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Otras clases de conflictos ambientales
Excesiva reglamentación y debilitamiento de la institucionalidad ambiental
En el posible origen de los conflictos ambientales también figura la excesiva reglamentación sobre la utilización del medio ambiente y los recursos naturales por el debilitamiento de la institucionalidad que se viene presentando en Colombia en los últimos años.

El ordenamiento jurídico del país fue de los primeros en establecer normas para proteger el medio ambiente y los recursos naturales. A partir de la Conferencia de Estocolmo (1972) se desarrolló la legislación ambiental colombiana con el surgimiento de la Ley 23 de 1973.

Antes de esta ley no figuran normas que tutelen taxativamente el ambiente, aunque el Código Civil contiene disposiciones sobre fauna, flora, agua y existían leyes sobre la tala de bosques y los recursos forestales.

Actualmente, la excesiva reglamentación que se presenta en Colombia en la materia, ha terminado por generar conflictos. Si bien se cuenta con suficientes normas éstas presentan dificultades en su aplicación y algunas no pasan de tener un carácter meramente formal.

También existen dificultades en cuanto a las competencias que no son claras en algunos casos, se desconoce con exactitud cuáles están vigentes y falta claridad en cuanto al régimen de transición de las normas.

Ejemplo de ello es el Decreto 1729 de 2002 sobre cuencas hidrográficas y algunas disposiciones como la Resolución 627 de 2006 las cuales señalan expresamente que “derogan todas las normas que le sean contrarias” creando incertidumbre e inseguridad sobre las vigentes dado que varias disposiciones pueden hacer referencia al mismo tema.

Esta problemática se incrementa con el hecho de encontrar normas que son el resultado de procesos concertados con el sector productivo y que han terminado por flexibilizarse y ajustarse a intereses diferentes a los ambientales, como las referentes a las licencias ambientales (Decreto 1220 de 2005). 

Declaración de áreas protegidas
Algunos conflictos también se han generado como consecuencia de la expedición de disposiciones mediante las cuales se declara o se sustrae un área protegida.  

La dificultad se centra especialmente en lo referente al tema de propiedad dado que en estas zonas  existen personas que poseen los predios desde antes de la declaración como área especial.

El Estado, al expedir la norma, pasa a limitar las actividades y uso del suelo dadas las características y la reglamentación de las áreas protegidas, sin tener en cuenta a los propietarios y sin generar políticas claras que posibiliten la compra de las tierras.

Un caso que permite ilustrar esta argumentación es el de los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá, un área de reserva forestal protectora constituida en el año 1976 mediante el Acuerdo 30 del Inderena, a la cual con posterioridad le han realizado varias sustracciones que obedecen a intereses que no están claramente justificados, permitiendo que 30 años después de su declaración, se encuentren funcionado canteras y, que a pesar de la limitación para la construcción de viviendas, existan barrios populares de invasión que han sido legalizados y barrios de estratos altos algunos de ellos sin licencia de construcción o con ellas emitidas de manera irregular. 

Exigencias de organismos internacionales
Las medidas impulsadas por los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio – OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional para promover el libre comercio, terminan por generar conflictos ambientales porque ellas promueven la privatización mediante concesión y métodos intensivos de utilización de recursos naturales, ocasionando la destrucción de los bosques, el agotamiento de recursos hídricos y la contaminación.

Sobre este particular se destacan las discusiones que últimamente se han presentado sobre el Tratado de Libre Comercio TLC, suscrito entre Colombia y Estados Unidos a través del cual el gobierno pretende “abrir de manera permanente el mercado para los productos colombianos, a fin de generar empleo a partir de la inversión y recursos para erradicar la pobreza”. 

Este tratado genera preocupaciones en materia ambiental, los cuales han sido planteados por las Organizaciones No Gubernamentales ambientalistas y por los grupos étnicos, relacionadas con la conservación y protección de la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la protección de los conocimientos tradicionales, la elasticidad de las normas ambientales para los inversionistas extranjeros y las restricciones para los nacionales que deben cumplir con disposiciones cuyos estándares son más altos o a quienes, para lograr exportar los productos nacionales, se les exigen las certificaciones o etiquetados ambientales otorgadas por ONGs u otras entidades internacionales.

Otros factores generadores de conflictos ambientales están relacionados con temas específicos referentes al conflicto armado, la presencia de cultivos uso ilícito en áreas indígenas, a las nuevas políticas económicas, muchas de ellas derivadas de acuerdos internacionales ratificados por Colombia, al debilitamiento del Estado y sus implicaciones en cuanto al manejo y protección de los recursos naturales.

Otros factores de conflicto
Otros factores generadores de conflictos ambientales están relacionados con temas específicos referentes al conflicto armado, la presencia de cultivos de uso ilícito en áreas indígenas, a las nuevas políticas económicas, muchas de ellas derivadas de acuerdos internacionales ratificados por Colombia, al debilitamiento del Estado y sus implicaciones en cuanto al manejo y protección de los recursos naturales.
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