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GAP - Grupo de Acciones Públicas

Casos emblemáticos

Impacto nacional

 

Problemática

En 1989, debido a la falta de diligencia de la planta industrial de la empresa Dow Química, tuvo lugar un derrame de Lorsban, un químico altamente contaminante, en la bahía de Cartagena en la zona del Mamonal. Ésta circunstancia generó un grave daño ecológico y en consecuencia la afectación al bien colectivo medio ambiente sano.

Partes

Acción de tutela interpuesta por la Fundación para la Defensa del Interés Público –Fundepúblico- y Carmenza Morales Brid contra la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

Derechos vulnerados

Medio ambiente sano.

Hechos

  • En el año 2012 el Juzgado 4° Civil del Circuito de Cartagena falló en primera instancia condenando a la empresa Dow Química al encontrar probado el daño ecológico por el derrame de Lorsban.
  • Dow Chemical apeló la decisión ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, el cual revocó la sentencia de primera instancia.
  • Fundepúblico presentó recurso extraordinario de casación, que fue negado por el Tribunal el 8 de agosto de 2013.
  • Carmenza Morales Brid y Fundepúblico presentaron una acción de tutela contra la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena, pero tanto la Sala Civil como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia negaron las pretensiones de la acción de tutela al no haber sido una acción inmediata.
  • La Corte Constitucional seleccionó esta tutela para revisión y profirió la sentencia T-080 de 2015.

Estrategias desarrolladas

Estrategia jurídica: El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario intervino exitosamente en la instancia de revisión de la acción de tutela. Mediante su intervención el GAP coadyuvó la solicitud de la demandante Carmenza Morales Brid, en la cual se refirió a (i) el carácter indemnizatorio de la acción popular (ii) la aplicabilidad de la Ley 472 de 1998 a los hechos materia del proceso, y (iii) a los efectos del daño ambiental como de tracto sucesivo.

Fallo o sentencia

La sentencia T-080 de 2015 fue favorable a las pretensiones de los demandantes, confirmó el fallo de primera instancia y condenó a la empresa Dow Química de Colombia al pago de perjuicios por daño ecológico en virtud del derrame de Lorsban. Dentro de los argumentos de la Corte Constitucional se encuentran:

  • La inmediatez para una acción de tutela no puede ser fijada por medio de un plazo específico, pues la misma se debe analizar dentro de cada caso y sus particularidades.
  • La recuperación del entorno en este caso de medio ambiente sano no fue acreditada, mientras que si lo fueron el daño al medio ambiente y la negligencia de la empresa, por lo que hubo valoración indebida de las pruebas.
  • La Corte Constitucional encontró probado el daño ambiental de acuerdo con los principios rectores en materia ambiental, al considerar que no hace falta tener certeza sobre las consecuencias específicas del daño, ni tener una prueba directa y absoluta de su causa, sino construir indicios suficientes y razonables de que este daño existió.

El fallo ordenó el restablecimiento del bien colectivo afectado, es decir el medio ambiente de la bahía de Cartagena, obligación a cargo de Dow Química en virtud del principio “el que contamina paga”, debiendo destinar un monto económico a programas de saneamiento ambiental de la bahía de Cartagena u otros ecosistemas de similares características.

Sentencia

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Problemática

Vulneración del derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad raizal con la construcción de un spa en la Isla de Providencia.

Partes

Acción de tutela interpuesta por Zully Amparo Archbold Archbold y Jennifer Archbold contra Ministerio de Interior, el Departamento de San Andrés Islas, la Corporación Autónoma Regional – Coralina, como autoridad ambiental de la Isla y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Derechos vulnerados

Derechos fundamentales a la consulta previa y a la integridad cultural de los integrantes de la comunidad étnica raizal que habita la isla de Providencia.

Hechos

  • En el 2011, la Nación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas deciden realizar el proyecto de Spa en Providencia.
  • El 30 Julio de 2013, la comunidad raizal interpuso un derecho de Petición, puesto que, la construcción del proyecto ya se había adelantado sin haberse agotado la debida consulta previa a dicha comunidad.
  • Ante la negativa de realizar la consulta previa, la comunidad raizal interpuso acción de tutela, con el fin de que se le ampararan los Derechos Fundamentales a la Consulta Previa y a la Integridad Cultural de los Grupos Étnicos.

