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Principal » Universidad, Ciencia y Desarrollo » Fascículos Anteriores » Tomo II - 2007 » Fascículo 11 » Déficit de vivienda en Colombia
Déficit de vivienda en Colombia
Fomentar la construcción y garantizar el acceso al financiamiento es indispensable para reducir el déficit de vivienda en Colombia, que afecta el 31% de los hogares. El Gobierno reconoce que dicho déficit alcanza los 2,3 millones unidades habitacionales, de las cuales 1,5 millones equivalen a la diferencia entre número de hogares y unidades de vivienda (déficit cuantitativo) y 800.000 corresponden a aquellas susceptibles de ser mejoradas en términos de calidad y servicios (déficit cualitativo)(...).

Para el grupo de investigación del Rosario, este tema es sensible si se tiene en cuenta, en primer lugar, que el crecimiento poblacional supera significativamente el crecimiento de la producción de vivienda nueva, que llega a 2 unidades por cada 100.000 habitantes.

En segundo lugar, el déficit de vivienda es más complejo en las ciudades, donde se encuentra el 76% de la población. Esta situación es más preocupante ya que el Gobierno estima que para el año 2019 la presión demográfica incrementará la población de las cabeceras municipales en 10 millones de habitantes (...).

En tercer lugar, cualquier política que busque cambiar el esquema de tenencia de vivienda y reducir el déficit habitacional debe tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de la población, ya que su nivel de ingreso indica la capacidad de los hogares para acceder a vivienda propia. Actualmente, el 56% de los hogares urbanos es propietario de vivienda, el 36,7% vive en arriendo y el 7,3% restante permanece bajo otro esquema de tenencia, como usufructo u ocupación de hecho.

Ahora bien, la situación es más preocupante si se tiene en cuenta la mala distribución del ingreso y la riqueza en el país. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) (...), el 73% de los hogares colombianos tiene ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, buena parte del cual está en el sector informal; un 17% dispone de ingresos entre cuatro y ocho salarios mínimos, y el 10% restante cuenta con más de ocho salarios mínimos (...). Estos dos últimos grupos se caracterizan por ser urbanos y con actividad económica formal(*).

Dado que el 77% de los hogares no propietarios devenga ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos y el 66,2% de los hogares no propietarios se encuentra dentro del sector informal (**), la única opción de este grupo de hogares para llegar a ser propietarios, son los programas de subsidio familiar para viviendas de interés social.

Por su parte, los hogares con ingresos mayores a ocho salarios mínimos tienen la posibilidad de ahorrar a través de las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) y gozar de los beneficios tributarios (...)(***) .

Sin embargo, el grupo de hogares entre cuatro y ocho salarios mínimos, clasificado como estrato social medio, no tiene posibilidad de aplicar al subsidio familiar de vivienda ni goza del beneficio tributario de las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC), aunque dispone de créditos hipotecarios en UVR que protegen de las grandes variaciones de la inflación.

En estas circunstancias, señalan los investigadores, es fundamental que el Estado ofrezca mecanismos tanto para dinamizar la construcción como para facilitar el acceso a créditos y formas de financiamiento que permitan mostrar un verdadero interés por cumplir el mandato constitucional de derecho a la vivienda.

El derecho a la vivienda digna

Se considera digna aquella vivienda que cumple con unas condiciones mínimas acordes con el grado de adelantos de la humanidad y de la sociedad que permitan comodidad, seguridad, durabilidad, satisfacción de las necesidades esenciales y una mejor calidad de vida en general.

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (****) en 1948 y con la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en 1966, la vivienda entró a ser considerada un bien vital para el desarrollo de las personas y, además, le impuso nuevas responsabilidades a los Estados (...).

La Constitución colombiana establece que la vivienda es un derecho prestacional, es decir que, aunque el Estado debe desarrollar los mecanismos para garantizar su protección, su cumplimiento depende de la disponibilidad de recursos para tal fin.





(*)CUELLAR, María Mercedes (2006), Cap IV. Demanda por Crédito Hipotecario y Vivienda.
(**) CUELLAR, María Mercedes (2006), pp. 223.
(***) Una cuenta AFC le permite a un trabajador, a quien se le aplica el impuesto de retención en la fuente, utilizar este tributo para comprar vivienda. Es decir que en vez de que los recursos vayan directamente al Gobierno, el ciudadano puede destinarlo para la cancelación de la cuota inicial de una vivienda o las cuotas de un crédito. Con una cuenta AFC se puede reducir la base gravable del salario con lo que los ingresos netos aumentan. En síntesis, este beneficio consiste en que el trabajador fija un ahorro mensual, el cual es descontado y consignado directamente por la empresa al banco (el valor depositado incluye la retención). Luego el titular tiene la opción de usar, en cualquier momento, los recursos para adquirir vivienda.
(****)El derecho universal a una vivienda digna
Se considera digna aquella vivienda que cumple con unas condiciones mínimas acordes con el grado de adelantos de la humanidad y de la sociedad, que permitan comodidad, seguridad, durabilidad, satisfacción de las necesidades esenciales y una mejor calidad de vida en general.
Sin embargo, fue sólo a partir 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en 1966 que la vivienda entró a ser considerada un bien vital para el desarrollo de las personas.
En el Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se estableces que “los Estados partes, reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. Para el caso de vivienda se entiende el reconocimiento al derecho a una vivienda adecuada que garantiza la existencia de las personas.
Inicialmente se reconoció el papel que juega la vivienda en el desarrollo de las personas y luego, con el reconocimiento de los DESC, quedó claro que no sólo era un derecho sino que además exigía nuevas responsabilidades del Estado y reclamaciones de los ciudadanos, llevando a los países a definir políticas específicas para dar cumplimiento a la declaración universal y a los mandatos constitucionales.
La mayoría de países en el mundo que firma y ratifica la Convención Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales ha incluido en sus constituciones estos temas. En particular, la Constitución de 1991 incluye en el capítulo 2, los DESC.
Los Estados que firman y ratifican los DESC deben establecer acciones con el fin de proporcionar a los ciudadanos el bien o el servicio del que no disfrutan. Sin embargo, a diferencia de los Derechos Humanos, los DESC no exigen un cumplimiento inmediato sino gradual, en función de los recursos disponibles.
Es fundamental diferenciar los derechos según su naturaleza: por un lado, los derechos civiles y políticos son compromisos del gobierno y exigen su aplicación inmediata. Por el contrario, los DESC son derechos de exigibilidad gradual, “por que las obligaciones estatales correlativas son positivas o de acción, y están condicionadas a que las autoridades reúnan los recursos necesarios para darles cumplimiento”. Ver: De Roux, C. V; Ramírez, J. C., (2004). “Derechos económicos, sociales y culturales, economía y democracia”. Serie Estudios y Perspectivas, CEPAL-Bogotá, No. 2. En este sentido, el cumplimiento implica políticas públicas graduales a fin de alcanzar paulatinamente la cobertura total de los DESC. En particular, cada Estado debe desarrollar una política que permita garantizar el acceso a una vivienda digna y de buena calidad.
 
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