El gasto público en salud se multiplicó por seis entre 1992 y 1997, mientras que el gasto de las contribuciones de trabajadores y empleadores a la seguridad social en salud creció un 50%. De este espectacular comportamiento, generado gracias a la Constitución de 1991 y reforzado con la Ley 100 de 1993, no hay precedentes en la historia de Colombia, como tampoco se registran situaciones similares en otros países.

 

De la mano con este incremento en el gasto se dio un notable crecimiento en la cobertura del sistema, lo cual permitió que, por un lado, el seguro subsidiado generara una reducción de las brechas entre los diferentes niveles educativos y entre lo urbano y lo rural y, de otra parte, que la cobertura familiar redujera los diferenciales por edad.



El régimen contributivo (que cubre fundamentalmente a los trabajadores con un contrato laboral) alcanzó el 38% de la población en 1997 y, a partir de ese año, mostró un crecimiento muy lento llegando en 2005 a cerca del 40%. En el régimen subsidiado (diseñado para asegurar a la población más pobre), por su parte, se presentó un crecimiento mayor; entre 1997 y 2005 aumentó del 20 al 30% de la población, principalmente concentrado en los segmentos más pobres y en la zona rural.



Se registró una mayor equidad social, ya que la focalización de los subsidios en salud se aumentó en los grupos más pobres, haciéndose negativo en el 20% más rico. En Bogotá, por ejemplo, los subsidios de salud tienen un efecto importante sobre la distribución del ingreso, pues mientras un hogar de nivel 1 del Sisbén recibe un subsidio implícito (representado por el aseguramiento) cercano a 100 mil pesos anuales, un hogar de nivel 6 hace una contribución cercana a 500 mil pesos anuales, representada en el mayor valor que paga sobre el costo de su seguro. Este efecto, equivale a bajar en dos puntos el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza.

Los investigadores también observaron un aumento en la proporción de población asegurada que hizo consultas de prevención, entre 1997 y 2003. Ésto podría explicarse posiblemente por la expedición de la resolución 412 del Ministerio de la Protección Social que estableció la demanda inducida para acciones de prevención y promoción de la salud.

La población asegurada en los años para los que existe la información de las Encuestas de Calidad de Vida (1997 y 2003) reportó un mejor acceso a los servicios de salud para la primera consulta frente a las personas que no estaban aseguradas. Sin embargo, los autores de la investigación advierten que no se dispone de evidencia para documentar lo que sucede en relación con el acceso, cuando se requiere consulta con un especialista o exámenes diagnósticos.