Estrategias desarrolladas

Estrategia jurídica: El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario asesoró a la comunidad raizal para la presentación de la acción de tutela, igualmente, intervino ante la Sala de Revisión de Corte Constitucional.

Estrategia de medios: En este caso fue muy importante la estrategia de medios pues sirvió para dar a conocer los derechos de la Comunidad Raizal como comunidad étnica.

Fallo o sentencia

La sentencia T-800 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) revocó el fallo de segunda instancia y en su lugar, ordenó amparar los derechos fundamentales de la accionante, de la siguiente manera:

  • Ordenó Suspender las obras de “Spa Providencia”
  • Ordenó adelantar un proceso de consulta en orden a establecer la afectación que el proyecto puede causar en la integridad cultural, social y económica de las comunidades.
  • Ordenó al Municipio de Providencia abstenerse de permitir medidas administrativas en territorios habitados por raizales sin agotar el requisito de consulta previa.
  • Ordenó exhortar al Ministerio del Interior a capacitar a los integrantes de la comunidad raizal sobre los impactos del proyecto “Spa Providencia”

Sentencia

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Problemática

Vulneración de varios derechos colectivos debido al mal manejo de basuras en San Andrés Islas.

Partes

Acción popular interpuesta por María Lucía Torres Villarreal e Iván Andrés Páez Páez contra Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la Gobernación del Departamento como máxima autoridad del ente territorial; Trash Busters S.A. E.S.P, empresa encargada del servicio público de aseo (incluido el tema de la recolección y disposición final de los residuos sólidos); y la Corporación Autónoma Regional – Coralina, como autoridad ambiental de la Isla

Derechos vulnerados

Medio ambiente sano, equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, conservación de especies y animales, protección de áreas de especial protección ecológica; Derecho al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; Derecho a la seguridad y prevención de desastres.

Hechos

  • En 1975 el departamento de San Andrés y Providencia y Santa Catalina estructuró un plan de limpieza sin que se contemplara u tratamiento para los residuos sólidos.
  • En 1983 se dispuso un relleno sanitario para los residuos sólidos de la isla.
  • La empresa Trash Busters S.A. E.S.P. era la encargada de la operación del relleno sanitario pero ante su defectuoso servicio e inadecuado manejo de los residuos sólidos se le impusieron una serie de multas.
  • Ante la situación el Departamento elaboró un proyecto para asumir el manejo de las basuras a lo cual el fondo nacional de regalías destinó $1’113.000.000 de pesos pero ante la inejecución del propósito al que fueron destinados estos recursos, la comunidad interpuso una acción popular y otras acciones.
  • Los fallos fueron a favor de la comunidad sin embargo no fueron cumplidos por lo cual la situación ambiental se tornó muy grave y compleja.

Estrategias desarrolladas

Estrategia jurídica: El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario interpuso una acción popular desde la perspectiva del impacto ambiental y la violación a los derechos colectivos derivada del mismo.

Fallo o sentencia

En este caso el GAP logró llegar a Pacto de Cumplimiento en la audiencia destinada para lo mismo, en esta se llegaron a los siguientes compromisos

  • La entidad territorial se comprometió a adecuar las vías de acceso a la zona de disposición final así como a pavimentar la vía.
  • Trash Busters se comprometió construir canales perimetrales para aguas lluvias en la zona occidental y a retirar las basuras que se encontraban en la geo membrana. Además se comprometió a dejar los residuos sólidos en el lugar de disposición.

La Sentencia Aprobatoria de Pacto de Cumplimiento finalizó con un cronograma de actividades y ordenó la realización de comités de verificación.

Sentencia

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Problemática

La construcción de varias lagunas de oxidación o lagunas de estabilización sin realizar ningún acercamiento ni agotar el procedimiento de la consulta previa con la comunidad indígena.

Partes

Acción popular interpuesta por Bartolo Poveda González contra Aguas de la Península S.A. E.S.P y el Municipio de Maicao-La Guajira.

