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Despertar democrático e institucionalización de las Fuerzas Militares
Reunidos en la “Quinta Punto Fijo”, en 1958, los líderes de los principales partidos políticos y otros actores de poder, suscribieron un pacto con el que dieron inicio a una era democrática que marcaría la segunda mitad del siglo XX. El pacto fue un consenso de amplio espectro que involucró a los actores fundamentales de la vida venezolana, incluida naturalmente la organización militar. Además de ella, el apoyo de los gremios empresariales, de los sindicatos, de la Iglesia Católica, de  la banca y de las distintas asociaciones profesionales, universitarias y de estudiantes, garantizaría la sostenibilidad del acuerdo y de sus mecanismos, así como la reestructuración de las relaciones de poder. 

Además de las consecuencias de orden político, económico y cultural que trajo, el Pacto de Punto Fijo fue el comienzo de una nueva era para los militares venezolanos, quienes vieron llegar en la década de los años sesenta un proceso decidido de profesionalización e institucionalización de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, de reconfiguración de sus relaciones con el poder civil. En este sentido, fue necesario instaurar un conjunto importante de bases normativas e institucionales, para formar militares de nueva estirpe, con una orientación claramente profesional.

Este nuevo modelo político-militar se asentó sobre dos premisas de estricto seguimiento en la mayoría de democracias occidentales:  evitar todo intento de golpe de Estado con ánimo dictatorial y establecer el predominio del sector civil sobre el sector militar.  Las Fuerzas Armadas Nacionales serían una institución apolítica, obediente y no deliberante, que debía asegurar la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución.

El desarrollo de las relaciones cívico-militares no estuvo sin embargo, en esta nueva época, exento de particularidades y sobresaltos.  De manera implícita, cada gobierno nacional se creyó obligado a realizar pactos de cohabitación interesada con los altos mandos militares. Ésto se debió a que, a pesar de que se había acordado la no intromisión de los jerarcas militares en el manejo de asuntos de naturaleza política, la debilidad de los poderes civiles permitió a los primeros mantener el monopolio en distintos campos, como el control del presupuesto militar y el diseño y  puesta en marcha de la seguridad y la defensa, con niveles significativos de autonomía en la definición de la política exterior y de fronteras, la potestad sobre el “secreto militar”, y la asignación consuetudinaria del Ministerio de Defensa, con todo lo que ello implica.  La derrota militar de los movimientos guerrilleros contribuyó de manera sustancial no sólo al prestigio interno de las Fuerzas Armadas como guardianes de la democracia, sino que les permitió, de hecho, mantener algunos de sus privilegios.

Aunque no se pueden ignorar los avances significativos que se produjeron en el proceso de profesionalización e institucionalización del aparato militar, tampoco se puede ignorar el hecho de que, tanto al inicio, como al final del experimento llamado en Venezuela “Puntofijista”, el país tuvo que soportar rebeliones militares en busca del poder.
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