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GAP - Grupo de Acciones Públicas

Casos emblemáticos

Impacto nacional

 

Problemática

En 1989 tuvo lugar un derrame de Lorsban, un químico altamente contaminante, en la bahía de Cartagena en la zona del Mamonal debido a la falta de diligencia de la empresa Dow Química en el manejo de su planta industrial. Ésta circunstancia generó un grave daño ecológico y en consecuencia la afectación al bien colectivo medio ambiente sano.

Partes

Acción de tutela interpuesta por la Fundación para la Defensa del Interés Público –Fundepúblico- y Carmenza Morales Brid contra la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

Derechos vulnerados

Medio ambiente sano.

Hechos

  • Hasta 2012 el Juzgado 4° Civil del Circuito de Cartagena falló en primera instancia condenando a la empresa al encontrar probado el daño ecológico por el derrame de Lorsban. Sin embargo, Dow Chemical apeló la decisión ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, el cual revocó la sentencia de primera instancia considerando, entre otros argumentos, que la acción carecía de objeto porque la empresa adoptó medidas para reducir la contaminación, y habiendo pasado tantos años el daño ya no era visible; y adicionalmente, que mediante una acción popular no se podía condenar a la empresa por una indemnización que debía buscarse por otra acción judicial.
  • Fundepúblico presentó recurso extraordinario de casación, que fue negado por el Tribunal el 8 de agosto de 2013.
  • Posteriormente, Carmenza Morales Brid y Fundepúblico presentaron una acción de tutela contra la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena alegando la aplicación errónea de la ley y el desconocimiento de pruebas. Tanto la Sala Civil  como la Laboral de la Corte Suprema de Justicia negaron las pretensiones de la acción de tutela porque consideraron que no había sido presentada de manera inmediata al pasar más de seis meses desde la sentencia de segunda instancia.
  • La Corte Constitucional seleccionó esta tutela para revisión y profirió la sentencia T-080 de 2015.

Estrategias desarrolladas

  • Estrategia jurídica: el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario intervino exitosamente en la instancia de revisión de la acción de tutela. Mediante su intervención el GAP coadyuvó la solicitud de la demandante Carmenza Morales Brid, quien solicitó acoger en su integridad el fallo de primera instancia buscando sentar un precedente que frene las vulneraciones al medio ambiente. Adicionalmente, el GAP se refirió en su coadyuvancia a (i) el carácter indemnizatorio de la acción popular (ii) la aplicabilidad de la Ley 472 de 1998 a los hechos materia del proceso, y (iii) a los efectos del daño ambiental como de tracto sucesivo.
  • Estrategia de medios: una vez proferida la sentencia T-080 de 2015 se realizó la difusión de su contenido, en especial de sus principales consideraciones mediante notas de prensa publicadas en los medios oficiales de la Universidad del Rosario.

Fallo o sentencia

La sentencia T-080 de 2015 fue favorable a las pretensiones de los demandantes, acogiendo las pretensiones, confirmó el fallo de primera instancia y condenó a la empresa Dow Química de Colombia al pago de perjuicios por daño ecológico en virtud del derrame de Lorsban. Lo anterior en virtud de los siguientes argumentos:

  • La Corte Constitucional en su sentencia afirmó que la Corte Suprema de Justicia no puede fijar un plazo de seis meses para definir qué es inmediatez, pues ésta se debe analizar en cada caso concreto. Y, en el caso concreto, el plazo se analizó desde la fecha del auto que negó el recurso extraordinario de casación, 9 de diciembre de 2013, cumpliéndose con el requisito de inmediatez al presentarse la tutela 4 meses después.
  • Asimismo, la Corte evidenció una valoración indebida de las pruebas obrantes en el expediente por parte del Tribunal, ya que respecto a la supuesta recuperación total del entorno afectado por el paso del tiempo, ésta no se encontró acreditada. Por el contrario, sí se encontraban acreditadas otros hechos que el Tribunal desconoció, como el daño ambiental que ocasionó el derrame de este químico contaminante, y la negligencia de la empresa Dow Química.
  • La Corte también consideró que sí se debía aplicar el art. 34 de la Ley 472 de 1998, porque ésta es simplemente una regla procesal que desarrolló las normas sustanciales sobre las acciones populares, ya establecidas en el Código Civil, y no se debía aplicar únicamente éste código.
  • Así pues, la Corte Constitucional encontró probado el daño ambiental de acuerdo con los principios rectores en materia ambiental, al considerar que no hace falta tener certeza sobre las consecuencias específicas del daño, ni tener una prueba directa y absoluta su causa, sino construir indicios suficientes y razonables de que este daño existió. Lo cual en este caso claramente se evidenció ya que el derrame de un químico como el Lorsban conlleva una afectación al ecosistema de la bahía de Cartagena.
  • En consecuencia, la Corte Constitucional ordenó el restablecimiento del bien colectivo afectado, el medio ambiente de la bahía de Cartagena, a cargo de Dow Química de Colombia en virtud del principio de quien contamina, paga. Asimismo precisó que el monto debe tener destinación exclusiva a programas de saneamiento ambiental de la bahía de Cartagena u otros ecosistemas de similares características, y que el destinatario del dinero son las entidades públicas que tienen a su cargo la protección del bien colectivo lesionado, para el caso concreto la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique y el Distrito de Cartagena.
  • Adicionalmente en la sentencia se profirieron órdenes respecto de (i) el acompañamiento y participación de la sociedad civil en la recuperación del ecosistema, y especialmente de la comunidad afectada, (ii) el derecho de la comunidad a la información veraz sobre las circunstancias y consecuencias del derrame; y (iii) medidas de prevención de futuros siniestros mediante una visita y concepto técnico a la empresa para verificar que se estén cumpliendo con las condiciones medioambientales. Es de resaltar, que la Corte estableció que si no se cumple con las normas ambientales se puede incluso ordenar el traslado de la fábrica en caso de que su operación no sea compatible con el ecosistema, y que todos los ciudadanos están llamados a participar y verificar el cumplimiento de éstas medidas.

Experiencia al interior del grupo

  • Dificultades evidenciadas: por un lado este caso emblemático evidenció las dificultades que han tenido ciertas acciones populares tanto en su decisión como en su cumplimiento. Respecto de lo primero, el derrame ocurrió en 1989, y es hasta el 2012 que se obtiene un fallo de primera instancia. Se resalta que esta circunstancia tuvo como consecuencia la orden de la Corte Constitucional de compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura por esta demora respecto del Juez 4° Civil del Circuito de Cartagena. Respecto del cumplimiento de la sentencia se evidencia cómo, incluso siendo un fallo tardío, la primera instancia protegió los derechos colectivos, sin embargo a 2015 no se han realizado acciones lo suficientemente efectivas para contrarrestar el daño ecológico. Así pues, la experiencia dentro del grupo implicó tener en consideración estas demoras, y buscar la solución al caso concreto a pesar de estas circunstancias ajenas a la parte demandante o al grupo como coadyuvante.
  • Aportes de la sentencia T-080 de 2015: esta sentencia es de gran importancia para el desarrollo de la responsabilidad por daños medio ambientales, teniendo en cuenta el extenso análisis que realizó la Corte Constitucional sobre los elementos de ésta responsabilidad, y las particularidades del daño medio ambiental. En este sentido, la experiencia del grupo ha sido enriquecedora desde un punto de vista académico porque ésta decisión ha permitido crear el espacio para discutir y avanzar sobre ésta temática.

Sentencia

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Problemática

Vulneración del derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad raizal con la construcción de un spa en la Isla de Providencia.

