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CLÍNICAS JURÍDICAS

información General
 

El Consultorio Jurídico cuenta con las siguientes clínicas jurídicas: GAP - Grupo de Acciones Públicas, VIG - Clínica contra la violencia de Género, VICOPAZ - Clínica Victimas y Construcción de Paz, Clínica para la Ética y la Transparencia (anteriormente CRACC y PAT), Clínica de Derecho de Urbano y Propiedad Horizontal, Grupo Rosarista Reconstruyendo Identidad.

 
Sobre el GAP:

El Grupo de Acciones Públicas (GAP) es una clínica jurídica de interés público, adscrita al Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, que trabaja por la defensa de los derechos humanos y el interés público. El trabajo del grupo se realiza por medio de casos de la vida real en los cuales los estudiantes que hacen parte de la clínica actúan asumiendo el rol de abogados, materializando así sus conocimientos y experiencia adquirida durante la carrera.

La misión del GAP es promover la responsabilidad social en el ejercicio de la profesión legal y al mismo tiempo, aportar elementos para la construcción del balance social de la universidad, para lo cual promueve el uso de los mecanismos de protección de los derechos humanos y el interés público, procurando la protección de los derechos de las comunidades en condición de vulnerabilidad, el acceso a la justicia y la atención de las necesidades legales colectivas del entorno en el cual se desempeñarán sus estudiantes como futuros abogados.
Para más información invitamos a visitarnos aquí.
 

Objetivos:

  1. Procura la formación de los estudiantes a partir del modelo de enseñanza-aprendizaje llamado educación legal clínica; este modelo busca brindar a los estudiantes las herramientas relacionadas con competencias, habilidades y destrezas propias del abogado, necesarias para el ejercicio práctico del derecho y que no suelen enseñarse en las aulas de clase.
 
  1. Pretende brindar asesoría legal a comunidades vulnerables para la defensa de sus derechos, para lo cual se diseñan estrategias legales que permiten un litigio de alto impacto social.
 

Metodología de trabajo:
La metodología de trabajo involucra elementos de la investigación formativa con el fin de llegar a la aplicación y puesta en práctica de los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera, estableciendo lazos más estrechos entre la teoría y la práctica que permita a los estudiantes lograr un conocimiento integral. Los casos que son elegidos por la clínica, atienden a especiales características relacionadas con su impacto social y el interés que pretende proteger.
 
Estructura del GAP:
Nuestra clínica trabaja a partir de dos escenarios donde interactúan estudiantes y profesores: las plenarias y las comisiones.

Plenaria: conformada por todos los miembros del GAP, se reúne semanalmente con el fin de conocer y reflexionar alrededor de casos nuevos, se analiza la viabilidad de casos en estudio, se discuten estrategias de litigio para casos de conocimiento de la clínica, se realizan actividades pedagógicas encaminadas a fortalecer el modelo clínico, entre otras.

Comisiones: al interior del grupo se realiza una división de tareas entre unas comisiones que trabajan en diferentes ejes temáticos, en las cuales se encuentran distribuidos los estudiantes de la clínica y los supervisores.
Para más información invitamos aquí.

 

PREGUNTAS GENERALES

La Clínica Jurídica actúa en pro de la defensa de los Derechos Humanos y el Interés Público en los siguientes:
 
  1. Acciones judiciales tales como la acción de tutela, acción popular, acción de cumplimiento, acción pública de inconstitucionalidad, acción de nulidad simple.
  2. Intervenciones en Altas Cortes nacionales e internacionales como la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  3. Acciones pedagógicas tales como talleres y brigadas jurídicas con comunidades y grupos de especial protección constitucional.
 
Divulgación en medios a través de nuestras redes sociales, emisiones de boletines de prensa, nuestro programa de radio “Ciudadanos en Acción” y entrevistas concedidas a distintos medios de comunicación masivos.
La tutela es una herramienta creada por la Constitución Política para la protección de derechos fundamentales, cuando estos sean vulnerados o amenazados por una autoridad pública o un particular.
Herramienta utilizada para la protección de los Derechos Humanos y el interés público cuyo objetivo cuyo objetivo es generar un alto impacto con miras a que se rebasen los intereses personales para conseguir el beneficio integral de la sociedad.
También denominado litigio paradigmático o litigio de impacto o de interés público.
 
Tomado de: Torres Villarreal, M. L. (2013). La enseñanza clínica del derecho: una forma de educación para el cambio social. La experiencia del grupo de acciones públicas de la Universidad del Rosario. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 43(119).
El GAP está encaminado a velar por la defensa de sujetos de especial protección constitucional y comunidades que requieren asesoría jurídica para el amparo de sus derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales y colectivos.
Son derechos de la comunidad. Esto quiere decir que les pertenecen a todas las personas que viven en una colectividad (ejemplo de una colectividad son todos los habitantes del territorio colombiano).
 
Según el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, los derechos colectivos son los siguientes:
 
  1. El goce de un ambiente sano. 
  2. La moralidad administrativa. 
  3. La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y su conservación, restauración o sustitución. Aquí también se incluye la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica y de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 
  4. El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. 
  5. La defensa del patrimonio público. 
  6. La defensa del patrimonio cultural de la nación. 
  7. La seguridad y salubridad públicas. 
  8. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública. 
  9. La libre competencia económica. 
  10. El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. 
  11. La prohibición de la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos.
  12. La seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. 
  13. La realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada.
 
Los derechos de los consumidores y usuarios.
Son los derechos inherentes al ser humano, que le pertenecen a toda persona solo por el hecho de serlo, tales como:
 
• Vida.
• Igualdad.
• Honra.
• Petición.
• Circulación.
• Trabajo.
• Libertad.
• Debido proceso.
• Participación política.
• Ejercicio y control del poder público.
• Libre desarrollo de la personalidad.
• Libertad de cultos.
• Libertad de expresión.
• Libertad de escoger profesión y oficio.
• Libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.
• Libertad de asociación.
• Derechos de los niños.
La acción de cumplimiento es una acción constitucional con la cual una persona acude ante un juez, para que ordene a una autoridad pública que cumpla una ley o un acto administrativo que se está incumpliendo.
Es un mecanismo de defensa de derechos humanos adoptado por la Constitución Política en su artículo 88, y tiene por finalidad proteger y defender los derechos de la comunidad, llamados derechos colectivos.