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PAZ Y RECONCILIACIÓN

Candidata: Noemí Sanín












Preguntas















Describa los elementos esenciales de su propuesta para conseguir la paz.

 

Para conseguir la paz debemos consolidar para el Estado el monopolio del uso de la fuerza y de las armas. Ello implica el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y consolidar su presencia en todo el territorio, mantener la presión sobre el narcotráfico, especialmente las mafias, consolidando una gran alianza internacional que incluya también a Europa, y asegurando que las instituciones democráticas, la justicia, los servicios sociales y los apoyos productivos lleguen a todas las regiones de la mano del Ejército y la Policía.

 

El fortalecimiento del ejército tiene que acompañarse del respeto a los derechos humanos, lo que requiere fortalecer la justicia penal militar y un apoyo total a la independencia de la justicia desde las más altas cortes. La negociación con el terrorismo no es posible aunque el gobierno debe mantener la disposición para promover su integración a la sociedad sobre la base de la decisión de abandonar el terrorismo. Necesitamos también un nuevo dialogo con nuestros vecinos que tenga como premisa una política coordinada de rechazo al terrorismo y al narcotráfico y de acciones conjuntas para enfrentarlo.        

 

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¿Qué aspectos mantendría, y cuáles cambiaría, de la actual política de seguridad democrática?

 

La Seguridad Democrática se va a afianzar – es una política de Estado y un patrimonio de todos los colombianos. Debemos apoyar a nuestros soldados devolviéndoles el fuero militar. El propósito principal de nuestras fuerzas armadas es entablar operaciones de combate. Esta es la tarea singular que la Nación le exige a sus fuerzas armadas. Si queremos que cumplan con esta tarea de manera apropiada, nuestras fuerzas armadas necesitan una Justicia Penal Militar, ya que ella entiende apropiadamente los vínculos entre mando, disciplina y efectividad operacional. Obviamente, se requiere también el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar. Una justicia actuante es garantía del fortalecimiento de la Fuerza Pública.

 

De la misma forma, con mi experiencia profundizaría más la cooperación internacional, relanzando el Plan Colombia con los Estados Unidos e incluyendo a Europa, que ha estado ausente aunque su demanda de cocaína ha crecido más rápidamente. Es necesario exigir más recursos de los países consumidores y fortalecer el principio de la corresponsabilidad con el flagelo y el costo del narcotráfico y el terrorismo en Colombia. Así vamos a conseguir más recursos, tecnología e inteligencia para combatir a los grupos ilegales, les montaremos un bloqueo financiero y lograremos que nuestros vecinos y toda América Latina se conviertan un factor de apoyo en esta lucha. En el tema de recursos, vamos también a garantizar la financiación de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía en el alto nivel que requiere su fortalecimiento.

 

Tanto la profesionalización del Ejército como su mayor dependencia en equipos de alta tecnología han modificado de manera permanente las necesidades de financiación anual, lo cual hasta ahora se ha financiado con impuestos temporales al patrimonio. Vamos a darle más estabilidad a ese financiamiento.

 

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¿Qué tratamiento le daría su gobierno a las denominadas bandas criminales emergentes?

 

El narcotráfico sigue siendo la fuente de la gran mayoría de los grupos terroristas y bandas emergentes y por lo tanto el nuevo Plan Colombia, la política de extradición y el fortalecimiento del ejército son vitales en combatir estas nuevas bandas. No habrá lugar a que nuevos grupos terroristas intenten cubrirse con sombrillas políticas. Los paramilitares desmovilizados que sean capturados delinquiendo, o aquellos que no hayan cumplido las condiciones de verdad y reparación de su desmovilización, perderán mediante debido proceso los beneficios que obtuvieron bajo la ley de Justicia y Paz.

 

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¿Cómo concibe la participación de la Sociedad Civil en las estrategias que buscan contener la inseguridad urbana y rural?

 

El fortalecimiento de las instituciones públicas en los campos y en las ciudades pasa por la participación ciudadana y es además la base estructural de la seguridad. En los campos, la ausencia de Estado y no solamente de ejército y policía ha servido de caldo de cultivo para la violencia. De la mano de la Fuerza Publica tienen que llegar la justicia, la educación y la salud y también la producción. A su vez, estas instituciones son débiles sin la participación ciudadana. Una ciudadanía organizada alrededor de instituciones estatales fuertes pierde el miedo de colaborar con la policía y fortalece toda la estructura de la seguridad. En las ciudades y en las zonas rurales en donde las instituciones estatales son más fuertes, se requiere estructurar la participación de la ciudadanía a su alrededor, convocando más a las madres gestantes alrededor de los centros de salud para capacitarlos en la atención y nutrición de sus hijos y a ambos padres para que comprendan las necesidades de darles amor y prevenir el abuso.

 

Además, convocar a los padres a las escuelas, colegios y espacios deportivos y culturales para capacitarlos en la crianza y ayudarles con guarderías y apoyo. Convocar a la comunidad alrededor del Sena y de otras instituciones de capacitación para el trabajo. Y acercar la justicia a la comunidad para resolver rápidamente la gran mayoría de sus problemas cotidianos y para enfrentar el delito más unidos. En síntesis, una sociedad actuante alrededor de las instituciones sociales se fortalece también alrededor de su Policía y Fuerza pública.