Partes

  • Accionantes: Zully Amparo Archbold Archbold y Jennifer Archbold. (Contando con la asesoría jurídica del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario).
  • Accionados: El Ministerio de Interior, el Departamento de San Andrés Islas, la Corporación Autónoma Regional – Coralina, como autoridad ambiental de la Isla y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
  • Intervinientes ciudadanos en el trámite de revisión: Ángela Lucia Peñaloza Britton, Trinidad Alcazar Eden, Luis Howard Howard, Jennifer Federica Archbold Ramírez, Josefina Huffington Archbold, Fundación ProBono Colombia.

Derechos vulnerados

  • Derechos fundamentales a la consulta previa y a la integridad cultural de los integrantes de la comunidad étnica raizal que habita la isla de Providencia.

Hechos

  • En el 2011, la Nación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas deciden realizar el proyecto de Spa en Providencia, el cual, se realizaría en el Lote denominado “Providencia South West”.
  • El 30 Julio de 2013, la comunidad raizal interpuso un derecho de Petición, puesto que, la construcción del proyecto ya se había adelantado sin haberse agotado la debida consulta  previa a  dicha comunidad.
  • Ante la negativa de realizar una consulta previa, la comunidad raizal decidió interponer una acción de tutela, con el fin de que se les ampararan los Derechos Fundamentales a la Consulta Previa y a la Integridad Cultural de los Grupos Étnicos.
  • En Enero de 2014, el Juez de primera instancia del Tribunal del Distrito de San Andrés Islas No aparó los derechos reclamados, con base en los siguientes argumentos:
  1. Ser una explotación económica turística y no de Recursos naturales
  2. La consulta previa no es obligatoria
  • La empresa Trash Busters S.A. E.S.P. era la encargada de la operación del relleno sanitario pero ante su defectuoso servicio e inadecuado manejo de los residuos sólidos se le impusieron una serie de multas.
  • El 10 de Julio, la tutela fue asignada al despacho del magistrado Gabriel Mendoza Martelo
  • El 31 de Octubre de 2014, sale el fallo (Sentencia T – 800/14) de segunda instancia, siendo este a favor de la comunidad raizal, por tanto, se les amparan sus derechos.

Estrategias desarrolladas

  • Pedagógicas: se estableció comunicación permanente con los usuarios, con el objetivo de formarlos y empoderarlos tanto en la protección del derecho fundamental a la consulta previa como en el procedimiento judicial efectuado.
  • De medios: se desarrolló una estrategia de medios, de impacto nacional, dirigida a que la opinión pública conociera la importancia de la sentencia frente a la protección de la comunidad raizal y al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
  • Judicial:
  1. Asesoría en la interposición de una acción de tutela para salvaguardar el derecho fundamental a la consulta previa, recurrida en apelación.
  2. Asesoría en la presentación de una intervención ciudadana ante la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, una vez fue seleccionado el fallo de segunda instancia para revisión.

Fallo o sentencia

La sentencia T-800 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) revocó el fallo de segunda instancia y en su lugar, amparar los derechos fundamentales de la accionante, ordenando:

  • Suspender las obras del proyecto “Spa Providencia”.
  • Adelantar un proceso de consulta con las autoridades raizales de Providencia y Santa Catalina, mediante procedimiento apropiado, previamente consultado con dichas autoridades, en orden a establecer la afectación que el proyecto puede causar en la integridad cultural, social y económica de las comunidades.
  • El proceso de consulta debe completarse en un término de 60 días hábiles prorrogable por otros 30, en los precisos términos indicados por la Corte Constitucional.
  • Prevenir al Municipio de Providencia para abstenerse de permitir medidas administrativas en territorios habitados por raizales sin agotar el requisito de consulta previa.
  • Exhortar a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación a acompañar y vigilar el proceso.
  • Exhortar al Ministerio del Interior para capacitar a los integrantes de la comunidad raizal sobre los impactos del proyecto “Spa Providencia”.

Experiencia al interior del grupo

  • Implementación de estrategias de acuerdo con los hechos precisos del caso, con el fin de establecer los elementos jurídicos y sociales para decidir sobre la viabilidad o no de una acción judicial, seleccionando la más adecuada.
  • Este caso permitió al GAP obtener valiosa experiencia respecto de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental a la consulta previa, así como respecto del trámite de selección para revisión de sentencias de tutela en la jurisdicción constitucional, tales como la presentación de medidas cautelares y de intervenciones ciudadanas en dicho proceso.
  • En asocio con la Fundación ProBono Colombia, se desarrolló una alianza estratégica con una firma de abogados para llevar a cabo
  • Se desarrollaron tareas de investigación y elaboración de líneas jurisprudenciales previas a la interposición de las acciones judiciales.

Sentencia

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Problemática

Vulneración de varios derechos colectivos debido al mal manejo de basuras en San Andrés Islas.

Partes

  • Demandantes: María Lucía Torres Villarreal e Iván Andrés Páez Páez, como personas naturales en calidad de estudiantes del GAP.
  • Demandados: el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la Gobernación del Departamento como máxima autoridad del ente territorial; Trash Busters S.A. E.S.P, empresa encargada del servicio público de aseo (incluido el tema de la recolección y disposición final de los residuos sólidos); y la Corporación Autónoma Regional – Coralina, como autoridad ambiental de la Isla.
  • Coadyuvantes: Natalia Fuentes Sarmiento, estudiante miembro del GAP. (2004-2005)

Derechos vulnerados

  • Medio ambiente sano, equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, conservación de especies y animales, protección de áreas de especial protección ecológica.
  • Derecho al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.
  • Derecho a la seguridad y prevención de desastres.

Hechos

  • En 1975 el departamento de San Andrés y Providencia y Santa Catalina estructuró un plan de limpieza sin que se contemplara u tratamiento para los residuos sólidos.
  • En 1983 se dispuso un relleno sanitario para los residuos sólidos de la isla.
  • La empresa Trash Busters S.A. E.S.P. era la encargada de la operación del relleno sanitario pero ante su defectuoso servicio e inadecuado manejo de los residuos sólidos se le impusieron una serie de multas.
  • Ante la situación el Departamento elaboró un proyecto para asumir el manejo de las basuras a lo cual el fondo nacional de regalías destinó $1’113.000.000 de pesos pero ante la inejecución del propósito al que fueron destinados estos recursos, la comunidad interpuso una acción popular y otras acciones.
  • Los fallos fueron a favor de la comunidad sin embargo no fueron cumplidos por lo cual la situación ambiental se tornó muy grave y compleja.

Estrategias desarrolladas

  • Pedagógicas: se realizaron talleres de formación en acciones constitucionales dirigidas a miembros y residentes de la comunidad que habita la Isla de San Andrés.
  • De medios: se logró comunicar a través de los medios de información de la isla la importancia de las labores que iba a realizar el GAP y los precisos objetivos que la acción que se pretendía interponer.
  • Judicial: Interposición de una acción popular desde la perspectiva del impacto ambiental, de manera que no se cometieran los errores en acciones que se habían presentado con anterioridad las cuales se manejaron desde el plano de la moralidad administrativa.

Fallo o sentencia

La sentencia aprobatoria de pacto de cumplimiento estableció:

  • La entidad territorial se comprometió a adecuar las vías de acceso a la zona de disposición final así como a pavimentar la vía.
  • Trash Busters se comprometió construir canales perimetrales para aguas lluvias en la zona occidental y a retirar las basuras que se encontraban en la geo membrana. Además se comprometió a dejar los residuos sólidos en el lugar de disposición.

La sentencia finalizó con un cronograma de actividades y ordenando la realización de unos comités de verificación.

