a la comercialización, los acuerdos abogan por identificar a los narcotraficantes y sus redes de tráfico, controlar el mercado de productos químicos necesarios para la fabricación de drogas duras, así como una mayor presencia policial. Este punto tiene un vacío, y es que por ninguna parte aparece el apoyo logístico de las FARC para ayudar a resolver este punto. Otro de los grandes desafíos, que puede, o no, solucionarse en el periodo de implementación.

4. Víctimas

  • Este punto es uno de los más discutidos, pues al hablar de víctimas, se habla de justicia. Estas son las propuestas.
  • Implementar un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dentro del cual, por 3 años, se establecerá una comisión de esclarecimiento de la verdad, para saber qué ocurrió realmente en la guerra.
  • Así mismo, se creará una Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, para identificar personas que desaparecidas por el conflicto, siguen con vida e identificar y encontrar los cadáveres de los que no.
  • Así mismo, se establecerá un sistema de Justicia Especial para la Paz, que consiste en un sistema de justicia alternativo y transitorio, para juzgar crímenes cometidos en la guerra. En él se amnistiarán delitos políticos y conexos, es decir, relacionados con la rebelión y que no sean crímenes de lesa humanidad. Esta Justicia Transicional aplicará para todos los actores del conflicto, militares, paramilitares, guerrilla o civiles, que decidan acogerse a ella.
  • Las penas a crímenes muy graves, que sean reconocidas por sus perpetradores, serán de entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad, para quienes actuaron directamente en este tipo de delitos; y de 2 a 5 años para los que actuaron de forma indirecta.
  • Se impondrán Sanciones Ordinarias a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por parte del Tribunal para la Paz. Cumplirán las funciones previstas en las normas penales. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 años en el caso de conductas muy graves. Es decir, se aplicará la ley ordinaria del Código Penal a todo el que no se acoja a la Justicia Transicional.
  • Si los delitos son reconocidos frente al a Comisión de Verdad, antes del juicio, los culpables tendrán derecho a penas no carcelarias como construcción de infraestructura, erradicación de cultivos ilícitos o desminado humanitario. Si la verdad es reconocida frente al Tribunal para la Paz durante el juicio, las penas serán cumplidas en prisión.

5. Fin del Conflicto

  • Este punto ya comenzó a darse con el cese al fuego bilateral y definitivo por parte del Gobierno y las FARC. Sin embargo aún queda mucho camino por recorrer, como se verá a continuación.
  • Una vez ratificados los acuerdos, se creará un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que estará integrado por representantes del Gobierno Nacional (Fuerza Pública), de las FARC-EP, y una misión política con observadores no armados de la ONU, con el fin de que el desarme y la reinserción de la guerrilla a la vida civil se haga de forma efectiva y transparente.
  • Se crearán 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos, en las cuales los efectivos de las FARC se reunirán para recibir capacitación y asesoría para la reintegración a la vida civil. Estas zonas estarán vigiladas por el mecanismo antes mencionado y en ellas habrá presencia de autoridades civiles del estado, que funcionarán normalmente, es decir, no se reemplazará la autoridad de alcaldes, consejos municipales, etc.
  • En estas Zonas, 150 días después de la firma de los acuerdos, las FARC deberán haber entregado todas las armas a miembros de las Naciones Unidas, quienes a su vez tendrán 30 días, una vez cumplidos los 150, para retirar las armas, que serán fundidas y convertidas en 3 monumentos que recordarán el fin del conflicto. Esto quiere decir que, 180 días después de firmados los acuerdos, las FARC habrán entregado totalmente las armas. Este día, también se entiende como el día en el que termina completamente el conflicto entre el Gobierno y las FARC.

Conclusiones

En esta editorial hemos visto, de manera rápida, los principales elementos del conflicto con la guerrilla de las FARC, así como los principales puntos de los acuerdos de paz que son una realidad desde el 24 de agosto. Así mismo, vimos el porqué de las reacciones, tanto a favor, como en contra de los mismos, para tratar de comprender los argumentos en los cuales se justifican.

Ahora viene el desafío más grande. El próximo 2 de octubre se llevará a cabo el plebiscito para decidir si el pueblo colombiano decide apoyar o no los acuerdos entre las FARC y el Gobierno. El presente artículo pretende ser una herramienta para ayudar a nuestros lectores a dilucidar su voto. Pretende brindar elementos de análisis para tomar una decisión informada.

Porque para votar a conciencia no es necesario leerse 297 páginas de un acuerdo técnico entre dos partes. Espacios como este hay muchos. A continuación les dejamos algunos:

Colombianos, estamos en una fecha decisiva de nuestra Historia. Es hora de que despertemos y tomemos el futuro en nuestras manos. Salgamos a votar, sin importar cuál sea nuestro voto, y hagamos oír nuestra voz. Porque quien ve pasar la Historia y no hace nada para cambiarla, no tiene más remedio que sufrir sus consecuencias sin posibilidad de hacer nada. Este dos de octubre hagámosle frente al gran desafío que está ante nosotros y decidamos sobre el futuro de nuestro país. 

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