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PAZ Y RECONCILIACIÓN

Candidato: Gustavo Petro












Preguntas












Describa los elementos esenciales de su propuesta para conseguir la paz.

 

La principal política de paz del nuevo gobierno serán las reformas sociales y políticas, que se impulsaran en desarrollo de los acuerdos ciudadanos, eje de la democracia participativa para la reconfiguración del territorio y la región. El gobierno convocará constituyentes locales que sirvan como instrumento para democratizar el poder político local y como escenarios de reconciliación. Es preciso que se acaben el poder de los victimarios y su posesión de la tierra a partir de la confesión plena, que contribuya a la consecución de la verdad y a la no repetición, a cambio de garantías jurídicas.

 

Cada acuerdo comunitario implicará un proceso de reconciliación, de perdón y reparación de las víctimas, y de construcción de un plan de vida para el conjunto de la sociedad local. Las constituyentes locales se articularán con las instancias correspondientes, como los Consejos Territoriales de Planeación o los Consejos Municipales de Paz.



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¿Qué aspectos mantendría, y cuáles cambiaría, de la actual política de seguridad democrática?

 

La llamada política de seguridad democrática ha tenido importantes éxitos, en particular en relación con la presencia de la fuerza pública en el territorio nacional y la acción contra los grupos insurgentes, pero es necesario trabajar en la legitimidad del Estado, el aumento en el pie de fuerza no debe ser desconocido ni reducido, pero si debe ser enfocada esa presencia estatal hacia lo social, complementar esto con educación, salud, vivienda, agua para todos los sectores de la población. Las modalidades de la ilegalidad en zonas urbanas son diferentes a los de las zonas rurales y es un factor que debemos tener en cuenta a la hora de presentar propuestas para enfrentar la violencia.

 

El hecho de que persistan prácticas que constituyen flagrantes violaciones a los Derechos Humanos e incluso delitos de lesa humanidad, como los “falsos positivos”, erosionan de manera grave la legitimidad de la fuerza pública y son resultado directo de la forma en que se ha llevado a cabo la lucha contra el narcotráfico y los grupos ilegales o al margen de la ley. Por lo tanto se mantendrá y se expandirá el control militar del territorio mediante operaciones que se realicen dentro del marco de las funciones que la Constitución y los tratados internacionales le asignan a los distintos componentes de la fuerza pública, con escrupuloso respeto de los derechos y libertades fundamentales, y sin que se sustituyan o asuman las competencias de las autoridades civiles.

 

 

 

 

 

 

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¿Qué tratamiento le daría su gobierno a las denominadas bandas criminales emergentes?

 

Si queremos frenar las bandas emergentes, debemos desmontar el poder local de las mafias y transferir la tierra fértil a la sociedad, acompañado de una justicia fuerte y un proceso de reconciliación regional entre víctimas y victimario de cara a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, sabiendo que gran cantidad de estas bandas son producto de las influencias ejercidas en zonas específicas por antiguos grupos alzados en armas. Además se deben castigar a aquellos que favorecen esta ilegalidad y no permitir más la convivencia de agentes sociales con estos grupos.

 

 

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¿Cómo concibe la participación de la Sociedad Civil en las estrategias que buscan contener la inseguridad urbana y rural?

 

Hemos planteado desarrollar un programa de creación de confianza entre el Ejército, la fuerza pública y los ciudadanos con el fin de reemplazar las estrategias de red de cooperantes de la sociedad civil, unida al programa de fortalecimiento de la justicia. Se realizarán encuentros ciudadanos por zonas y barrios para establecer en conjunto con la fuerza pública y las autoridades civiles la política de seguridad de las zonas, utilizando los Consejos de Seguridad Ciudadana. Se desarrollarán políticas de la cultura ciudadana que desactive la intolerancia y propenda por el desarme y la no violencia.

 

 

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¿Cómo interpreta la situación de los derechos humanos en el país? 