Derechos vulnerados

Medio ambiente sano; Salubridad Pública; Diversidad Étnica; Territorio; Consulta Previa; Participación de las comunidades indígenas

Hechos

  • El Municipio de Maicao a fin de darle tratamiento las aguas residuales, participó en un acuerdo para construir varias lagunas de oxidación o lagunas de estabilización.
  • En 1986 se comenzó la construcción de la laguna sin ningún tipo acercamiento ni consulta previa con la comunidad indígena.
  • El vertimiento de aguas negras causó graves afectaciones a la comunidad pues los pozos donde los Wayuu almacenaban aguas en tiempo de sequía se contaminaron con las aguas negras, generando serios problemas de salubridad.
  • En 1993 la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpo-guajira) expidió́ la Resolución número 000031, en la cual requirió́ al municipio mencionado para que no continuara con el vertimiento de aguas anteriormente descrito.
  • Posteriormente, a finales del 2000, el Municipio y Aguas de la Península S.A. E.S.P. realizaron un contrato de concesión, para que esta última se hiciera responsable de manera temporal “... por su cuenta y riesgo, [de] la financiación, operación, administración y prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y sus actividades complementarias, así como la construcción, rehabilitación, optimización, expansión, reposición y mantenimiento de los sistemas destinados a la gestión y prestación de los mismos servicios públicos”.

Estrategias desarrolladas

  • Estrategia jurídica: El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario interpuso una acción popular por la violación de los derechos de la comunidad étnica.
  • Estrategia pedagógica: Para este caso la estrategia pedagógica fue fundamental pues permitió capacitar a la comunidad en sus derechos logrando que se empoderaran frente al caso.

Fallo o sentencia

El Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira conoció caso, este declaró al Municipio de Maicao y a Aguas de la Península S.A. E.S.P. directamente responsables por omisión, al no haber tomado las medidas necesarias frente a la vulneración de los derechos de los indígenas a causa de la laguna; así́ mismo, ordenó el cierre definitivo de esta y su inmediata reubicación. La Sentencia fue apelada, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, confirmó las ordenes de primera instancia el día dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010).

Sentencia

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Problemática

Vulneración de derechos colectivos por aprobación de la introducción y comercialización de una variedad de algodón genéticamente modificado sin estudios científicos ni de bioseguridad.

Partes

Acción popular interpuesta por Beatriz Londoño Toro y Erika Joullieth Castro Buitrago contra La Nación, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario.

Derechos vulnerados

Vulneración y amenaza al derecho a la salud, a la soberanía y a la seguridad alimentaria; Derecho a un Medio Ambiente Sano; Riesgos Ambientales, de salubridad pública y socioeconómica; Moralidad Administrativa; Derechos de los Consumidores.

Hechos

  • En abril de 1999 la Compañía Monsanto Colombiana INC presentó al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) solicitud para introducir, producir y comercializar en Colombia una variedad de algodón genéticamente modificado.
  • El 22 de septiembre de 1999 el ICA presentó al Consejo Técnico Nacional de Bioseguridad Agrícola (CTN) el documento de evaluación de riesgos potenciales de la variedad de algodón que se pretendía introducir y comercializar, fecha en la que el CNT recomendó a Monsanto realizar ensayos de campo, que se llevaron a cabo en coordinación con el ICA y el mismo CNT en el seno del Centro de Investigaciones Agropecuarias Turipaná de CORPOICA en Cereté, Cordoba.
  • Existió una oposición del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fundamentada en la necesidad de evaluar más a fondo las implicaciones del uso de esa tecnología y consideró necesario hacer estudios a mayor escala, sin que se realizara ninguna actuación por las partes.
  • El 10 de mayo de 2002 el ICA expide la resolución 1033 por la cual autoriza la importación hasta de 50.000 kilogramos de semillas de algodón de esa variedad con destino a ensayos semicomerciales de 2.000 hectáreas, sin tener en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Ambiente.

Estrategias desarrolladas

Estrategia jurídica: El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario interpuso una acción popular por la violación de los derechos mencionados.

Este caso es de vital importancia pues fue la primera discusión jurídica sobre el tema de transgénicos en Colombia, por lo que pese a la decisión final de revocar la sentencia de primera instancia, se logró avanzar en la necesidad de rigurosas evaluaciones de bioseguridad y la licencia ambiental como garantía de un proceso participativo que permita al Estado evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos de la biotecnología.

Fallo o sentencia

En la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió proteger los derechos al Medio Ambiente Sano, Salud pública, libertad de consumo y moralidad administrativa, suspendiendo los efectos de la resolución.

