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Arbitraje político de los militares y ruptura del Pacto de Punto Fijo
La crisis económica y política desatada en los años ochenta, a raíz de la caída de los precios del petróleo y la exacerbación de los defectos y falencias de la tradicional elite política, generó altos niveles de descontento en la sociedad venezolana.  Para entonces, se evidenció la descomposición del modelo político con la ostensible pérdida de legitimidad de los partidos, que demostraron su ineptitud para orientar con eficiencia y justicia social la acción de un Estado que se apalancaba en los subsidios provenientes de los ingresos petroleros en busca de la estabilidad del país.  Las propuestas de solución del presidente Carlos Andrés Pérez, que implicarían sacrificios para diferentes sectores, dentro de la más pura ortodoxia neoliberal,  desataron el llamado “Caracazo” de 1989, levantamiento popular reprimido por la fuerza, en obediencia a la orden del Presidente, con el correspondiente desencanto de sectores militares que consideraron inaceptable el hecho de verse obligados a obrar en calidad de represores de protestas de origen popular.

A partir de entonces, la situación de crisis nacional se agudizó. Los partidos tradicionales fueron culpados por las desgracias del país, debido a su incompetencia, a su corrupción y al despilfarro irresponsable del dinero de las arcas públicas. El malestar no sólo se expandió en amplios sectores de la  sociedad, sino también en ciertos grupos de militares que sentían el deber de generar un cambio político en el país.  Es allí tal vez donde se encuentra el origen de dos intentos de golpe de Estado, en 1992, el primero de ellos liderado -entre otros- por el entonces Teniente Coronel Hugo Chávez, quien obtuvo renombre nacional e internacional, a pesar de haber ido a parar a la cárcel.

Estas intentonas, aunque inconstitucionales a todas luces, recibieron una buena dosis de aprobación popular, como expresión de protesta animada por la insatisfacción de intereses elementales de millones de habitantes, situación que, conforme a la memoria venezolana de largo plazo, podía evocar la histórica función de arbitraje militar en cuestiones políticas.  Ambos intentos de golpe tenían en común la característica de controvertir y dar por terminada la validez política del Pacto de Punto Fijo. Al mismo tiempo, ello implicaba el cuestionamiento del carácter “apolítico” y “no deliberante” de las Fuerzas Armadas Nacionales.

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