Experiencia al interior del grupo

  • Creación de estrategias acordes con los hechos precisos del caso con el fin de establecer los elementos jurídicos y sociales para decidir sobre la viabilidad o no de una acción judicial.
  • Establecer estrategias de litigio que reflejen el ejercicio práctico e la educación integral propia de las clínicas de interés público.
  • Antes de interponerlas acciones judiciales, el GAP desarrolló tareas de investigación; además se enviaron derechos de petición a diferentes entes estatales como el Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación solicitando información acerca de las partidas presupuestales. Así finalmente se determinó la viabilidad del caso para dar inicio al proceso judicial mediante la interposición de la acción popular.

Sentencia

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Problemática

La construcción de varias lagunas de oxidación o lagunas de estabilización sin realizar ningún acercamiento ni agotar el procedimiento de la consulta previa con la comunidad indígena.

Partes

  • Demandante: Bartolo Poveda González
  • Demandado: Aguas de la Península S.A. E.S.P y el Municipio de Maicao-La Guajira

Derechos vulnerados

  • Medio ambiente sano
  • Salubridad Pública
  • Diversidad Étnica
  • Territorio
  • Consulta Previa
  • Participación de las comunidades indígenas

Hechos

  • El Municipio de Maicao a fin de darle tratamiento las aguas residuales, participó en un acuerdo para construir varias lagunas de oxidación o lagunas de estabilización.
  • En 1986 se comenzó la construcción de la laguna sin ningún tipo acercamiento ni consulta previa con la comunidad indígena.
  • El vertimiento de aguas negras causó graves afectaciones a la comunidad pues  los pozos donde los Wayuu almacenaban aguas en tiempo de sequía se contaminaron con las aguas negras.
  • Resultó ser un problema muy grave de salubridad pública debido a  enfermedades, infecciones y malos olores que se presentaron en “el limoncito”.
  • En 1993 la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpo-guajira) expidió́ la Resolución número 000031, en la cual requirió́ al municipio mencionado para que no continuara con el vertimiento de aguas anteriormente descrito.
  • Posteriormente, a finales del 2000, el Municipio y Aguas de la Península S.A. E.S.P. realizaron un contrato de concesión, para que esta última se hiciera responsable de manera temporal “... por su cuenta y riesgo, [de] la financiación, operación, administración y prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y sus actividades complementarias, así como la construcción, rehabilitación, optimización, expansión, reposición y mantenimiento de los sistemas destinados a la gestión y prestación de los mismos servicios públicos”.
  • Los integrantes del GAP iniciaron un acercamiento e investigación de los hechos y realizaron un concepto de viabilidad para determinar la estrategia de litigio más adecuada para el caso. Lo anterior permitió que Bartolo Poveda González, en calidad de miembro de la Clínica Jurídica, interpusiera, el 12 de abril de 2005, una acción popular contra Aguas de la Península S.A. E.S.P y el Municipio de Maicao-La Guajira, para proteger los siguientes derechos del pueblo Wayuú: medio ambiente sano, salubridad pública, diversidad étnica, territorio, salud, consulta previa y participación de las comunidades indígenas. En esta acción popular se solicitó la protección de derechos colectivos y de derechos fundamentales.

Estrategias desarrolladas

  • Pedagógicas: se realizó un taller de capacitación para las comunidades indígenas afectadas, lográndose el objetivo de concientizar a sus miembros como sujetos de derechos y sobre los mecanismos de participación y protección de los mismos, especialmente en el ejercicio de la acción popular.
  • Judicial: interposición de una acción popular

Fallo o sentencia

El decreto por parte del juez de algunas de las medidas cautelares solicitadas en la acción popular es una actuación procesal que hay que destacar en el caso “El Limoncito”, ya que permitió utilizar el poder discrecional del funcionario judicial para materializar la facultad otorgada por la ley, y proteger los derechos del pueblo Indígena Wayuú mientras se emite una decisión de fondo.

De la acción popular que se interpuso conoció́ el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira. Este declaró al Municipio de Maicao y a Aguas de la Península S.A. E.S.P. directamente responsables por omisión, al no haber tomado las medidas necesarias frente a la vulneración de los derechos de los indígenas a causa de la laguna; así́ mismo, ordenó el cierre definitivo de esta y su inmediata reubicación.

La contraparte apeló la decisión del Tribunal, por lo que en este momento el caso se encuentra en el Consejo de Estado; sin embargo, dadas las pruebas aportadas y la información que obra en el expediente, es poco probable que el recurso de alzada prospere.

Experiencia al interior del grupo

Como aprendizaje se alienta a todas las personas que pretendan defender los derechos de las minorías, en este caso los indígenas, a interponer una acción popular para lograrlo; mediante este tipo de acciones, es real la posibilidad de hacer valer sus derechos y su autoridad dentro del territorio.

Con la capitación dada a los Wayuú y la visita de campo nos fortalecimos en la instrucción para comunidades afectadas, y tuvimos y una experiencia de vida al conocer de cerca la vulneración de derechos de comunidades que muchas veces son olvidadas por no encontrarse en la capital o zonas cercanas a ella, o porque sus problemáticas no nos afectan directamente, demostrando así que el trabajo del grupo puede trascender de manera efectiva, independientemente del sitio en donde se encuentre la problemática.

Sentencia

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Problemática

Vulneración de derechos colectivos por aprobación de la introducción y comercialización de una variedad de algodón genéticamente modificado sin estudios científicos ni de bioseguridad.

Partes

  • Demandantes: Grupo Semillas, Dra. Beatriz Londoño Toro como directora del GAP y Erika Joullieth Castro Buitrago como integrante del mismo.
  • Demandados: La Nación, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario.

Derechos vulnerados

  • Vulneración y amenaza al derecho a la salud, a la soberanía y a la seguridad alimentaria. 
  • Derecho a un Medio Ambiente Sano.
  • Riesgos Ambientales, de salubridad pública y socioeconómica.
  • Moralidad Administrativa.
  • Derechos de los Consumidores.

Hechos

  • En abril de 1999 la Compañía Monsanto Colombiana INC presentó al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) solicitud para introducir, producir y comercializar en Colombia una variedad de algodón genéticamente modificado.
  • El 22 de septiembre de 1999 el ICA presentó al Consejo Técnico Nacional de Bioseguridad Agrícola (CTN) el documento de evaluación de riesgos potenciales de la variedad de algodón que se pretendía introducir y comercializar, fecha en la que el CNT recomendó a Monsanto realizar ensayos de campo, que se llevaron a cabo en coordinación con el ICA y el mismo CNT en el seno del Centro de Investigaciones Agropecuarias Turipaná de CORPOICA en Cereté, Cordoba.
  • Existió una oposición del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fundamentada en la necesidad de evaluar más a fondo las implicaciones del uso de esa tecnología y consideró necesario hacer estudios a mayor escala, sin que se realizara ninguna actuación por las partes.
  • El 10 de mayo de 2002 el ICA expide la resolución 1033 por la cual autoriza la importación hasta de 50.000 kilogramos de semillas de algodón de esa variedad con destino a ensayos semicomerciales de 2.000 hectáreas, sin tener en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Ambiente.

Estrategias desarrolladas

  • Judicial: Interposición de una acción popular solicitando el amparo y protección de los derechos invocados resaltando la importancia del amparo frente a nuevas tecnologías.

Fallo o sentencia

  • En la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió proteger los derechos al Medio Ambiente Sano, Salud pública, libertad de consumo y moralidad administrativa, suspendiendo los efectos de la resolución.
  • La anterior providencia fue apelada y en sede del Consejo de Estado se denegaron las pretensiones de la demanda respecto de la omisión administrativa al no exigir licencia ambiental en el caso concreto.
  • En una posterior acción ante los jueces administrativos de Bogotá se determinó que había operado el fenómeno de la cosa juzgada.