 

Aunque se ha avanzado en algunos campos, como en la reducción del secuestro y asesinatos a periodistas, los fenómenos que vulneran el libre goce de la vida son múltiples. Sin duda, el caso más aberrante es el de los mal llamados “falsos positivos”, que en realidad se trata de la desaparición y asesinato sistemático de civiles jóvenes y pobres por parte de miembros de la fuerza pública, lo cual constituye un delito de lesa humanidad.

 

Por otra parte, el desplazamiento sigue siendo muy alto. Por ejemplo en Magdalena, según Acción Social, llega a más de 60 mil en los últimos 4 años, es decir, más que en plena expansión paramilitar. En un departamento donde no hay guerrillas, donde se dio la desmovilización paramilitar, donde los cultivos de uso ilícito son bastantes bajos es la zona con mayores desplazamientos en los últimos años. El homicidio igualmente comienza a aumentar, al igual que las amenazas a periodistas y sindicalistas.

 

Sin embargo, los temas de pobreza y extrema pobreza igualmente son violatorios de los derechos humanos, la inseguridad laboral, la violencia intrafamiliar, al discriminación contra minorías sexuales, étnicas se han incrementado sustancialmente en el último periodo, de ahí, que el panorama no sea alentador. 

 

 

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¿Estaría dispuesto a abordar el tema del intercambio humanitario con las FARC?

 

Las Farc deben entregar de manera unilateral y sin condiciones a todos los secuestrados que tienen en su poder. El acuerdo humanitario solo debe darse si hay el comienzo de una negociación de cara a terminar el conflicto en Colombia, sin eso no puede haber intercambio humanitario o canje.

 

Le hacemos saber a las Farc que tienen dos caminos: la derrota militar y política, la cual se logrará si son aisladas nacional e internacionalmente, usando la Corte Penal Internacional y por medio de la implementación de una política de equidad social en el campo; o la segunda, si deciden negociar el fin definitivo de la guerra.

 

 

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¿Qué medidas adoptaría para garantizar los derechos fundamentales de sindicalistas, periodistas, indígenas y defensores de los derechos humanos?

 

Suspensión inmediata de toda actividad de “guerra política” emprendidas por el DAS y demás agencias de seguridad del Estado en contra de estos y otros sectores, e investigación y castigos a los responsables.

 

 

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¿Cuál es su posición frente al último informe de Human Rights Watch?

 

Efectivamente, la desmovilización paramilitar logró desarmar la estructura militar de las AUC. Sin embargo, dejó intacta su estructura económica y política a nivel local y regional. Además no modificó el comportamiento de algunas elites locales de utilizar grupos armados ilegales y mucho menos desarmó su red de contactos con la institucionalidad. De ahí, que las BACRIM surgieron de forma acelerada y generalizada en varios territorios. Lo importante es cerrarle el paso a estos grupos respondiendo con una estrategia coherente a este nuevo fenómeno de violencia. Por desgracia, en las zonas donde estos grupos prosperan, como la Costa Atlántica no es foco de la política de seguridad democrática. 

 

 

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¿Estaría dispuesto a participar en un esfuerzo internacional por la legalización de las drogas?

 

Ningún país del mundo ha sido como Colombia, actor principal de la aplicación de la política antinarcóticos guiada por el enfoque prohibicionista y represivo de los Estados Unidos. Por ello, Colombia debe liderar, tanto a nivel bilateral con Estados Unidos como en los escenarios multilaterales, una evaluación completa, técnica y objetiva, de los resultados y efectos de más de dos décadas de aplicación de la política actual contra las drogas. Este debate mundial debe desarrollarse a partir del concepto de la corresponsabilidad mundial y se debe articular con otros esfuerzos encaminados a revaluar el enfoque actual, como la comisión bi-partidista en el Congreso de los Estados Unidos y la Comisión Cardoso, Gaviria y Zedillo, entre otros.