La anterior providencia fue apelada y en sede del Consejo de Estado se denegaron las pretensiones de la demanda respecto de la omisión administrativa al no exigir licencia ambiental en el caso concreto.

En una posterior acción ante los jueces administrativos de Bogotá se determinó que había operado el fenómeno de la cosa juzgada.

Sentencia

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Problemática

La empresa Ecopetrol decidió, dentro del programa de producción incremental de crudos del campo de Castilla, que para el manejo y transporte de crudos pesados, éstos debían ser diluidos con Nafta. Por lo anterior, se hacía necesaria la construcción de un sistema de transporte de nafta que permitiera a futuro trasladar determinados volúmenes de este componente desde la terminal de almacenamiento de Tocancipá (Cundinamarca) hasta el Campo de castilla (Meta).

Partes

Participación activa de todo el Grupo de Acciones Públicas

Derechos vulnerados

  • Derecho colectivo al Medio Ambiente Sano y Protección de ecosistemas, recursos hídricos y forestales.

Hechos

  • La Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), dentro del programa de producción incremental de crudos pesados del Campo Castilla, decidió que para el manejo y transporte de los crudos pesados, éstos debían ser diluidos con nafta, en una proporción de 80% crudo y 20 % nafta, para su transporte desde la Estación Castilla hasta la Estación Porvenir, siendo necesaria la construcción de un sistema de transporte de nafta que permitiera a futuro transportar volúmenes del orden de 65.000 Bb./día de nafta desde la actual terminal de almacenamiento de Tocancipá, en el departamento de Cundinamarca, hasta el Campo Castilla, en el departamento del Meta, con una longitud aproximada de 167 Km, en tubería de 12 pulgadas de diámetro.
  • - El naftaducto pasaba por medio de un terreno de propiedad de Jack Rotlewitcz, titular de la reserva natural de la sociedad “Villa Paz”, usuario que contactó al GAP para que la clínica jurídica llevara el caso.

Estrategias desarrolladas

  • Estrategia jurídica: El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario presentó derechos de petición.
  • Estrategia pedagógica: Acompañamiento a la comunidad con el fin de empoderarla y permitirle participar como tercero interviniente en el proceso de licenciamiento ambiental.
  • Trabajo con comunidades y autoridades locales y departamentales que permitió alertar sobre el impacto y los riesgos que conllevaría la ejecución del proyecto de Ecopetrol para los derechos colectivos e individuales

Logro

Suspensión de la licencia ambiental.

 

Problemática

Vulneración de los derechos de los adultos mayores a causa de la falta de aplicación de las Leyes 1091 de 2006, 700 de 2001 y 1171 de 2007 por parte de la Superintendencia de Salud, Superintendencia Financiera, Ministerio de Transporte y Ministerio de la Protección Social, en adelante, Ministerio de Salud y Protección Social.

Partes

Acción popular interpuesta por Lina Moreno Mora y Jorge Ricardo Sarmiento contra Presidencia de la República, Ministerio de Salud y de Protección Social y la Superintendencia Financiera de Colombia.

Derechos vulnerados

Acceso a la prestación de servicios públicos de forma eficiente y oportuna y Derecho a la salud

  • Derecho a la salud.

Hechos

  • Con la expedición de la Ley 1091 de 2006, se estableció que toda persona mayor de 65 años y residente del país, es ciudadano de oro, debiendo realizar la solicitud ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
  • La Ley 1171 de 2007 concede a las personas mayores de 62 años, ciertos beneficios para garantizar sus derechos a la educación, recreación, salud y propiciar un mejoramiento en sus condiciones generales.
  • Las leyes de protección a los adultos mayores no se cumplen en Colombia, razón por la cual fue necesario iniciar una acción popular tendiente a lograr la expedición de la tarjeta del ciudadano de oro.

Estrategias desarrolladas

  • Estrategia jurídica: El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario interpuso una acción popular por la violación de los derechos mencionados.
  • Pedagógicas: Se hicieron capacitaciones en las cuales explicaban a los adultos mayores cuáles eran sus derechos y deberes, qué leyes estaban encaminadas a la protección de sus derechos y con cuáles mecanismos de defensa contaban.