Experiencia al interior del grupo

  • Se Advirtió de la importancia que reviste el caso en particular la protección de Derechos Fundamentales frente a la implementación de nuevas tecnologías.
  • Debido a la falta de normatividad, el Gap hizo uso de métodos de interpretación distintos al exegético. Fue determinante ya que evidenció que pese a la inexistencia de procedimientos reglados, debe desplegarse de igual manera una protección a los Derechos Fundamentales.

 

Problemática

La empresa Ecopetrol decidió, dentro del programa de producción incremental de crudos del campo de Castilla, que para el manejo y transporte de crudos pesados, éstos debían ser diluidos con Nafta. Por lo anterior, se hacía necesaria la construcción de un sistema de transporte de nafta que permitiera a futuro trasladar determinados volúmenes de este componente desde la terminal de almacenamiento de Tocancipá (Cundinamarca) hasta el Campo de castilla (Meta). El caso resulta ser de gran interés para el GAP frente al riesgo ecológico que presenta un proyecto de tal envergadura.

Derechos vulnerados

  • Derecho colectivo al Medio Ambiente Sano
  • Protección de ecosistemas, de los recursos hídricos y forestales.

Hechos

  • La Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), dentro del programa de producción incremental de crudos pesados del Campo Castilla, decidió que para el manejo y transporte de los crudos pesados, éstos debían ser diluidos con nafta, en una proporción de 80% crudo y 20 % nafta, para su transporte desde la Estación Castilla hasta la Estación Porvenir, siendo necesaria la construcción de un sistema de transporte de nafta que permitiera a futuro transportar volúmenes del orden de 65.000 Bb./día de nafta desde la actual terminal de almacenamiento de Tocancipá, en el departamento de Cundinamarca, hasta el Campo Castilla, en el departamento del Meta, con una longitud aproximada de 167 Km, en tubería de 12 pulgadas de diámetro.
  • El naftaducto pasaba por medio de un terreno de propiedad de Jack Rotlewitcz, titular de la reserva natural de la sociedad “Villa Paz”, usuario que contactó al GAP para que la clínica jurídica llevara el caso.

Estrategias desarrolladas

  • Judicial: Incluyendo el derecho de petición, la intervención directa en el trámite de una licencia ambiental así fue como la persona que llevó el caso al GAP intervino como tercero interviniente en el proceso. Adicionalmente se pensó en interponer una acción popular pero era muy posible que el juez la rechazara pues dentro del trámite de licencia ambiental se permite de discutir la viabilidad de la licencia. Éste trámite se denomina “audiencia pública ambiental” que permite que la comunidad participe y se discuta sobre la conveniencia del otorgamiento o no de licencia.
  • Social: Incluyó reuniones con la comunidad, acompañamientos a ésta en las reuniones de socialización con Ecopetrol

Logros

  • Alertar a las autoridades locales, departamentales, ambientales y a la comunidad sobre el impacto y los riesgos que conllevaría la ejecución del proyecto de Ecopetrol para los derechos colectivos e individuales
  • Vincular a las autoridades locales, departamentales, ambientales y a la comunidad dentro del proceso de prevención que surgió a iniciativa de los estudiantes preocupados por la preservación de los derechos colectivos al medio ambiente, la protección de los ecosistemas, de los recursos hídricos y forestales, entre otros.
  • Suspensión de la licencia ambiental

Experiencia al interior del grupo

  • El trabajo por parte de los estudiantes a cargo del caso fue estructurado y ordenado, ya que desde el principio entendimos que el trabajo en equipo es primordial para el logro de los objetivos propuestos, y más aun cuando uno de ellos era la celeridad con que se debían desarrollar los planes previstos.
  • A pesar de haberse asignado a tres estudiantes, las labores llevadas a cabo siempre se encontraron encaminadas a encarnar la naturaleza del GAP y a la materialización de sus objetivos y metas; la herramienta más fuerte fueron las reuniones semanales, en donde todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de aportar sugerencias e inquietudes que siempre fueron tenidas en cuenta por los estudiantes a cargo.
  • Es un pilar del GAP que los casos provengan de la iniciativa de la comunidad y que este interés se mantenga durante el desarrollo de los mismos; sin embargo, en este caso se afectaba un número significativo de personas, lo que hacía difícil que cada una de los afectados por el proyecto tuviese un criterio unificado para la defensa de sus derechos individuales y colectivos. Como consecuencia del gran número de personas afectadas, y la imposibilidad de trabajar con todas ellas, los esfuerzos del GAP se focalizaron principalmente en los municipios de La Calera y Choachí, por ser éstos los que demostraban tener una mayor afectación ambiental, además de haber sido los que solicitaron la intervención del grupo.

Sentencia

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Problemática

Vulneración de los derechos de los adultos mayores a causa de la falta de aplicación de las Leyes 1091 de 2006,  700 de 2001 y 1171 de 2007 por parte de la Superintendencia de Salud, Superintendencia Financiera, Ministerio de Transporte y Ministerio de la Protección Social, en adelante, Ministerio de Salud y Protección Social.

Partes

  • Demandantes: Lina Moreno Mora y Jorge Ricardo Sarmiento.
  • Demandados: Presidencia de la República, Ministerio de Salud y de Protección Social y la Superintendencia Financiera de Colombia.
  • Coadyuvantes: Nayib Abí Fager Sáez, Shadia Jimeno Pernett, Johanna María Martínez Pérez, Miguel Rosendo Vanegas, Gonzalo Antonio Rodríguez, José Abel Gavilán, Paulina Osorio Castellanos, Israel Beltrán Gutiérrez, Paola Constanza Valderrama y otros.

Derechos vulnerados

  • Acceso a la prestación de servicios públicos de forma eficiente y oportuna.
  • Derecho a la salud.

Hechos

  • En Colombia ha existido una vulneración constante a los derechos de los adultos mayores, puesto que las normas referidas en dicha materia no son acatadas.
  • La Ley 700 de 2001, obliga a las entidades financieras a hacer los pagos referentes a las mesadas de los pensionados, estas no podrán cobrar ningún tipo de cuota de manejo por la utilización de esas cuentas.
  • Se presentó un derecho de petición ante la Superintendencia Financiera de Colombia, para que informara si habían dado cumplimiento al parágrafo del artículo 5° de la Ley 700 de 2001 y al artículo 16 de la Ley 1171 de 2007.
  • La Superintendencia contestó mediante Circular Externa 010 de 2006.
  • Con la expedición de la Ley 1091 de 2006, se estableció que toda persona mayor de 65 años y residente del país, es ciudadano de oro, debiendo realizar la solicitud ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
  • Se presentaron otros tres derechos de petición. El primero remitido ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, el segundo ante el Ministerio del Interior y de Justicia y por último, ante el Ministerio de la Protección Social, hoy en día, Ministerio de Salud y de Protección Social.
  • La Ley 1171 de 2007 concede a las personas mayores de 62 años, ciertos beneficios para garantizar sus derechos a la educación, recreación, salud y propiciar un mejoramiento en sus condiciones generales.
  • Redactan un nuevo derecho de petición ante el Ministerio de Salud y Protección Social.
  • El fallo de primera instancia negó el amparo de los derechos colectivos invocados.
  • La sentencia fue apelada por el Señor Jorge Ricardo Sarmiento. En el fallo de segunda instancia se revoca la sentencia de primera instancia y en su lugar, se ampara el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

Estrategias desarrolladas

  • Pedagógicas: Se hicieron capacitaciones en las cuales explicaban a los adultos mayores cuáles eran sus derechos y deberes, que leyes estaban encaminadas a la protección de sus derechos y con cuáles mecanismos de defensa contaban.
  • De medios: Anexaron fotos de noticias, hicieron un poster, realizaron un boletín informativo y un documento pedagógico con el fin de que fuera divulgado entre las personas.
  • Judicial: Interposición de una acción popular con el fin de garantizar derechos colectivos de personas de especial protección constitucional (adultos mayores).

