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PAZ Y RECONCILIACIÓN

Candidato: Germán Vargas Lleras













Preguntas














Describa los elementos esenciales de su propuesta para conseguir la paz.

 

La política de seguridad democrática debe tener continuidad. No hay opción distinta que seguir enfrentando los grupos insurgentes. Los integrantes de las cúpulas de las organizaciones armadas ilegales están sindicados de delitos atroces o de lesa humanidad, lo que no hace viable que puedan aprobarse amnistías o indultos. No sería posible entonces, adelantar un proceso de negociación que involucre ninguna clase de concesiones: no es posible plantear negociaciones con quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, sin que ellos paguen por los mismos.

 

En ese orden de ideas, los grupos insurgentes tendrían que aceptar esa limitante para reintegrarse a la vida civil, pagando por sus delitos y reparando a las víctimas. Deberán comprender más temprano que tarde que la batalla la perdieron. Es claro que no aceptaría  avanzar o restablecer un proceso de paz del cual sólo se esperaría que los grupos armados derivaran ventajas internacionales o militares, dejando a las víctimas por fuera del proceso.

 

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 ¿Qué aspectos mantendría, y cuáles cambiaría, de la actual política de seguridad democrática?

 

El país puede estar seguro de que daremos plena continuidad y vigencia a la política de seguridad democrática, en particular en todo lo referente a la lucha contra los grupos guerrilleros y paramilitares. Vamos a aumentar el número de soldados profesionales de 90.000 a 120.000, la presencia de los soldados de mi pueblo de 600 a 900 municipios y continuaremos el proceso de fortalecimiento y modernización militar.

 

Sin embargo, la actual política de seguridad ha carecido de un adecuado enfoque para atender la problemática de la criminalidad en las ciudades, por lo cual vamos a aumentar en no menos de 50.000 policías para duplicar el pie de fuerza de las principales ciudades. Y aumentaremos la presencia de la Fuerza Pública en las fronteras. Todo se hará en el marco del más absoluto respeto a los derechos humanos.

 

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¿Qué tratamiento le daría su gobierno a las denominadas bandas criminales emergentes?

 

Estas bandas, que pretenden revivir la pesadilla del paramilitarismo, serán perseguidas sin tregua, al igual que todos los demás grupos ilegales, con una efectiva labor de inteligencia y con toda la firmeza y decisión.

 

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¿Cómo concibe la participación de la Sociedad Civil en las estrategias que buscan contener la inseguridad urbana y rural?

 

Es muy importante contar con la colaboración activa y decidida de la sociedad civil, tanto en el ámbito rural como en el urbano, para denunciar los hechos sospechosos, aportar información relevante y en general apoyando las políticas de seguridad del Estado. Lo que se conoce como la “Trinidad de Clausewitz” es precisamente la conjunción entre el poder político en cabeza del jefe de Estado, las Fuerzas Armadas y el apoyo popular. Sin un equilibrio adecuado entre estas tres fuerzas no es posible ganar la guerra.

 

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¿Cómo interpreta la situación de los derechos humanos en el país? 

 

El problema de los derechos humanos va conectado al de justicia y al de seguridad. Las violaciones de derechos humanos están estrechamente vinculadas con la impunidad.  La política de protección de derechos humanos  debe estar basada en la reforma a la justicia, como la que proponemos para Colombia.   Los derechos humanos  y el DIH harán parte prioritaria de la política exterior de Colombia y de las relaciones que mantengamos con todo país y organismo. Aún cuando consideramos que el problema de derechos humanos en nuestro país no es un problema normativo, es necesario proponer la ratificación de la Convención Interamericana para la Desaparición Forzada.


Colombia debe tener todos los instrumentos para arrinconar militar e institucionalmente a las fuerzas insurgentes y a la delincuencia. Igualmente, en lo interno nos propondremos ejecutar un ambicioso plan para garantizar el estricto apego de nuestras Fuerzas Armadas a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitaria. Pero este esfuerzo tiene necesariamente que complementarse con una ofensiva internacional para promover el reconocimiento de los avances de Colombia en la materia, que en muy buena medida son ignorados en el exterior.


En materia de Derechos Humanos buscaremos tener una política de “puertas abiertas”. En ese sentido, acataremos las recomendaciones que haga el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH. Todo acuerdo, tratado o pacto que sea firmado o ratificado durante mi gobierno tendrá un componente de educación, prevención, vigilancia o sanción en DDHH, según sea el caso.  

 

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¿Estaría dispuesto a abordar el tema del intercambio humanitario con las FARC?

 

Lo he señalado en numerosas ocasiones: no es posible convertir a los secuestrados en un elemento de chantaje. Lo único que lograríamos es fomentar más secuestros y más actos violatorios del Derecho Internacional Humanitario. Lo único que el país espera es la liberación unilateral de todos los secuestrados, sin más demora.

