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INSTITUCIONES Y DEMOCRACIA

Candidato: Germán Vargas Lleras









Preguntas












¿Qué opina de la práctica reiterada de cambiar la Constitución ante situaciones coyunturales?
 
 La Constitución de un país es la conjugación de elementos de orden no solo jurídico sino también político, lo que hace que ante profundas transformaciones políticas ésta deba modificarse, tal como sucedió en nuestro país en el año 91. Sin embargo, al ser la Carta Política norma de normas, para garantizar la seguridad jurídica como uno de los valores fundantes del Estado de derecho, su modificación no debe convertirse en una práctica reiterada y menos aún ante situaciones netamente coyunturales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué hay que hacer para garantizar el equilibrio de poderes?
 
Una de mis primeras acciones como Presidente de la República será recuperar el sistema de pesos y contrapesos que fue seriamente afectado con la figura de la reelección. Diversos estudios demuestran que a partir de la reelección en Colombia el poder se ha concentrado en manos del Ejecutivo. Así las cosas, propongo ampliar los periodos de los magistrados de las Altas Cortes a doce años para garantizar su absoluta independencia del Gobierno Nacional. Lo mismo haremos con los periodos de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué propone para el fortalecimiento de los partidos políticos?
 
Proponemos fortalecer el régimen de bancadas tal y como fue explicado en la pregunta sobre el funcionamiento del Congreso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué mecanismos establecería para garantizar el ejercicio de la oposición y dialogar regularmente con sus representantes?
 
Durante mi Gobierno se expedirá el Estatuto de la Oposición, que se ocupará, del uso de los medios de comunicación por parte de la oposición y de sus derechos de réplica, de respuesta y de hacer parte de las mesas directivas de las corporaciones públicas. Tratándose del uso de los medios de comunicación por la oposición, consideramos de vital importancia institucionalizar en el país el derecho de réplica. Siempre que el Presidente haga una sindicación a los partidos opositores a través de los medios, dichos partidos deben tener la oportunidad de responder mediante los mismos canales. Igualmente, institucionalizaremos el derecho de respuesta, que es el que deben tener las colectividades para presentarle al pueblo su opinión sobre los asuntos nacionales en los medios de comunicación. Nada impide que dos veces por año los partidos opositores cuenten con un espacio en los canales públicos y privados para comunicarle al país sus opiniones sobre los temas neurálgicos de la Nación. Finalmente, en lo relativo a la participación de la oposición en las mesas directivas de las corporaciones públicas, consideramos esencial garantizar en la práctica este derecho. Seré claro: nosotros no entendemos la democracia como el mecanismo para disminuir a las minorías, sino para entablar interlocuciones constructivas con todas ellas, motivo por el cual seremos celosos defensores de sus derechos y prerrogativas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué consecuencias tendrá dentro de su gobierno el hecho de que alguien se declare o sea declarado políticamente responsable?
 
Reconocemos la existencia de 3 tipos de responsabilidad: penal, disciplinaria y fiscal. También tenemos claro que a los funcionarios públicos debe juzgárseles por sus resultados, por eso tendremos como norma de conducta la permanente evaluación de los funcionarios, e independientemente de los tres tipos de responsabilidad mencionados anteriormente si estos no cumplen con los resultados serán reemplazados inmediatamente. De igual manera, tendremos absoluto respeto por la autoridad del Congreso de la República como ente fiscalizador de la Rama Ejecutiva.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué prácticas indebidas cree que subsisten en los procesos electorales y, en caso afirmativo, qué sugerencias tiene para combatirlas?
 
La financiación de campañas requiere ajustes de fondo importantes donde los contratistas del Estado no puedan financiar campañas políticas; el país no puede seguir con la danza de los millones en los periodos electorales.
 
El proceso electoral en Colombia (conteos, escrutinios) es anacrónico (el actual código electoral data de 1986) pues genera incertidumbre política y descomunales casos de corrupción. El paso a seguir es, sin más dilaciones, la implementación del voto electrónico, aprobado en la reforma política de 2003.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Tiene alguna propuesta relacionada con la composición, las funciones y la forma de trabajo del Congreso?
 
La reforma política del 2003 constituyó un muy importante avance para el funcionamiento del Congreso, particularmente en lo que se refiere al régimen de bancadas. Sin embargo, falta mucho por hacer. Propongo, primero, que mediante ley se determinen taxativamente los temas en que los congresistas pueden acogerse a la objeción de conciencia; segundo, regular de manera más estricta los requisitos que se exigen para presentar proyectos de ley, de tal forma que se torne más difícil la iniciativa individual; tercero, obligar a que todo proyecto de ley o acto legislativo, para recibir trámite en el Congreso, tenga en cuenta las consecuencias fiscales de la iniciativa; cuarto, acabar con el ausentismo parlamentario, permitiendo que la pérdida de investidura proceda por la inasistencia de los congresistas a las sesiones tanto plenarias como de comisiones; y quinto, reglamentar el lobby, teniendo en cuenta que no puede haber un funcionamiento transparente del Legislativo mientras no existan unas reglas claras sobre la manera en que los grupos de interés se relacionan con quienes tienen a su cargo las decisiones públicas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué propuestas tiene para el mejor funcionamiento de la Rama Judicial?
 