Fallo o sentencia

La sentencia de segunda instancia estableció:

  • Revocar la sentencia del 06 de marzo de 2013.
  • Amparar el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
  • Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social que dentro del término de seis meses expida el marco reglamentario bajo el cual se desarrolle el programa “Colombiano y Colombiana de Oro”.
  • Declarar que la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia Financiera Colombiana, La Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Transporte y la Registraduría Nacional del Estado Civil no incurrieron en ninguna vulneración del derecho colectivo invocado.
  • Que las entidades accionadas sigan adelantando medidas pertinentes que permitan la garantía, seguridad y eficiencia de la prestación de los servicios públicos.
  • Conformar el Comité de Verificación.

Experiencia al interior del grupo

Existió un gran contacto con la comunidad, las capacitaciones ayudaron a que los adultos mayores no solo conocieran sus derechos y sus deberes como ciudadanos, sino que además aprendieran respecto de los mecanismos de protección a los cuales pueden acudir en un momento determinado.

 

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Problemática

Graves daños ambientales que unas piscinas de oxidación estaban ocasionando a la comunidad de Machetá.  

Partes

  • Demandantes: La comunidad representada por los actores populares Ángel custodio (vecino del municipio, Camilo E. Orjuela Murillo Y Andrea Corredor (miembros activos del GAP)
  • Demandados: CAR de Cundinamarca y el municipio de Machetá.  
  • Coadyuvantes: Adriana Vergara, Diana Medina Cartagena y Ricardo Avendaño Marino (Miembros del GAP).

Derechos vulnerados

  • Medio Ambiente Sano
  • Salud y Salubridad pública.

Hechos

  • El 32 de diciembre de 1996 la alcaldía municipal de Machetá realizó con la CAR convenio interadministrativo número 461 con el propósito de tratar las aguas residuales y disminuir la contaminación del municipio.
  • Se construyeron efectivamente 3 piscinas de oxidación cerca de la plaza municipal y del conjunto residencial Quintas de Chincalá, generándole a la comunidad una grave afectación.
  • En 2002 la comunidad formula varios derechos de petición y se inician investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación.
  • En 27 de agosto de 2002 el GAP programó una reunión con el representante de la CAR la cual fue incumplida por esta última.
  • El 25 de noviembre de 2002, después de recaudado el material probatorio, se instauró la acción popular.  

Estrategias desarrolladas

  • Judicial: La estrategia utilizada por el grupo fue primero agotar el dialogo con la entidad, y ante la no conciliación, en segundo lugar se comenzó con el recaudo del suficiente material probatorio para en tercer lugar instaurar la acción popular. La estrategia de la acción fue denunciar que ambas partes involucradas estaban incumpliendo con los compromisos adquiridos.

Fallo o sentencia

  • En primera instancia, el Tribunal mediante fallo de 15 de junio de 2005, luego de analizar las pruebas obrantes en el expediente, declaró la vulneración de los derechos colectivos a un ambiente sano, a la seguridad y la salubridad pública, ordenando al Municipio de MACHETÁ y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, realizar las gestiones que sean necesarias para poner el funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales.
  • En segunda instancia, la Sección tercera del Consejo de Estado mediante falo de 08 de junio de 2008, determinó el mal funcionamiento de la planta de tratamiento violaba los derechos invocados por los accionantes y que adicionalmente se vulneraba el derecho de acceso a la infraestructura de servicios públicos y prestación de los mismos y concedió un plazo de 2 meses desde la ejecutoria de la sentencia para que la CAR realizara un estudio detallado de las medidas adecuadas para solucionar el problema y al municipio que adecuara la planta para su correcto funcionamiento.  

Experiencia al interior del grupo

  • Al ser el primer caso llevado directamente por el GAP, se evidenció la importancia de tener contacto directo con la comunidad perteneciente a la zona afectada.
  • Se destaca la importancia de recolectar el material probatorio y la documentación, antes de presentar la acción, incluyendo como parte de este ejercicio la construcción de la prueba mediante derechos de petición a las autoridades administrativas.

Sentencia

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Impacto local


 

Problemática

Incumplimiento de la normatividad legal referente a contaminación auditiva por parte de diferentes establecimientos de comercio ubicados en el barrio Restrepo, localidad de Antonio Nariño, ciudad de Bogotá.

Partes

  • Demandantes: Lucio Rodríguez Arévalo
  • Demandados: Alcaldía Local de Antonio Nariño, Secretaría Distrital de Ambiente y la Policía Metropolitana de Bogotá

Derechos vulnerados

  • Derecho a la salud
  • Derecho al medio ambiente sano.

Hechos

  • Desde hace varios años los habitantes del barrio Restrepo de la localidad de Antonio Nariño, han debido soportar el ruido que proviene de varios establecimientos comerciales que se han abierto en la zona, lo que ha ocasionado grandes niveles de contaminación auditiva, incluso a altas horas de la noche.
  • Desde el año 2000 los habitantes del barrio han presentado numerosas peticiones ante la Alcaldía Local y la Policía Metropolitana de Antonio Nariño con el fin de que se tomen las medidas correctivas pertinentes al caso.
  • El caso fue presentado ante la Secretaría Distrital de Ambiente, quien realizó estudios y determinó que los niveles de ruido de dichos establecimientos sobrepasan aquellos permitidos por la normatividad para comercios aledaños a una zona residencial.
  • A raíz de las denuncias, en el año 2003 la Alcaldía Local de Antonio Nariño informó de la apertura de múltiples querellas contra los establecimientos mencionados, sin embargo éstas no produjeron ningún efecto. Posteriormente, en el año 2007 la Secretaría Distrital de Ambiente remitió a dicha Alcaldía conceptos técnicos  realizados en la zona para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes, sin embargo no se ha dado solución a la problemática.
  • En el año 2013 los vecinos del sector denunciaron disciplinariamente  a varios funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente ante la Personería Distrital por considerar que habían omitido sus deberes de control frente a los establecimientos de comercio mencionados. La personería remitió las investigaciones a la oficina de control interno de la Secretaría  quien informó de las acciones adelantadas por el Grupo de Ruido de la Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual, haciendo referencia a unos informes realizados en el año 2011 e indicando que se encuentran en trámite ciertos procesos disciplinarios.
  • Esta situación ha afectado a todos los habitantes del barrio Restrepo, especialmente a Don Lucio,  adulto mayor de 75 años, quien fue diagnosticado  con pérdida auditiva asociada a altos niveles de ruido e hipertensión.
  • En febrero de 2015 se interpuso una acción de cumplimiento ante el Juzgado Octavo Administrativo quién negó las pretensiones. Posteriormente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, conoció de la apelación del falló y revocó la sentencia por considerar improcedente la acción y establecer como mecanismo idóneo la acción popular.
  • Por otro lado, se instauró una acción de tutela con el fin de darle protección al Derecho fundamental a la salud del adulto mayor, la cual fue negada en primera instancia. En sede de revisión tutelaron el derecho fundamental a la salud y se adoptó la tutela como mecanismo transitorio a la espera del fallo de la acción popular interpuesta en 2007.   

Estrategias desarrolladas

  • Pedagógicas: Se mantiene un contacto directo con la comunidad, con el fin de explicarle cada etapa del proceso y hacerla participe del mismo.
  • Judiciales: Interposición de una acción de cumplimiento con el fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental en materia de ruido, e interposición de una acción de tutela con el fin de proteger y garantizar el derecho a la salud del adulto mayor y el medio ambiente sano de la comunidad del barrio Restrepo.

