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Una tarea que se desarrolla de manera gradual
La consagración del derecho a la vivienda digna en la Constitución Política de Colombia (*)lleva a plantearse la manera en que el Gobierno puede hacer efectivo gradualmente el derecho, partiendo de la realidad de la población colombiana, donde el 73% de los hogares cuenta con ingresos menores a cuatro salarios mínimos y el 56%, inferiores a dos(**).

Para los investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ésto demuestra que la población no cumple con los requisitos mínimos para acceder a créditos de vivienda, pues el 20% de los hogares sólo podría aspirar a Vivienda de Interés Social (VIS) y el 56% sólo lo haría a través de subsidios o programas específicos del gobierno.

Por   tanto, el diseño de  la política de vivienda debe integrar la realidad nacional con los compromisos internacionales   y el mandato   constitucional. Además seña  la  que   el  derecho   a   la   vivienda digna “no otorga a la persona un derecho subjetivo a exigir del Estado, de manera directa, una   prestación determinada.   Los  derechos constitucionales   de   desarrollo   progresivo o derechos programáticos, condicionan su efectividad a la previa obtención de   las  condiciones  materiales  que  los hacen posibles"(***).



(*)Derecho a la vivienda no es un derecho fundamental
En Colombia, la vivienda como derecho aparece en el Capítulo II de la Constitución, el que establece los derechos prestacionales, es decir, aquéllos que se admite están sometidos a la disponibilidad de recursos y sobre los cuales se obliga al Estado a crear los mecanismos para que su protección sea progresiva.
La admisión de la restricción presupuestal a la que se subordinan los derechos prestacionales pone a éstos en una jerarquía inferior a los derechos fundamentales, los cuales no están subordinados a restricciones presupuestales. Esto implica que, como tal, el derecho a la vivienda no puede exigirse del Estado, sino deben exigírsele al Estado los mecanismos graduales y crecientes para el cumplimiento.
El artículo 51 de la Constitución advierte que “todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda".
Dado que la Constitución reconoce el derecho a la vivienda digna, la Corte Constitucional ha definido sus implicaciones, advirtiendo que la dignidad comprende varias dimensiones de la vida del hombre. Básicamente implica un conjunto de condiciones materiales y espirituales de existencia que permita vivir con cierta calidad, con el fin de permitir un espacio idóneo para el libre desarrollo de la personalidad, al tenor del artículo 14 de la Carta Política.
Según la Sentencia Nº C-575 del 29 de octubre de 1992, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero, entre las condiciones materiales de existencia digna se encuentra sin duda la vivienda. Otros elementos como la alimentación, la salud y la formación son también indispensables. Pero en este negocio importa poner de manifiesto el carácter vital que tiene para la dignidad el gozar de una vivienda. De hecho la humanidad se ha relacionado históricamente con la vivienda en forma paralela al desarrollo de la civilización. De los nómadas a las cavernas, de los bohíos a las casas, de las casas a los edificios, toda la evolución del hombre se traduce en su forma de vivienda, puntualiza la Corte.
Sin embargo, el carácter de la vivienda como derecho prestacional no la deja exenta de ser objeto de reclamaciones por parte de los ciudadanos, siempre que la vivienda, por conexidad ponga en riesgo o atente contra un derecho fundamental (vida, dignidad, etc.).
(**) DANE - Encuesta de Calidad de Vida, 2003.
(***) Sentencia Nº T-308, 4 de agosto de 1993, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
 
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