 

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¿Cómo interpreta la situación de los derechos humanos en el país? 

 

La situación de derechos humanos puede y debe mejorar en la medida en la que de la mano del fortalecimiento de la Fuerza Pública se fortalezca también la justicia, tanto la justicia penal militar como la justicia civil. El narcotráfico ha generado una cascada de corrupción y de violación de los derechos humanos que no es solo propio de Colombia sino que empieza ya a ocurrir en Méjico y en otros países en donde el narcotráfico ha tomado más fuerza.

 

Se requiere mucha decisión a nivel del ejecutivo para golpear al narcotráfico y sus vínculos con las estructuras del Estado, y prestar atención especial a zonas del país como el Pacífico en donde la situación de desprotección de la ciudadanía es mayor. La mayor violación de los derechos humanos en Colombia proviene de estas estructuras del narcotráfico y de sus ramificaciones terroristas.

 

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¿Estaría dispuesto a abordar el tema del intercambio humanitario con las FARC?

 

En materia de Intercambio humanitario mantendré la política del Presidente Uribe.

 

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¿Qué medidas adoptaría para garantizar los derechos fundamentales de sindicalistas, periodistas, indígenas y defensores de los derechos humanos?

 

Aunque la política de derechos humanos debe cobijar a toda la población, no hay duda de que estos grupos requieren una mayor atención con protección especial en razón de que han sido un objetivo de los grupos terroristas por razones diversas. El monopolio del uso de las armas en poder de un Estado en donde la justicia sea fuerte e independiente y un poder legislativo que haya extirpado las influencias del narcotráfico deben ser los objetivos de una política que proteja los derechos humanos y las libertades de la ciudadanía, acompañados siempre por un discurso de tolerancia desde la Presidencia de la República. Los esquemas de alertas tempranas, y de apoyo a las estructuras sociales son muy importantes para una política de derechos humanos.

 

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¿Cuál es su posición frente al último informe de Human Rights Watch?

 

El informe se enmarca dentro de la política de esta ONG frente a los Estados. En ese sentido hace críticas a Colombia y también hace críticas a los Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos en sus guerras en Afganistán e Iraq. La labor de HRW es importante pero se requiere que el gobierno colombiano adopte una política internacional más activa para explicar sus avances en derechos humanos, sus discrepancias con el informe y también en donde acepte sus errores de manera franca. A nivel internacional todavía no está clara la interrelación entre narcotráfico y violación de derechos humanos y mucho menos la corresponsabilidad de los países consumidores de drogas con estas violaciones. Un diálogo más franco y abierto con las organizaciones de derechos humanos como HRW es imperativo.

 

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¿Estaría dispuesto a participar en un esfuerzo internacional por la legalización de las drogas?

 

Colombia necesita ampliar el dialogo franco acerca de las consecuencias que tiene el trafico y el consumo de drogas a nivel internacional. Es claro que la política prohibicionista imperante hace recaer los costos injustamente sobre países productores de drogas como Colombia haciéndole un daño inmenso. La tesis de la corresponsabilidad debe ser llevada con mayor fuerza a los escenarios internacionales para que los países consumidores fortalezcan sus políticas educativas y de rehabilitación de los adictos quienes consumen más del 60 % de las drogas ilícitas y para que asuman al menos una proporción de los costos del fortalecimiento de nuestras fuerza pública que se requiere por cuenta del propio narcotráfico. En la medida en que otros países como Méjico han caído en los mismos problemas de violencia derivada del narcotráfico podemos tener mayor espacio internacional para defender una tesis más favorable a Colombia.

 

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¿Cuál es la propuesta para dar solución al problema de las personas que siguen secuestradas, en particular, los soldados y policías que siguen cautivos?

 

Mantendré también en este campo la política del Presidente Uribe. Se promoverán y facilitarán las entregas unilaterales de secuestrados y se mantendrá la política de presión sobre la guerrilla para el rescate de secuestrados

 

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¿Cuáles serán las líneas de acción de una política de defensa para Colombia?

 

Colombia no debe entrar en una carrera armamentista. Nuestros problemas internos y la necesidad de consolidar la presencia de instituciones sociales y de justicia al mismo tiempo que se consolida la presencia pública en todo el territorio nacional copa nuestra atención y nuestros recursos. Debemos perseverar en arreglar las relaciones con nuestros vecinos partiendo de convenios muy claros de cooperación contra el terrorismo. El combate del narcotráfico por ser un delito trasnacional requiere alianzas internacionales. Debemos consolidar nuestra alianza con los Estados Unidos y traer a Europa para fortalecerla.

 

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¿Cómo puede el gobierno nacional contribuir a la seguridad en las ciudades?

 

La policía es nacional y por lo tanto el Gobierno Nacional tiene una inmensa responsabilidad en este campo. La propuesta del General Naranjo de fortalecer una policía comunitaria cercana al ciudadano es muy importante y la apoyamos. Al separar el ministerio de Justicia, vamos a movernos hacia la creación de un Ministerio de Interior y de Seguridad Ciudadana, que actúe como interlocutor del gobierno con alcaldes y gobernadores.



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