Fallo o sentencia

El fallo de tutela ordenó principalmente:

  • Conceder transitoriamente la acción de tutela para proteger el derecho fundamental a la salud en conexidad con el derecho al medio ambiente sano.
  • Conformar una mesa interinstitucional con el fin de mitigar a corto plazo la contaminación auditiva que se presenta en el barrio Restrepo.
  • Las entidades accionadas deberán remitir a la superintendencia de industria y comercio todos los casos en los cuales se advierta que los establecimientos de comercio no cuentan con registro mercantil o no se  encuentra actualizado.
  • Realizar,   por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente dos visitas técnicas mensuales nocturnas, en las zonas afectadas en el barrio Restrepo.
  • La Alcaldía Local de Antonio Nariño deberá realizar un censo de los establecimientos comerciales ubicados en el sector con su ubicación precisa, en un plazo no superior a 4 meses.
  • Solicitar a la Procuraduría General de la Nación para que si así lo dispone ejerza una vigilancia especial a los procesos sancionatorios ambientales  que se cursan en la Secretaría Distrital de Ambiente con el fin de asegurar la celeridad en los mismos.

Experiencia al interior del grupo

Fue un caso muy interesante debido a que se utilizaron diferentes mecanismos de protección, como fueron la Acción de Tutela y la Acción de Cumplimiento. En este caso se tuvo que buscar la materialización del derecho, llevando cada una de las acciones hasta la última instancia posible. La Comunidad es muy activa, siempre atentos a su caso y a dar sugerencia de cómo se debe proceder.

Sentencia

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Problemática

Situación de riesgo para la comunidad San Luis (Km 4 y 5 de la vía que de Bogotá conduce a la Calera), debido a un cruce peatonal ubicado en una curva que ponía en peligro la vida de toda la comunidad.

Partes

  • Demandantes: Guillermo Acuña Montes y Álvaro Sarmiento Guacaneme  (miembros del GAP).
  • Demandados: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Alcaldía local de Usaquén, la Alcaldía local de Chapinero y la Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte.
  • Coadyuvantes: Hugo Ruiz Orduz y Gustavo Fagua Galeano (miembros de la comunidad).

Derechos vulnerados

  • Derecho a la seguridad y salubridad pública.
  • Derecho al acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública.
  • Derecho a la prevención de desastres técnicamente previsibles.  

Hechos

  • En octubre de 1994 la Comunidad de San Luis interpone un derecho de petición  a las autoridades locales solicitando que de forma urgente se construyera un puente peatonal en la zona reseñada como peligrosa.
  • El 16 de diciembre de 1994 la autoridad contestó que efectivamente se estaban realizando los estudios topográficos para la ejecución del puente y que estaban próximos a la ejecución del proyecto.
  • En 1999 cinco años después, el 9 de marzo, un movimiento cívico conformado por medio de la comunidad, acordó que la ejecución de dicho proyecto quedaría dentro del presupuesto de las localidades de Chapinero, Usaquén y el IDU.
  • El acuerdo fue incumplido y el 11 de febrero de 2011 de febrero las autoridades de Chapinero y Usaquén se comprometieron a enviar la disponibilidad presupuestal acordada y a tener el puente para el 30 de Septiembre.   

Estrategias desarrolladas

  • Judicial: Se interpuso un acción popular frente al incumplimiento de las entidades demandadas la cual se presentó con un carácter eminentemente preventivo y su finalidad era eliminar el riesgo de accidentalidad. Tuvo como fundamento la posible vulneración de la seguridad y la falta de acceso a una infraestructura optima.

Fallo o sentencia

  • El 15 de julio de 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia acogiendo las pretensiones presentadas por el GAP y se aceptó, de conformidad con las pruebas allegadas, que existía un riesgo para los peatones en el Km. 5 de la vía a la Calera y concluyó que la única solución eficaz es la construcción de un puente peatonal. Así el cumplimiento de la construcción del mismo estaría a cargo del IDU y para ello le ordenó llevar a cabo las gestiones necesarias.
  • El 18 de abril de 2006 el Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia reiterando la necesidad de construir un puente peatonal de manera que confirmó integralmente la sentencia de primera instancia.   

Experiencia al interior del grupo

  • En esta relación ambas partes lograron sus expectativas, pues la comunidad pudo materializar su necesidad y el GAP como grupo de estudiantes enfrentó satisfactoriamente este reto jurídico.
  • Resultó muy enriquecedor trabajar de mano con los líderes de la comunidad que participaron de manera activa en el proceso mediante una coadyuvancia.
  • Haber hecho parte del comité de seguimiento y verificación fue el reto más grande puesto que la mayoría de entidades dilatan el cumplimiento, tanto así que solo fue en el 2009 que efectivamente iniciaron las obras de construcción del puente.

Sentencia

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Problemática

Invasión del espacio público y de los espacios peatonales ocasionada por los talleres de mecánica y establecimientos afines, que ejercían su labor sin contar con instalaciones afines.

Partes

  • Demandantes: Diana Cristina Medina Cartagena, Lina María Escobar Villegas y Alejando Archila Castaño  (miembros del GAP).
  • Demandados: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Alcaldía local de Usaquén, la Alcaldía local Barrios Unidos, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente,  la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá y el Departamento Administrativo de la Defensa del Espacio Público. 
  • Coadyuvantes: Hugo Ruiz Orduz y Gustavo Fagua Galeano (miembros de la comunidad).

Derechos vulnerados

  • Derecho al goce de un Medio Ambiente Sano.
  • Goce al espacio público.
  • Derecho a la Seguridad y Salubridad públicas.
  • Prevención de desastres técnicamente previsibles.
  • Moralidad Administrativa.   

Hechos

  • En el barrio Quinta de Mutis existen talleres de reparación de motos que invaden el espacio público y contaminan el medio ambiente, además de amenazar la seguridad de los vecinos. En este barrio la principal actividad es residencial.  
  • Los talleres de mecánica y establecimientos afines que se han instalado no cumplen con los requisitos establecidos en la ley para este tipo de establecimientos.
  • Mediante derechos de petición y reclamos, esta situación fue puesta en conocimiento de las entidades locales, las cuales se limitaron a realizar inspecciones oculares, no respecto de todos los establecimientos dedicadas a las labores relacionadas o conexas con la mecánica de motocicletas y automóviles, sino únicamente respecto de algunos. También se diligenciaron actas de compromiso, que no dieron resultado.

Estrategias desarrolladas

  • Judicial: El grupo encaminó su accionar  a probar tanto la invasión del espacio público por parte de los talleres de mecánica y afines, como la contaminación del ambiente por el ruido ocasionado por dicha actividad.

Fallo o sentencia

  • En 2003 se presentó la acción popular por parte de los representantes del Barrio Quinta de Mutis, el Tribunal Contencioso Administrativo declaró no probadas las excepciones y negó las pretensiones de la demanda.
  • En 2008, una vez apelada la decisión, el Consejo de Estado decretó pruebas de oficio y revocó la sentencia proferida por el Tribunal. De manera que el Consejo de Estado amparó los derechos colectivos invocados en la acción popular y solicitó a la Alcaldía Local de Barrios Unidos se adoptaran las medidas policivas y administrativas necesarias de todo orden, para recuperar sin dilación alguna y en un plazo máximo de 3 meses, el espacio público invadido en el Barrio Quinta de Mutis.

Experiencia al interior del grupo

  • El gap actuó en una etapa preliminar y prejudicial de acercamiento a la comunidad, etapa en la que el mayor aprendizaje se obtuvo del contacto con la comunidad y de las visitas al sitio afectado, previo a la interposición de la acción se realizó una etapa de recolección de pruebas.
  • Hubo un desarrollo conceptual que pudo ser utilizado para otros casos.
  •  Los miembros del GAP actuaron como parte del comité de seguimiento.
  • Frente a la relación de derechos se tiene como aprendizaje comprobar que existe una correlación entre el uso y el goce del espacio público y la seguridad.