Cualquier reforma que se surta en el campo de la justicia debe abordar tres perspectivas: la institucional, la de eficiencia y la seguridad jurídica.

Respecto del aspecto institucional, resulta urgente iniciar un proceso de profesionalización de los jueces y funcionarios de la rama, así como Restaurar el Ministerio de Justicia para que el sector tenga un líder.

En el campo de la eficiencia, debe adoptarse un código único de procedimiento, extender la función jurisdiccional a las notarías para que los más pobres puedan titular sus viviendas mediante un trámite notarial y fomentar la utilización de los métodos alternos de solución de conflictos.
 
En cuanto a la seguridad jurídica, deben establecerse criterios que permitan hacer obligatorio el precedente judicial y concertar la potestad reglamentaria en el presidente de la república. La multiplicidad de fuentes del derecho y de autoridades facultadas para proferir normas hace difícil tanto el conocimiento como la aplicación de las disposiciones jurídicas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son las principales propuestas de su estrategia contra la corrupción y por qué cree que con ellas puede tener éxito?
 
La lucha contra la corrupción es una tarea que he abordado desde los inicios de mi vida política. En mi primer periodo como Senador de la República, fui ponente del Estatuto Anticorrupción, hoy convertido en la Ley 190 de 1995, en la cual se crearon y modificaron varios tipos penales relacionados con la administración pública y se establecieron mecanismos de control a los servidores públicos como son las declaraciones de bienes y rentas.
 
Para continuar con este trabajo, durante mi Gobierno propondré una reforma a dicho estatuto que incluya disposiciones que permitan entre otros, fortalecer la extinción de dominio por corrupción a través de la unidad que se crearía al interior del Ministerio de Justicia, eliminar los beneficios penales cuando se cometan delitos relacionados con corrupción, reglamentar el cabildeo y depositar en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la facultad de nominar a los jefes de control interno de las entidades estatales para garantizar su independencia, entre otros.
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Tiene algún plan de modernización del Estado, y bajo qué lineamientos lo adelantaría?
 
He diseñado, junto a un selecto grupo de expertos en la materia, una ambiciosa política de modernización del Estado colombiano. Nuestra meta es que Colombia funcione y que funcione mejor. Para lograrlo, entre otras cosas, crearemos una entidad del más alto nivel que se encargue de asumir la gerencia de nuestra Administración Pública; implementaremos cuadros funcionales de empleo público que les permitan a los servidores seguir su carrera entre distintas entidades de la Administración; pondremos en práctica una política de incentivos que no se agote en los empleados de carrera administrativa, sino que involucre a todos los servidores e incluso a los contratistas; promoveremos una filosofía de presupuesto por resultados; eliminaremos trámites que, como las autenticaciones, las declaraciones extra juicio para la seguridad social y el pasado judicial, resultan obsoletos hoy en día; fortaleceremos el silencio administrativo positivo; pondremos en funcionamiento, en todo el país, grandes centros administrativos donde los ciudadanos puedan hacer todos sus trámites con el Estado; avanzaremos en materia de gobierno electrónico; y finalmente, haremos que todas las entidades utilicen un lenguaje comprensible para los ciudadanos en todos sus actos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Retornaría a la dedicación de un ministerio a la justicia y otro a la salud?
 
La fusión del Ministerio de Justicia con el del interior, ha generado un saldo negativo pues los asuntos relativos a la justicia han quedado marginados frente a los políticos. Por eso, durante mi último periodo como Senador presenté la propuesta de revivir el Ministerio de Justicia, pero lamentablemente no conté con el aval del Gobierno. Es por ello que durante mi gobierno buscaré revivir este proyecto.
 
Estoy convencido que sectores tan importantes para un estado social de derecho como la salud y la justicia deben tener entidades que lideren la política pública en dichos temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué propuestas tiene para la consolidación de un servicio civil profesional?
 
 
Reformaremos a fondo el servicio civil en Colombia. Durante mi Gobierno, la vinculación de los servidores públicos se realizará atendiendo a criterios no sólo de educación y experiencia, sino también de conocimientos, compromisos, habilidades, actitudes y aptitudes. De igual forma, implementaremos una estrategia de incentivos para motivar a los servidores públicos y a los contratistas de prestación de servicios a mejorar sustancialmente su desempeño. Por último, pondremos en práctica una agresiva política de capacitación de los servidores públicos que favorezca la generación de competencias.


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