 

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¿Qué medidas adoptaría para garantizar los derechos fundamentales de sindicalistas, periodistas, indígenas y defensores de los derechos humanos?

 

Sindicalistas, periodistas, indígenas y defensores de los derechos humanos deben estar seguros de que sus derechos serán respetados por el Estado. Como Presidente de la República y a través de un discurso claro, coherente y sin ambigüedades, definiré los lineamientos generales a partir de los cuales las Fuerzas Militares y de Policía actúen en respeto de los derechos humanos.

 

En mi gobierno desarrollemos un plan para asegurarles a todos los ciudadanos que funcionarios civiles y militares serán parte prioritaria de una  revolución ética y moral generando un apego al respeto de los derechos humanos y al DIH. El Estado debe proteger a medios de comunicación, minorías étnicas y en general a las organizaciones de la sociedad civil  para que sean efectivos fiscalizadores de la acción pública

 

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¿Cuál es su posición frente al último informe de Human Rights Watch?

 

El informe no es exacto cuando declara que no hay independencia de las instituciones colombianas. Los jueces, especialmente las altas cortes han dado muestras de independencia y respeto por los principios democráticos. La Justicia valientemente ha asumido su papel en las investigaciones contra políticos y sus relaciones con el paramilitarismo. Con respecto a la Ley de Justicia y Paz, es claro que ese proceso no ha sido afortunado y en eso el informe es contundente. Creemos que no se debe a falta de voluntad del gobierno pero si a decisiones equivocadas dentro de la aplicación de esa política. No ha habido sentencias de verdad y reparación   Por eso hemos propuesto reformar la ley, tanto en su procedimiento como en contenido.  


El problema principal de la ley es que la fiscalía debe comprobar todo.  ¿Por qué no evitar eso si hay confesión y pasar a imputaciones colectivas? ¿Por qué no establecer un procedimiento o mecanismo automático para que las personas a quienes se les despojó de sus tierras volvieran a ellas sin esperar larguísimos procesos judiciales? Finalmente, el informe trae algunas imprecisiones sobre el papel de la Corte Constitucional respecto de la definición del contenido de la ley y el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación para adelantar los procesos derivados del sometimiento a la ley.

 
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¿Estaría dispuesto a participar en un esfuerzo internacional por la legalización de las drogas?

 

Pensamos que es necesario replantear el enfoque de la lucha contra las drogas, que a todas luces no ha sido exitoso. Se debe tratar la adicción a las drogas como un problema de salud pública y no como un problema penal. Igualmente, la fumigación de cultivos no puede convertirse en la principal herramienta de erradicación, pues también ha demostrado sus limitaciones.


En general, se puede decir que ningún país ha sacrificado tanto en la lucha contra las drogas como Colombia por lo que debe jugar un papel de liderazgo a la hora de replantear el actual esquema de lucha contra las drogas. Se debe abrir el debate de la legalización de algunas drogas, teniendo en cuenta las experiencias exitosas de varios países europeos y de algunos estados en Estados Unidos.

 

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¿Cuál es la propuesta para dar solución al problema de las personas que siguen secuestradas, en particular, los soldados y policías que siguen cautivos?

 

Debemos insistir en la posibilidad del rescate militar, mientras que mantenemos la presión nacional e internacional para que las FARC liberen unilateralmente a todos los secuestrados. La posición de no negociar debe ser la columna vertebral de la política frente a los secuestrados, pues debe detenerse la práctica de utilizar la figura del secuestro como un arma política.

 

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¿Cuáles serán las líneas de acción de una política de defensa para Colombia?

 

Continuidad de la política de la seguridad democrática, en particular en todo lo referente a la lucha contra la guerrilla y los grupos armados ilegales. Fortalecimiento de la seguridad fronteriza y mejoramiento de la capacidad disuasiva. Igualmente, una más agresiva y efectiva política exterior para fortalecer los lazos diplomáticos frente a países aliados y entes multilaterales, como la ONU y la OEA para hacer frente a las potenciales agresiones de países vecinos.

 

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¿Cómo puede el gobierno nacional contribuir a la seguridad en las ciudades?

 

Mi propuesta incluye un importante aumento en el pie de fuerza de la policía, para luchar de manera más efectiva contra el delito. Vamos a mejorar la dotación física y tecnológica de la policía y vamos a luchar contra la impunidad para que el delito sea castigado y los delincuentes sean puestos a buen recaudo. Es necesario complementar la política de seguridad democrática con una política integral de seguridad urbana que haga de las ciudades, lugares seguros donde la población pueda vivir tranquila.

 

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