Sentencia

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Sentencia

Primera Instancia

Problemática

Los Barrios que hacen parte de la Localidad 19 de Ciudad Bolivar no cuentan con la prestacion de los servicios publicos de acueducto y alcantarillado. Las autoridades distiritales no han cumplido con las obligaciones que contiene la ley al respecto, violando el mandato contiticuional sobre los fines escenciales del Estado Social de Derecho. El Distrito alega que no cumple con dichas obliogaciones pues los barrios objeto de la Accion son ilegales o subnaormales, pues no cumplen con las exigencias tecninas y de infraestructura que exige la ley para poder prestar los servicios publicos en optimas condiciones. 

Partes

  • Demandante: Dagoberto Bohórquez
  • Demandado: Empresa de acueducto y alcantarillado; Alcaldía Mayor de Bogotá; Gobernación de Cundinamarca; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
  • Intervinientes Coadyuvantes: Jesús A. Castellanos, Esperanza Bernal, Cristo Arciniegas, Luz Y. Cruz, Germain Guevara, Sandra Sánchez.

Derechos vulnerados

  • Derecho a el goce de un medio ambiente sano de acuerdo con la Constitución y la ley;
  • Derecho al acceso infraestructura de servicios publico que garanticen la salubridad publica;
  • Derecho al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;
  • Derecho como consumidores y usuarios.

Hechos

  • La localidad 19 de Ciudad Bolívar y algunos barrios del municipio de Soacha (vereda Tierra Colorada, Brisas del Volador parte alta, Tabor Alta Loma, Recuerdo Sur parte alta, Alpes, Villa Flor, vereda El Verbenal, Brisas del Volador, La Torre, El Edén, Paraíso, Volador parte alta y El Recuerdo), no cuentan con servicio de alcantarillado y acueducto, con la agravante que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), cobra por estos servicios.
  • Hay dos tanques entre los barrios Alpes y Brisas del Volador, uno de los cuales está averiado. El otro no tiene la capacidad suficiente para abastecer a la totalidad de los habitantes de estos barrios, ya que el sistema de bombeo presenta fallas. En cuanto a las redes de alcantarillado y algunas redes de abastecimiento de agua, estas han sido instaladas por la misma comunidad. Por este servicio que no es eficiente ni oportuno, la EAAB cobra a los habitantes como ciclo I, el cual consta de una medición a través de macro medidores que se accionan solos con el paso del aire.
  • La EAAB y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, han evadido sus responsabilidades alegando la ilegalidad de los barrios. En este mismo sentido, la empresa acepta que los barrios que se encuentran encima de la cota del Barrio Los Alpes, donde se encuentra el tanque, no tienen acceso al agua por la falla en el sistema de bombeo. 
  • El 3 de mayo de 2012 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (M.P Fredy Ibarra Martínez) decide revocar la decisión del Juez de 1 instancia, y conceder a los habitantes de los barrios de Ciudad Bolívar el acceso efectivo y continúo a los servicios públicos esenciales, en particular el agua y el alcantarillado.
  • La acción popular numero 2007-00186-01 ordeno garantizar el servicio de acueducto y alcantarillado para los desarrollos urbanísticos: Los Alpes, Bella Flor, Brisa del Volador, La Torre, El Paraíso y Recuerdo Sur.

Estrategias desarrolladas

Descripción del proceso ante la jurisdicción.

  • Adhesión a la apelación presentada por Dagoberto Bohórquez.
  • Participación en el Comité de Verificación celebrado el 30 de Enero de 2013.
  • Recurso de corrección ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de incluir a los coadyuvantes dentro del Comité de Verificación.
  • Recurso de reposición contra la decisión del Tribunal en negar el recurso de corrección.
  • Memorial que solicita se conforme audiencia especial para la verificación del cumplimiento de la sentencia.
  • Constante seguimiento procesal.

Actuaciones realizadas por el GAP en el manejo y solución del caso.

  • Derecho de petición dirigido a la EAAB, con el fin de reunirse con la comunidad y se muestre los adelantos en el cumplimiento de la sentencia, y además para que los habitantes expresarán sus queja e inquietudes.
  • Derecho de petición radicado en la EAAB para solicitar información acerca de la forma de pago de las facturas de alcantarillado y acueducto, y expresar que se sigue haciendo el pago del mismo cuando el servicio no es prestado.
  • Constantes reuniones con Germaín Guevara, líder comunitario y usuario más activo en este caso. Dichas reuniones han servido desde orientar la participación en el Comité de Verificación, resolver dudas y proyectar derechos de petición para adelantar el cumplimento de la sentencia.
  • Noticia para el micrositio del GAP.

Fallo de segunda instancia

  • El juez revisa en primer lugar algunos de los argumentos que contiene el recurso de apelación interpuesto por el señor demandante Dagoberto Bohórquez. Dentro del grupo de argumentos se destacan: primero que se desvinculo a la Gobernación de Cundinamarca con desconocimiento de que el municipio de Soacha pertenece por jurisdicción territorial al Departamento; segundo que la decisión de primera instancia no tuvo en cuenta todos los barrios de la Localidad Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha y solo tuvo en cuento un sector de la localidad; tercero que se viola el derecho a la igualdad pues el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito adelanto otra acción popular con las mismas características y la decisión fue favorable; cuarto que la situación de los barrios de Ciudad Bolívar no se genero de manera abrupta como dice el juez en primera instancia sino que es una situación que se  fue agravando y consolidando con el paso del tiempo.
  • Con respecto a la Gobernación de Cundinamarca dice el Juzgado  Son las entidades territoriales las que están encargadas de garantizar a los habitantes la prestación de los servicios públicos de conformidad con la ley y con aplicación de los principios de colaboración y subsidiariedad. Es así como los departamento juegan un papel relevante en la prestación de servicios.
  • La Sala dice que la prestación de servicios esta condicionada a los supuestos de eficiencia y oportunidad y que como se observa en el presente caso no se cumplen por la E.A.A.B., sin importar las actuaciones adelantadas por dicha empresa el servicio de acueducto no cubre las necesidades de los habitantes y el servicio de alcantarillado es inexistente, por lo tanto los derechos colectivos invocados en la demanda están siendo vulnerados.
  • La responsabilidad acerca de la garantía de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado le corresponde al Distrito Capital en los asentamientos cuya legalidad reconoció.
  • La Gobernación, en colaboración con el municipio y la E.A.A.B. debe llevar a cabo las actuaciones correspondientes a garantizar la prestación eficiente de los servicios de acueducto y alcantarillado en los barrios legalizados objetos de la acción. Lo anterior debe complementarse con la actuación de la CAR, quien es la entidades encargada de otorgar las licencias y los permisos necesarios para la realización de las obras de infraestructura.
  • La decisión de la sentencia apelada es revocada y se accede en forma parcial a la pretensiones de la demanda.

Experiencia al interior del grupo

A pesar de haberse fallado a favor de la comunidad, se ha convocado el Comité de Verificación integrado por el Actor Popular, la EAAB, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, Defensoría del Pueblo y el Juez de Primera Instancia; para cumplir efectivamente lo ordenado en la sentencia, lo cual hasta el momento no ha pasado.


 

Problemática

Vulneración de varios derechos colectivos en razón a la desprotección en general del Parque Bosque San Carlos, a la tala de árboles y el cambio de naturaleza del mismo a Parque Metropolitano.

