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Elecciones locales de 2015: ¿gobernantes para la paz?

Vanessa Guavita

Las elecciones del pasado 25 de octubre de 2015 estaban programadas para que se eligieran a los gobernantes que llevarán las riendas de la paz territorial, especialmente en los lugares afectados históricamente por el conflicto. Luego de los escrutinios municipales, ¿favorecen las nuevas fuerzas políticas el proceso de posconflicto en las regiones? ¿Son los nuevos gobernantes los más apropiados para dirigir los territorios abandonados y dominados por la guerrilla? A continuación se abordarán estas preguntas.

De los cerca de 30 millones de colombianos habilitados para votar, según datos de la Registraduría, decidieron ejercer su derecho 20 046 042 para la designación de alcaldes y 17 128 262 para gobernadores. Como puede observarse, es una participación que llega al 60%, la cual, considerando los altos niveles de abstención electoral en Colombia, representa una fuerte afluencia de votantes a las urnas. Este dato no es sorprendente si se revisa la participación en años anteriores, como en 2011, donde los promedios fueron similares. Lo que llama la atención es el contexto de las elecciones 2015 y lo que representa la decisión de ese 60% que eligió a sus gobernantes.

La campaña electoral que acabamos de pasar se caracterizó por los fuertes cuestionamientos hacia los partidos políticos, por avalar a personajes de dudosa reputación y confiabilidad para gobernar los territorios. Incluso, fue de tal magnitud la cuestión que llevó a la renuncia del presidente de uno de los partidos más fuertes en el país, Cambio Radical: su líder de entonces, Carlos Fernando Galán, renunció a su cargo, ya que, a pesar de sus advertencias, el partido decidió apoyar la candidatura de Oneida Pinto a la gobernación de La Guajira, quien es señalada por nexos criminales y por su relación con el exgobernador Kiko Gómez, vinculado con bandas criminales. Como este, fueron muchos los avales que se otorgaron en los que poco o nada importó la hoja de vida de los candidatos, sus propuestas y aún menos sus vínculos más cercanos que muy probablemente influirían en sus decisiones gubernamentales, de ser elegidos.

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Por casos como el anterior, la Fundación Paz y Reconciliación elaboró un listado con las candidaturas más cuestionadas en el país debido, principalmente, a sus vínculos con organizaciones criminales. Así, la Fundación dio a conocer que 140 candidatos en todo el país tenían algún proceso penal o eran señalados por aliarse con organizaciones criminales. A pesar de las alertas, las candidaturas siguieron su curso y, debido a que la ley no inhabilita a los candidatos hasta que se haya proferido condena, muchos de ellos terminaron siendo electos en territorios en los que un líder con vocación de servicio es aclamado por sus habitantes, aún más en la actual coyuntura del país.

Vale la pena, a este respecto, referirse a tres casos particulares en que los candidatos con mayores investigaciones resultaron triunfadores en la contienda electoral del 25 de octubre, en territorios que necesitan de líderes capacitados, gestores y comprometidos con el trabajo en pro de sociedades rezagadas históricamente.

El primer caso por mencionar es el de Yopal, la capital del departamento de Casanare. Allí fue elegido como alcalde John Jairo Torres, un reconocido empresario de la región que ha construido su vasta fortuna gracias a la comercialización de ropa interior femenina y quien en los últimos años se empecinó en construir un proyecto de vivienda para alrededor de 10 000 familias. Hecho por el que fue capturado, el pasado 14 de octubre, y por el que se encuentra actualmente detenido, ya que al parecer las edificaciones se están levantando en un territorio ocupado por la Fiscalía para extinción de dominio, haciendo a la urbanización ilegal. Además de esto, Torres también es señalado por posible lavado de activos y algunos nexos ilegales.

Con gran parte de las viviendas entregadas y avalado por el Movimiento Social La Bendición, Torres logró 24 829 votos, superando por 10 416 votos al candidato del Centro Democrático, Arcenio Sandoval; todo ello a pesar que el ahora electo candidato Torres se encuentra preso en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Los anteriores acontecimientos ocurren en un municipio que ha sido priorizado por el Gobierno nacional como uno de los de mayor interés en el proceso de posconflicto, debido a la alta presencia de los grupos armados; ya que, según datos del CERAC, el municipio cuenta con cerca de 40 de dichos grupos. Esta cantidad de actores ilegales se debe, como lo señala la MOE, a la confluencia de dos factores en el territorio, en particular, y en el departamento en general: las regalías provenientes del petróleo y los cultivos de palma africana y arroz, los cuales representan la piedra angular del conflicto armado. La presencia de las Farc es muy importante en Yopal, ya que opera el frente 28, organización que ha amenazado la seguridad del municipio durante muchos años.

Con este escenario, la llegada de un gobernante preso y con cuestionamientos por lavado de activos o relaciones sociales y laborales dudosas, resulta muy poco apropiada para un territorio en constante conflicto y con necesidad de una intervención estatal y gubernamental inmediata.