Fallo o sentencia

La sentencia de segunda instancia, ordenó amparar el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; al Ministerio de Salud y Protección Social que dentro del término de seis meses expida el marco reglamentario bajo el cual se desarrolle el programa “Colombiano y Colombiana de Oro”; que las entidades accionadas sigan adelantando medidas pertinentes que permitan la garantía, seguridad y eficiencia de la prestación de los servicios públicos.

Impacto local

 

Problemática

El Barrio Obrero se encuentra catalogado como una zona de silencio debido a la presencia del Hospital Departamental y de la Clínica Villareal, a pesar de esto, hay establecimientos de comercio y residencias en la zona que generan un ruido superior a los decibeles permitidos tanto por el POT que la catalogada como zona residencial, como por la Ordenanza 013 de 2008, que la determina como zona de silencio. Con la vulneración ambiental por contaminación auditiva que se produce en el barrio, se encuentran vulnerados el derecho a la salud de los pacientes del Hospital y de la Clínica; el derecho al medio ambiente sano de la comunidad; al equilibrio ecológico y el derecho a la seguridad y salubridad pública de todos de los habitantes del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, como Reserva Universal de la Biosfera Seaflower.

Partes

La demanda fue presentada por Juan David Camayo Batist y otros contra CORALINA –Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Policía Nacional y Gobernación Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Derechos vulnerados

Derecho colectivo al Goce a un ambiente sano, a la existencia de un equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales; la protección de áreas de especial importancia ecológica; y la seguridad y salubridad pública.

Hechos

  • El 18 de noviembre de 2008 la Asamblea Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, emitió la Ordenanza 013 de 2008, la cual declara como zona de tranquilidad y silencio las áreas aledañas a los centros hospitalarios, dentro de un radio de 300 metros a la redonda, que se circunscriben a partir del predio.
  • El 27 de diciembre de 2012 el director del Departamento de Planeación dio respuesta a solicitud 19920 del 30 de agosto de 2012 sobre usos del suelo del Barrio Obrero. Se explica que por tratarse de una zona residencial, el comercio a desarrollarse se debe orientar a evitar la degradación del área por presencia de actividades impactantes, a estabilizar los usos del comercio y servicios de escala intermedia y a preservar la armonía con los usos de vivienda.
  • Pese a la normativa frente al uso del suelo, el Barrio Obrero contaba con un gran número de bares que excedían los niveles permitidos de ruido, generando contaminación auditiva y violando el derecho a la intimidad, especialmente por la presencia de hospitales en zonas aledañas a los bares.
  • La acción popular fue fallada a favor de los demandantes y se ordenó regular el uso de los pick ups, incluso en toda la isla.

Estrategias desarrolladas

  • Estrategia jurídica: El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario presentó acción popular.

Logro

El trabajo con comunidades y autoridades permitió alertar sobre el impacto y los riesgos de la contaminación auditiva, por esto, la sentencia fue más allá de las pretensiones iniciales buscando regular el uso de los pick ups en toda la isla.

 

Problemática

Incumplimiento de la normatividad legal referente a contaminación auditiva por parte de diferentes establecimientos de comercio ubicados en el barrio Restrepo, localidad de Antonio Nariño, ciudad de Bogotá.

Partes

La tutela fue presentada por Lucio Rodríguez Arévalo contra Alcaldía Local de Antonio Nariño, Secretaría Distrital de Ambiente y la Policía Metropolitana de Bogotá.

Derechos vulnerados

Derecho colectivo al goce a un ambiente sano y el derecho a la salud.

Hechos

  • Durante varios años los habitantes del barrio Restrepo de la localidad de Antonio Nariño, han debido soportar el ruido que proviene de varios establecimientos comerciales que se han abierto en la zona, lo que ha ocasionado grandes niveles de contaminación auditiva.
  • Esta situación ha afectado a todos los habitantes del barrio Restrepo, especialmente a Don Lucio, adulto mayor de 75 años, quien fue diagnosticado con pérdida auditiva asociada a altos niveles de ruido e hipertensión.
  • En febrero de 2015 se interpuso una acción de cumplimiento ante el Juzgado Octavo Administrativo quién negó las pretensiones. Posteriormente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, conoció de la apelación del falló y revocó la sentencia por considerar improcedente la acción y establecer como mecanismo idóneo la acción popular.
  • - Por otro lado, se instauró una acción de tutela con el fin de darle protección al Derecho fundamental a la salud del adulto mayor, la cual fue negada en primera instancia. En sede de revisión tutelaron el derecho fundamental a la salud y se adoptó la tutela como mecanismo transitorio a la espera del fallo de la acción popular interpuesta en 2007.