Partes

  • Demandantes: Henry Jaramillo González y otros
  • Demandados: Bogotá D.C., Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital de ambiente, Instituto distrital para la recreación y el deporte, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, Departamento administrativo de la defensoría del espacio público, dirección de prevención y atención de emergencias, la firma SIMA LTDA y otros
  • Coadyuvantes: Juan Francisco Hoyos Soto, estudiante miembro del GAP. (2010-2011)

Derechos vulnerados

  • Medio ambiente sano, equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, conservación de especies y animales, así como su restauración o sustitución.
  • Protección de áreas de especial importancia ecológica.
  • Desarrollo sostenible.
  • La utilización y defensa de los bienes de uso público y cultural de la nación.
  • Derecho a la seguridad pública.
  • Derecho al espacio público.

Hechos

  • El parque Bosque San Carlos, es alterado en su equilibrio ecológico toda vez que las autoridades distritales han autorizado talas masivas en innecesarias en el mismo, así como una sustitución precaria del arbolado desconociendo su carácter de reserva forestal.
  • En 1997 el acuerdo No. 50 expedido por el Concejo de Bogotá, declara el bosque San Carlos como patrimonio ecológico de Bogotá. Luego, en el año 1999 mediante Acuerdo Distrital no. 01 expedido por el Concejo de Bogotá se lo declaró como parque natural y patrimonio ecológico de la ciudad de Bogotá; sin embargo, en el año 2000 a través del Decreto Distrital no. 619 fue transformado, en primer término, a parque urbano, y posteriormente en el años 2003, a parque metropolitano de conformidad con el Decreto Distrital no. 469. Estos dos últimos hechos van en contra de los intereses de la ciudad así como de la vida de este ecosistema, toda vez que su tratamiento de Parque Natural y Ecológico no podía ser alterado y menos aún reducida su área actualmente existente.
  • El IDRD realizó la construcción de un módulo administrativo el cual ocasionó un gran impacto ambiental en cuanto al hábitat de los árboles y del entorno del paisaje, quebrantándose el esquema natural y ecosistémico. Asimismo, se ha realizado el cerramiento en reja metálica en gran parte del área que comprende el actual parque metropolitano, así como también la construcción de un vivero destinado al cultivo de especies con el cual se busca sustituir los árboles de eucalipto que ya se encuentran sembrados.

Estrategias desarrolladas

  • Judicial: Interposición de una acción popular solicitando la protección de los derechos colectivos afectados, así como una coadyuvancia el 10 de julio de 2009 como GAP.
  • Extrajudicial: Se discutió el estado del bosque con los usuarios intercambiando ideas, documentos y fotografías. También se realizaron reuniones para lograr mayor cohesión entre las actividades realizadas por los accionantes y el acompañamiento jurídico del GAP.

Fallo o sentencia

  • Confirma el fallo del juzgado sexto administrativo del circuito de Bogotá, el cual ordenó tutelar los derechos colectivos.  De esta forma, ordena al Departamento Administrativo Distrital y a Defensoría del Espacio Público realizar los procedimientos necesarios para aclarar la titularidad de los bienes que hacen parte del Bosque San Carlos.
  • Asimismo, se ordena al IDRD que la zona del parque que sirve como vivero sea reintegrado al mismo y su administración quede en cabeza de la comunidad. Finalmente, se conmina a la Secretaría Distrital de Ambiente, al Jardín Botánico José Celestino Mutis y al IDRD adoptar de manera coordinada y con sujeción a los lineamientos técnicos dictados para el parque y la normatividad vigente, todas las medidas necesarias para garantizar que las especies arbóreas a plantar en sustitución de las taladas cumpla con las especificaciones técnicas señaladas en el Protocolo Distrital de Restauración Ecológica.

Experiencia al interior del grupo

Fue de vital importancia para el grupo la experiencia en este proceso, pues se tuvo la oportunidad de acompañar a la comunidad aledaña al bosque San Carlos que resultó afectada y se logró una sentencia favorable que tutelara sus derechos colectivos.

Sentencia

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Problemática

Incumplimiento de la normatividad legal referente a contaminación auditiva, especificamente la resolución 0627 del 2006, la Resolución 6919 del 2010 y la Ley 232 de 1995, por parte de diferentes establecimientos de comercio ubicados en el barrio las Ferias, localidad de Engativá, ciudad de Bogotá.

Partes

  • Demandantes: Fanny Vargas Ayala (Representante de la Comunidad del Barrio Ferias).
  • Demandados: Alcaldía Local de Engativá, Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, Policía Metropolitana.

Derechos vulnerados

  • Derecho al medio Ambiente Sano
  • Derecho al control ambiental en materia de emisión de ruido.
  • Derecho a la salud.

Hechos

  • En el año 2000, se abrieron varios establecimientos de comercio en el Barrio las Ferias, ubicados entre la carrera 68 con calle 79, los cuales generan un ruido que perturba a todos los vecinos del sector.
  • La comunidad ante esta problemática ha presentado diferentes solicitudes a la Alcaldia Local de Engativa y a la Inspeccion de Policia, esto ha sido mediante diferentes derechos de petición y llamados a la linea de atencion de la policia nacional, los cuales han hecho caso omiso frente a esta situación. 
  • La Alcaldía de Engativa en la mayoria de sus respuestas a las solicitudes de la comunidad ha manifestado que la competencia para darle solución a esta situación recae en la Secretaria distrital de Medio Ambiente.
  • La secretaria de Medio Ambiente se ha encargado de realizar las mediciones correspondientes al nivel de ruido de cada uno de los establecimientos, dando a conocer el incumplimiento en el nivel de decibeles de los mismos, a pesar de esto y del evidente incumplimiento de los establecimientos de la normatividad no se ha tomado medidas efectivas para darle solucion a la problemática.
  • Esta situación ha afectado a toda la comnidad del barrio las Ferias pero ha afectado especificamente la salud del hijio de Doña Fanny el menor Angel Santiago, el cual fue diagnosticado con una perdida auditiva con motivo a los excesivos niveles de ruido a que se ve expuesto.
  • En 2013 se hacen trabajos para iniciar una acción de cumplimiento. En primera instancia el juzgado decimo Administrativo dictó sentencia favorable a la Comunidad, exigiéndole  a los demandados el cumplimiento de la normatividad. 
  • Por otro lado se instauró una acción de tutela con el fin de darle protección al Derecho fundamental a la salud de un menor, la cual fue negada en primera instancia. En segunda instancia tutelaron el derecho fundamental a la salud.

Estrategias desarrolladas

  • Pedagógicas: Se mantiene un contacto directo con la comunidad, con el fin de explicarle cada etapa del proceso y hacerla participe del mismo.
  • De medios: Se hicieron diferentes boletines de prensa que fueron escogidos por los medios nacionales y fue noticia a nivel nacional, dando a conocer el incumplimiento por parte de las entidades de las decisiones judiciales.
  • Judicial: Interposición de una acción de cumplimiento con el fin de darle un cumplimiento efectivo a la normatividad vigente en materia de ruido y se interpuso una acción de tutela con el fin de proteger y garantizar el derecho a la salud del menor y al medio Ambiente Sano de la comunidad.

Fallo o sentencia

Con respecto al fallo este ordenó:

  • Tutelar los derechos fundamentales a la salud y al medio ambiente sano.
  • Ordenó al Alcalde de Engativa que dentro de los siguientes 8 dias, adoptará todas las medidas administrativas y policivas que sean necesarias para hacer cumplir el articulo 2 de la Ley 232 de 1995 y demas disposiciones legales. Tales medidas debía realizarlas de forma coordinada con la Secretaria Distrital de Ambiente.

Experiencia al interior del grupo

Fue un caso muy interesante debido a que se utilizaron diferentes mecanismos de protección, como fueron la Acción de Tutela y la Acción de Cumplimiento. Igualmente, se radicaron diferentes derechos de petición. Es un caso en el cual se tuvo que buscar la materialización del derecho, llevando cada una de las acciones hasta la ultima instancia posible. La Comunidad es muy activa, siempre atentos a su caso y dar sugerencia de cómo se debe proceder.

 

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