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Declaración de la Universidad del Rosario sobre la corrupción en Colombia: Corruptio optimi pesima

La Universidad del Rosario, consciente de su compromiso con la sociedad y con los valores sobre los cuales se ha cimentado la República, quiere invitar a la reflexión en estos momentos aciagos, en los que pareciera que todo se trastoca y que con inmenso dolor vemos desconocidos los fundamentos mismos del pacto común de convivencia, por  algunos de quienes tienen  la  sagrada misión de protegerlo.

Con firmeza debemos  todos exigir el esclarecimiento de los  terribles hechos denunciados  sobre actos de corrupción en las más altas esferas de la justicia, y acompañar las medidas tendientes  a que, en el marco del debido proceso,  ninguna de esas conductas quede sin sanción.  Al respecto vale recordar las palabras de Lieber: “si el traicionar a la patria es vergonzoso en un ciudadano a quien no se le ha confiado ningún cargo, doblemente criminal y vergonzoso es para un Juez el traicionar a la Justicia y a la Libertad, prestándose a la adulación y apartándose del camino de la verdad y del derecho, cuya custodia le ha sido especialmente encomendada” [1].

Por supuesto no podemos ceder  ante la angustia  e ingenuamente  favorecer  saltos al vacío.  Es el momento de la indignación, pero también de la serenidad. No se puede desconocer la tarea que silenciosa y fielmente cumplen la gran mayoría de los servidores de la rama judicial, pues  “El bien que han hecho los dignos magistrados (…), ha sido mucho mayor que el mal que han podido hacer los perversos que han profanado la toga (…)”[2].

La respuesta debe ser la de reafirmar los  valores  y principios esenciales que  sustentan nuestra institucionalidad  y orientar los esfuerzos  a su fortalecimiento, no derrumbar las bases de aquella. No debe olvidarse que la resolución pacífica de los conflictos, base esencial de la convivencia, depende de la confianza de la ciudadanía en sus jueces. Estos son los garantes de los derechos y las libertades, son el freno a las arbitrariedades del poder.

El Estado colombiano, después de vivir más de cinco décadas de conflicto armado, tiene hoy  -en medio de esta crisis- el enorme reto de consolidar las bases de una paz estable y duradera, de lograr la plena reinserción social de quienes participaron en la guerra.  Este loable objetivo solo se logrará con unas instituciones fortalecidas, que gocen de credibilidad y que estén en capacidad de dar respuesta efectiva a las demandas sociales en el marco de una sociedad pluralista e inclusiva.

Es importante tener presente  así mismo que la solución a la grave crisis ética no solo atañe a las autoridades, sino a toda la sociedad y  en realidad a cada uno de nosotros como individuos. 

Cabe preguntarnos si los actos que  hoy infaman a la justicia no  son el resultado de una clara  inversión de  los valores, que ha  catapultado el individualismo, el desmedido ánimo de lucro; en el que la astucia como modelo de acción se prefiere y se resalta frente la asunción de los deberes ciudadanos, y en el que se evidencia la enorme dificultad que tenemos para construir lo común, lo que nos une, lo que nos ata a nuestro prójimo y consolida nuestras instituciones.

La  rectificación axiológica  a la que estos hechos llaman debe iniciarse en cada uno, y reflejarse en todas nuestras actividades cotidianas, lo que obliga a desarrollar una capacidad permanente de autocrítica y de sincera disposición de cambio que permita la construcción mancomunada de una ética civil, que incluya a todos los colombianos y cuyo cumplimiento pueda y deba ser exigido igualmente por todos.

El saber acumulado en nuestro Claustro  nos muestra que un mejor futuro como sociedad  depende  de la capacidad de enseñar, profesar y practicar la virtud, y que la justicia en la inmutable descripción que nos ha legado la antigüedad, aún sigue estando condensada en los principios de  vivir honestamente, no hacer daño a otro y dar a cada quien lo suyo.

En este sentido las facultades de Derecho, en nuestro caso de Jurisprudencia, están llamadas a hacer una evaluación de cuál ha sido y debe ser la formación impartida, cómo se ha desarrollado la aproximación deontológica, cómo mejorar la calidad profesional desde las aulas, qué ha quedado pendiente o incompleto en esa labor. Quizás sea importante reforzar especialmente el mensaje sobre lo que supone ser “servidor público”, y específicamente cuál es el papel del juez en la sociedad.

Pero más allá de todo ello, esta debe ser la ocasión de comprometernos como sociedad en un proyecto común de Nación, que nos ayude a consolidar esos valores esenciales que nos permiten vivir juntos, confiar  en los otros y especialmente  en los guardianes de la ley, y hacer realidad para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, un país en el cual la transparencia en todas las actividades ciudadanas permita ver que se ha vencido el egoísmo,  y que gracias a la libre discusión y al respeto a la diversidad, se logre una  revolución ética para consolidar liderazgos  públicos y privados basados en valores y para reconstruir lo que  tantos  colombianos con su esmero y recto actuar atesoran: la credibilidad de las instituciones.

 

[1] Lieber, Francisco. La moral aplicada a la política. Ed La Minerva Montevideo, 1887, p 165.

[2] Idem.

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