 

Igualmente, Colombia debe definir, por primera vez, una política nacional frente al narcotráfico, que responda a los intereses nacionales y que diferencia entre las distintas fases del complejo fenómeno, en el que se privilegie la producción como un tema de reforma agraria, el consumo como uno de salud pública (tratamiento a los adictos) y educación (involucramiento de los jóvenes en la prevención), y que concentre la interdicción y capacidad punitiva del Estado en función de tráfico de drogas y actividades criminales asociadas.

 

Mi gobierno, con países aliados, en el marco de Naciones Unidas y de las Convenciones de Viena, procurará la constitución de una comisión de expertos que diseñe nuevas orientaciones con referencia a la política de drogas. Se suspenderán las fumigaciones con glifosato, adicionado con POEA y Cosmoflux, como forma de combatir los cultivos de uso ilícito, método probadamente ineficaz y ambientalmente destructivo.

 

 

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¿Cuál es la propuesta para dar solución al problema de las personas que siguen secuestradas, en particular, los soldados y policías que siguen cautivos?

 

El gobierno estará siempre abierto a la negociación con los grupos guerrilleros alrededor de una agenda única que contemple la finalización definitiva de la guerra. Mientras persista el conflicto armado, el gobierno se compromete con el acatamiento pleno al Derecho Internacional Humanitario, dará todas las garantías para la liberación unilateral de los secuestrados por parte de las guerrillas y propiciará acuerdos humanitarios tendientes a la proscripción del secuestro, el uso de minas anti-personas, la participación de niños y niñas en la guerra, la violencia contra las mujeres y otras violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

 

 

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¿Cuáles serán las líneas de acción de una política de defensa para Colombia?

 

Se mantendrá y se expandirá el control militar del territorio mediante operaciones que se realicen dentro del marco de las funciones que la Constitución y los tratados internacionales le asignan a los distintos componentes de la fuerza pública, con escrupuloso respeto de los derechos y libertades fundamentales, y sin que se sustituyan o asuman las competencias de las autoridades civiles. En los Planes de Consolidación del Territorio se hará énfasis en el fortalecimiento de la eficacia del Estado a través de los programas de inversión social y la consolidación del programa de distribución de tierras.

 

Construiremos una Política de Seguridad Humana, sin falsos positivos y respetuosa de los derechos humanos, sobre la cual integraremos la seguridad policial que desactive la delincuencia urbana, la cultura ciudadana que desactive la intolerancia, y políticas más sólidas de seguridad alimentaria, climática, ambiental y social en Colombia. Se fortalecerá y reestructurará a fondo el sistema de inteligencia, para que cumpla con su propósito constitucional, y no como una herramienta de seguimiento y persecución política. 

 

 

Se modificará la doctrina militar y los procesos de formación para garantizar que nunca se vuelva a producir ni un solo falso positivo. Se desarrollará un programa de creación de confianza entre el Ejército, la fuerza pública y los ciudadanos con el fin de reemplazar las estrategias de red de cooperantes de la sociedad civil, unida al programa de fortalecimiento de la justicia.



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¿Cómo puede el gobierno nacional contribuir a la seguridad en las ciudades?

 

Se creará el Ministerio de la Seguridad Ciudadana, que permita separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional y constituirla como una institución ciudadana y no militar y permita enfocar sus esfuerzos en las nuevas formas de riesgos a la seguridad como el micro-tráfico de droga, las bandas urbanas y la trata de personas. 

Se conformará un cuerpo élite de la policía para seguridad urbana que complemente el grupo antiterrorista. Por último, se fortalecerá el sistema de inteligencia de la policía. Igualmente, se debe fortalecer el sistema educativo, ampliando los cupos y mejorando la calidad educativa, con ellos le mostraremos a los jóvenes que otro camino es posible. Así, mismo aumentaremos la inversión social, en desarrollo económico local.

 

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