Estrategias desarrolladas

  • Estrategia jurídica: El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario presentó acción de tutela. Estrategia pedagógica: Pedagógicas: Se mantiene un contacto directo con la comunidad, con el fin de explicarle cada etapa del proceso y hacerla participe del mismo.

Sentencia o Fallo

  • El fallo de tutela ordenó principalmente conceder transitoriamente la acción de tutela para proteger el derecho fundamental a la salud en conexidad con el derecho al medio ambiente sano, conformar una mesa interinstitucional con el fin de mitigar a corto plazo la contaminación auditiva que se presenta en el barrio Restrepo, demás acciones tendientes a la protección al derecho fundamental a la salud del señor Lucio Rodríguez.

Sentencia

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Problemática

Situación de riesgo para la comunidad San Luis (Km 4 y 5 de la vía que de Bogotá conduce a la Calera), debido a un cruce peatonal ubicado en una curva que ponía en peligro la vida de toda la comunidad.

Partes

La demanda fue presentada por Guillermo Acuña Montes y Álvaro Sarmiento Guacaneme contra Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Alcaldía local de Usaquén, la Alcaldía local de Chapinero y la Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte.

Derechos vulnerados

Derecho a la seguridad y salubridad pública; al acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública; y a la prevención de desastres técnicamente previsibles.

Hechos

  • En octubre de 1994 la Comunidad de San Luis interpone un derecho de petición a las autoridades locales solicitando que de forma urgente se construyera un puente peatonal en la zona reseñada como peligrosa.
  • El 16 de diciembre de 1994 la autoridad contestó que efectivamente se estaban realizando los estudios topográficos para la ejecución del puente y que estaban próximos a la ejecución del proyecto.
  • En 1999 cinco años después, el 9 de marzo, un movimiento cívico conformado por medio de la comunidad, acordó que la ejecución de dicho proyecto quedaría dentro del presupuesto de las localidades de Chapinero, Usaquén y el IDU.
  • El acuerdo fue incumplido y el 11 de febrero de 2011 de febrero las autoridades de Chapinero y Usaquén se comprometieron a enviar la disponibilidad presupuestal acordada y a tener el puente para el 30 de Septiembre.

Estrategias desarrolladas

  • Estrategia jurídica: El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario presentó acción popular frente al incumplimiento de las entidades demandadas la cual se presentó con un carácter eminentemente preventivo y su finalidad era eliminar el riesgo de accidentalidad. Tuvo como fundamento la posible vulneración de la seguridad y la falta de acceso a una infraestructura óptima.

Sentencia o Fallo

El 15 de julio de 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia acogiendo las pretensiones presentadas por el GAP y se aceptó, de conformidad con las pruebas allegadas, que existía un riesgo para los peatones en el Km. 5 de la vía a la Calera y concluyó que la única solución eficaz es la construcción de un puente peatonal. Así el cumplimiento de la construcción del mismo estaría a cargo del IDU y para ello le ordenó llevar a cabo las gestiones necesarias.

El 18 de abril de 2006 el Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia reiterando la necesidad de construir un puente peatonal de manera que confirmó integralmente la sentencia de primera instancia.

Sentencia

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Problemática

Invasión del espacio público y de los espacios peatonales ocasionada por los talleres de mecánica y establecimientos afines, que ejercían su labor sin contar con instalaciones afines.

Partes

La demanda fue presentada por Diana Cristina Medina Cartagena, Lina María Escobar Villegas y Alejando Archila Castaño contra Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Alcaldía local de Usaquén, la Alcaldía local Barrios Unidos, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá y el Departamento Administrativo de la Defensa del Espacio Público.

Derechos vulnerados

Derecho al goce de un Medio Ambiente Sano; Goce al espacio público; Derecho a la Seguridad y Salubridad públicas; Prevención de desastres técnicamente previsibles y Moralidad Administrativa.