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Un segundo caso se presenta en el departamento del Guaviare, donde el candidato Nebio Echeverry Cadavid, avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia para la gobernación, obtuvo 12 972 votos de los 33 319 válidos, que le permitieron ganar la elección para gobernar el departamento en el periodo 2016-2019. Su candidatura y posterior elección pasarían inadvertidas de no ser porque se le acusa de tener vínculos con paramilitares e incluso de aparecer en la famosa lista Clinton. Estas acusaciones están fundamentadas en hechos ocurridos en el año 2000, cuando el candidato Echeverry prestó su finca, en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca, para que altos jefes paramilitares se reunieran y fijaran su accionar en el país. A pesar de ello, Echeverry fue electo gobernador del Guaviare en 2003 y aspiró nuevamente al cargo este año, saliendo victorioso de la contienda electoral. Asimismo, en el año 2010 su nombre fue incluido en la lista Clinton debido a que, posiblemente, actuó como testaferro del capo conocido como Cuchillo para la adquisición de predios.

Vale la pena recordar que el Guaviare ha sido uno de los lugares más afectados por el cultivo ilícito de la hoja de coca, principalmente, llegando a tener alrededor de 10 000 hectáreas cultivadas. Además, el conflicto armado ha estado presente en el diario vivir de los pobladores desde hace varios años. Los principales grupos establecidos, según la Corporación Arcoíris, son las Farc desde 1970 y los paramilitares desde comienzos del siglo XXI. La relación existente entre cultivos ilícitos y grupos armados resulta directamente proporcional y es la principal causa de las acciones violentas que se registran en el departamento. Igual que el caso anterior, el departamento está priorizado para la etapa de posconflicto.

Resulta difícil pensar que, en un proceso de posconflicto y en un sitio afectado durante años por la violencia, un líder con rezagos paramilitares sea constructivo en un proceso de paz con las alas que se ubican más hacia la izquierda en el país. No se está diciendo aquí que sea imposible reconciliar a los dos bandos más extremos que desde tiempo atrás se han venido enfrentando: se cuestiona la idoneidad de un mandatario tan ligado con la extrema derecha del país, que resulta poco apropiado para dirigir un territorio tan marcado por el conflicto; además por el mismo hecho de estar conectado con la ilegalidad. El Guaviare necesita gente limpia políticamente, neutra en sus decisiones y con toda la fuerza para implementar políticas sociales que beneficien a una población llena de necesidades, en muchos sentidos de la palabra.

El último ejemplo por citar fue uno de los más conocidos durante esta campaña y que desencadenó reacciones muy fuertes, tal y como se mencionó al inicio de este artículo. Se refiere a Oneida Pinto, gobernadora electa del departamento de La Guajira, quien obtuvo 182 482 votos de los 276 756 válidos, es decir, logró el 66%. Pinto es señalada por su familiaridad con el exgobernador del departamento, Kiko Gómez, quien es acusado de cometer homicidio en el caso del excandidato a la alcaldía de Albania, Guajira, para el año 2002, Jorge Eliécer Jiménez. Además de tal acusación, también están relacionados con bandas criminales y grupos al margen de la ley. En pocas palabras, Pinto representaba una candidatura ligada al paramilitarismo.

Para nadie es un secreto las necesidades y condiciones que se viven en este departamento. El hambre, la desnutrición, la criminalidad, la violencia y la presencia de diferentes grupos armados son el pan de cada día en el territorio, en donde la población reclama la óptima presencia del Estado. Y no es el establecimiento físico; es la llegada de la institucionalidad, de las políticas públicas pensadas territorialmente y, por supuesto, de gobernantes que tengan esa visión, que no busquen un interés personal, que estén preparados para afrontar los difíciles retos sociales existentes.

Los tres casos aquí mencionados son una pequeña parte del mundo que hay en el país. Solo por complementar, la Fundación Paz y Reconciliación, en un análisis poselectoral, dio a conocer 29 municipios donde los cuestionamientos y muy probablemente la ilegalidad fueron los ganadores en las elecciones del pasado 25 de octubre; pues los candidatos con señalamientos o investigaciones judiciales por nexos ilegales o actuaciones ilícitas resultaron electos como alcaldes.

De ser firmados, aprobados y ratificados los acuerdos del proceso de paz con la guerrilla de las Farc, son muchos los territorios que aún no cuentan con las herramientas suficientes para iniciar ese proceso. Varios de sus nuevos dirigentes no están debidamente capacitados para esta nueva etapa del país, o sus investigaciones resultan mucho más dispendiosas de lo pensado; por lo que podrían gastar la mayor parte de su tiempo como gobernantes, o bien la ilegalidad continúa permeando la política local, impidiendo que las medidas pensadas en el orden nacional sean implementadas en las regiones.

Puede parecer utópico, pero si la misma comunidad no es consciente de la necesidad de que sus dirigentes sean personas dignas para tan altos mandos, con capacidades de gobierno y un trabajo político limpio, será cada vez más difícil pensar en la llegada y perdurabilidad de una paz con enfoque territorial como la está planteando el Gobierno actual. Son las autoridades locales las encargadas de articular las políticas nacionales con el territorio y si aquellas aún no están preparadas, nos enfrentamos a un retraso en los procesos, pero sobre todo a una mayor marginalización social.
 

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