Hechos

  • En el barrio Quinta de Mutis existen talleres de reparación de motos que invaden el espacio público y contaminan el medio ambiente, además de amenazar la seguridad de los vecinos. En este barrio la principal actividad es residencial.
  • Los talleres de mecánica y establecimientos afines que se han instalado no cumplen con los requisitos establecidos en la ley para este tipo de establecimientos.
  • Mediante derechos de petición y reclamos, esta situación fue puesta en conocimiento de las entidades locales, las cuales se limitaron a realizar inspecciones oculares, no respecto de todos los establecimientos dedicadas a las labores relacionadas o conexas con la mecánica de motocicletas y automóviles, sino únicamente respecto de algunos. También se diligenciaron actas de compromiso, que no dieron resultado.

Estrategias desarrolladas

Estrategia jurídica: El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario presentó acción popular. Se encaminó en su accionar a probar tanto la invasión del espacio público por parte de los talleres de mecánica y afines, como la contaminación del ambiente por el ruido ocasionado por dicha actividad.

Sentencia o Fallo

El Consejo de Estado amparó los derechos colectivos invocados en la acción popular y solicitó a la Alcaldía Local de Barrios Unidos se adoptaran las medidas policivas y administrativas necesarias de todo orden, para recuperar sin dilación alguna y en un plazo máximo de 3 meses, el espacio público invadido en el Barrio Quinta de Mutis.

Sentencia

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Problemática

Los Barrios que hacen parte de la Localidad 19 de Ciudad Bolívar no cuentan con la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Las autoridades distritales no han cumplido con las obligaciones que contiene la ley al respecto, violando el mandato constitucional sobre los fines esenciales del Estado Social de Derecho. El Distrito alega que no cumple con dichas obligaciones pues los barrios objeto de la Acción son ilegales o subnormales, pues no cumplen con las exigencias técnicas y de infraestructura que exige la ley para poder prestar los servicios públicos en óptimas condiciones.

Partes

La demanda fue presentada por Dagoberto Bohórquez contra Empresa de acueducto y alcantarillado; Alcaldía Mayor de Bogotá; Gobernación de Cundinamarca; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Derechos vulnerados

Derecho al goce de un Medio Ambiente Sano; Infraestructura de Servicios Públicos que garanticen la Salubridad pública; Derecho al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

Hechos

  • La localidad 19 de Ciudad Bolívar y algunos barrios del municipio de Soacha (vereda Tierra Colorada, Brisas del Volador parte alta, Tabor Alta Loma, Recuerdo Sur parte alta, Alpes, Villa Flor, vereda El Verbenal, Brisas del Volador, La Torre, El Edén, Paraíso, Volador parte alta y El Recuerdo), no cuentan con servicio de alcantarillado y acueducto, con la agravante que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), cobra por estos servicios.
  • - La EAAB y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, han evadido sus responsabilidades alegando la ilegalidad de los barrios. En este mismo sentido, la empresa acepta que los barrios que se encuentran encima de la cota del Barrio Los Alpes, donde se encuentra el tanque, no tienen acceso al agua por la falla en el sistema de bombeo.
  • - Se presentó acción popular con el fin de garantizar los derechos frente al servicio público domiciliario de acueducto y el de alcantarillado.

Estrategias desarrolladas

Estrategia jurídica: El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario se hizo parte del proceso de acción popular en la apelación presentada por el demandante.

Estrategia medios: Para este proceso se ha utilizado fuertemente la estrategia de medios, buscando el cumplimiento de la sentencia.

Sentencia o Fallo

La acción popular número 2007-00186-01 ordeno garantizar el servicio de acueducto y alcantarillado para los desarrollos urbanísticos: Los Alpes, Bella Flor, Brisa del Volador, La Torre, El Paraíso y Recuerdo Sur.

Problemática

Vulneración de varios derechos colectivos en razón a la desprotección en general del Parque Bosque San Carlos, a la tala de árboles y el cambio de naturaleza del mismo a Parque Metropolitano.

Partes

La demanda fue presentada por Henry Jaramillo González y otros contra Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría Distrital de ambiente, Instituto distrital para la recreación y el deporte, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, Departamento administrativo de la defensoría del espacio público, dirección de prevención y atención de emergencias, la firma SIMA LTDA y otros.

Derechos vulnerados

Derecho al Medio ambiente sano, equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, conservación de especies y animales, así como su restauración o sustitución; Protección de áreas de especial importancia ecológica; Desarrollo sostenible; La utilización y defensa de los bienes de uso público y cultural de la nación; Derecho a la seguridad pública; Derecho al espacio público.

Hechos

  • El parque Bosque San Carlos, es alterado en su equilibrio ecológico toda vez que las autoridades distritales han autorizado talas masivas en innecesarias en el mismo, así como una sustitución precaria del arbolado desconociendo su carácter de reserva forestal.
  • En 1997 el acuerdo No. 50 expedido por el Concejo de Bogotá, declara el bosque San Carlos como patrimonio ecológico de Bogotá. Luego, en el año 1999 mediante Acuerdo Distrital no. 01 expedido por el Concejo de Bogotá se lo declaró como parque natural y patrimonio ecológico de la ciudad de Bogotá; sin embargo, en el año 2000 a través del Decreto Distrital no. 619 fue transformado, en primer término, a parque urbano, y posteriormente en el años 2003, a parque metropolitano de conformidad con el Decreto Distrital no. 469. Estos dos últimos hechos van en contra de los intereses de la ciudad así como de la vida de este ecosistema, toda vez que su tratamiento de Parque Natural y Ecológico no podía ser alterado y menos aún reducida su área actualmente existente.
  • El IDRD realizó la construcción de un módulo administrativo el cual ocasionó un gran impacto ambiental en cuanto al hábitat de los árboles y del entorno del paisaje, quebrantándose el esquema natural y ecosistémico. Asimismo, se ha realizado el cerramiento en reja metálica en gran parte del área que comprende el actual parque metropolitano, así como también la construcción de un vivero destinado al cultivo de especies con el cual se busca sustituir los árboles de eucalipto que ya se encuentran sembrados.

Estrategias desarrolladas

  • Estrategia jurídica: Interposición de una acción popular solicitando la protección de los derechos colectivos afectados, así como una coadyuvancia el 10 de julio de 2009 como GAP.
  • Estrategia pedagógica: Se discutió el estado del bosque con los usuarios intercambiando ideas, documentos y fotografías. También se realizaron reuniones para lograr mayor cohesión entre las actividades realizadas por los accionantes y el acompañamiento jurídico del GAP.

Sentencia o Fallo

La acción popular falló a favor de las pretensiones del Grupo de Acciones Públicas y de la Comunidad, ordenando la protección del Bosque y permitiendo que el mismo fuera administrado por la comunidad.

Sentencia

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Problemática

Incumplimiento de la normatividad legal referente a contaminación auditiva, específicamente la resolución 0627 del 2006, la Resolución 6919 del 2010 y la Ley 232 de 1995, por parte de diferentes establecimientos de comercio ubicados en el barrio las Ferias, localidad de Engativá, ciudad de Bogotá.

Partes

La demanda fue presentada por Fanny Vargas Ayala contra Alcaldía Local de Engativá, Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, Policía Metropolitana.

Derechos vulnerados

Derecho al goce de un Medio Ambiente Sano; Salud y control ambiental en materia de emisiones de ruido.

Hechos

  • En el año 2000, se abrieron varios establecimientos de comercio en el Barrio las Ferias, ubicados entre la carrera 68 con calle 79, los cuales generan un ruido que perturba a todos los vecinos del sector.
  • La comunidad ante esta problemática ha presentado diferentes solicitudes a la Alcaldía Local de Engativá y a la Inspección de Policía, esto ha sido mediante diferentes derechos de petición y llamados a la línea de atención de la policía nacional, los cuales han hecho caso omiso frente a esta situación.
  • Esta situación afectó a toda la comunidad del barrio las Ferias, especialmente al menor de edad Ángel Santiago, el cual fue diagnosticado con una pérdida auditiva con motivo a los excesivos niveles de ruido a que se ve expuesto.

Estrategias desarrolladas

  • Estrategia jurídica: En 2013 se hacen trabajos para iniciar una acción de cumplimiento. En primera instancia el juzgado Décimo Administrativo dictó sentencia favorable a la Comunidad, exigiéndole a los demandados el cumplimiento de la normatividad.

Por otro lado se instauró una acción de tutela con el fin de darle protección al Derecho fundamental a la salud de un menor, la cual fue negada en primera instancia. En segunda instancia tutelaron el derecho fundamental a la salud

Sentencia o Fallo

La acción de tutela ordenó tutelar los derechos del menor de edad y tomar todas las medidas necesarias para proteger su salud.

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