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PAZ Y RECONCILIACIÓN

Candidato: Rafael Pardo













Preguntas














Describa los elementos esenciales de su propuesta para conseguir la paz.

 

La construcción de la paz en Colombia no puede depender de la existencia de diálogos con las organizaciones ilegales. El debate no está ahí. La estrategia de solución política y solución negociada se han alternado sin que se haya logrado una Colombia en paz. Lo que Colombia necesita es una propuesta de construcción de paz que se centre en el ciudadano. La paz no es asunto de negociación.

 

Construir la paz es una tarea de la sociedad, que pasa por la legitimidad de las instituciones, por el rechazo al crimen y por la forma como se reconoce y apoya a las víctimas del conflicto. La paz es un conjunto de acciones políticas, jurídicas y sociales concretas, cuyo principal beneficiario es el ciudadano. Solo así será realidad un país sin guerrillas, sin paramilitares y sin crimen organizado.

 

Propongo cuatro acciones para lograr la paz:

 

  • Mantenimiento de la presión contra todas las organizaciones que actúan al margen de la Ley.

 

  •  Prioridad a quienes han sufrido el conflicto.

 

  • Fortalecimiento de la sociedad civil para acabar con la violencia.

 

  • Negociación con la guerrilla sólo como una opción bajo ciertas condiciones.

 

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¿Qué aspectos mantendría, y cuáles cambiaría, de la actual política de seguridad democrática?

 

Como expliqué en el punto número uno, el objetivo es mantener la presión militar a los grupos guerrilleros. Mantendré la voluntad política para con las Fuerzas Armadas. Mantendré su fortalecimiento y la importancia de que sean unas fuerzas armadas modernas. El esquema desarrollado por Colombia es ejemplo para otros conflictos de baja intensidad que se dan actualmente, como en Afganistán e Irak. Así que militarmente continuaré desarrollando y fortaleciendo el esquema planteado por nuestras fuerzas en la lucha contra los grupos ilegales. Sin embargo, hay que reenfocar y direccionar algunas fuerzas para no permitir que la guerrilla desgaste a las tropas. Igualmente haré énfasis en la consolidación del territorio incluyendo mucho más a las víctimas del conflicto. No es necesario con recuperar el territorio sino que hay que devolverlo a quienes fueron desplazado de allí con violencia.

 

 

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¿Qué tratamiento le daría su gobierno a las denominadas bandas criminales emergentes?

 

En principio el que la ley establece para los criminales y delincuentes, aplicándola con diligencia y poniendo especial atención para evitar esguinces y dilaciones que faciliten la reducción de penas y los vencimientos de términos, la venalidad y la intimidación de testigos, hoy tan de moda en nuestro aparato de justicia. Realizaré esfuerzos mayores en el descubrimiento y judicialización de sus cómplices e instigadores intelectuales, desenraizando sus apoyos ideológicos e investigando su personal a sueldo en el Estado y en sus instituciones, tanto como en la sociedad en general. Realizaré una campaña especial enfocada en el ciudadano que, confundido en la polarización de buenos y malos cultivada por el gobierno, termina siendo un colaborador pasivo de la delincuencia o su idiota útil.

 

Las llamadas Bacrim no son cosa distinta de la herencia que nos dejó la sui generis negociación del gobierno con los paras en San José de Realito. Unas organizadas en base a poderes fraccionados, pero las más, dirigidas por sus antiguos jefes o por interpuestas personas. Son una herencia indudable de la faceta oscura de la Seguridad Democrática, que no pasa de ser una operación antisubversiva que no ha enfrentado de verdad el paramilitarismo y que mantiene desamparada a la ciudadanía aun frente a la propia amenaza de la guerrilla.

 

 

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¿Cómo concibe la participación de la Sociedad Civil en las estrategias que buscan contener la inseguridad urbana y rural?

 

La participación de la sociedad civil es fundamental en una etapa importante de la seguridad: la prevención. Una sociedad organizada y atenta a prevenir hechos criminales es clave en el mantenimiento de la seguridad. En las ciudades, el trabajo de la Policía con la comunidad es importante. Hay que fortalecer el modelo de policía comunitaria y lograr que la policía se acerque a la comunidad para un trabajo en conjunto y de prevención. En las zonas rurales es igualmente importante la colaboración de los habitantes con las autoridades. Más no esquemas de estudiantes informantes como ha sido propuesto por el gobierno de Uribe.

 

 

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¿Cómo interpreta la situación de los derechos humanos en el país? 

 

Hablar de derechos humanos en el país es casi una ironía puesto que no solo se violan a diario, y de qué manera, si no que no se investigan convenientemente y rara vez se castigan. Cuando esto último ocurre los sindicados no solamente son los eslabones menores de una estructura delincuencial y criminal, sino que sus penas son una burla a la justicia debida y sus cárceles, correccionales de puertas abiertas.

 

Pero lo más aberrante del tema es son algunos agentes del Estado quienes compiten con la delincuencia en la comisión de los mismos. Cuando los medios informan que los falsos positivos en conocimiento de la Fiscalía pasan de los dos mil, que en un solo Departamento del sur oriente del país hay cincuenta mil desparecidos, y que hay tumbas ubicadas por centenares que no se abren para no congestionar a la Fiscalía (dando a si tiempo a sus autores de desenterrar a sus víctimas para desaparecer las pruebas, como ya se ha comprobado que está aconteciendo)*.

 

Parecería que estamos viviendo un momento de la historia en el que se nos quiere imponer el poder de los perversos. Si a esta situación, ya de por si inadmisible le sumamos un aparato de justicia en algunos sectores inoperante, venal, sobre cargado de trabajo, intimidado desde las altas esferas del poder, a mas de enmarañado en las patrañas de los abogados defensores, tendremos a un país marchando por el tapete rojo de las cortes penales internacionales, para vergüenza de todos nosotros los ciudadanos de bien.

 

Como ya lo anote, la recuperación plena de la democracia y los derechos humanos está en el corazón mismo de mi programa de gobierno. Es una tarea inaplazable ya que si no la cumplimos de manera pronta estaremos poniendo en grave riesgo la propia existencia de nuestra democracia. En España la campaña nacional por recuperar y visibilizar las víctimas de la guerra civil, en particular las cometidas por el franquismo durante y después de la guerra, tiene como principio recuperar todos los restos humanos para entregárselos a sus deudos y rendirles los honores de la verdad debida. Jamás se dejan enterados una vez ubicados.

 

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¿Estaría dispuesto a abordar el tema del intercambio humanitario con las FARC?

 

Sí, siempre y cuando se cumpla la legislación colombiana y las normas internacionales. 

 

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¿Qué medidas adoptaría para garantizar los derechos fundamentales de sindicalistas, periodistas, indígenas y defensores de los derechos humanos?

 

En primer lugar ningún funcionario de las instituciones del Estado bajo control del ejecutivo hará declaraciones públicas o privadas con lenguaje agresivo o estigmatizante hacia los integrantes de esos sectores de la sociedad; y si ellas provinieran de funcionarios de instituciones diferentes a las anteriores se intervendría para neutralizarlas. En complemento los integrantes de los cuerpos de seguridad encargados de hacer estudios de vulnerabilidad y proveer seguridad preventiva a líderes y demás personajes de esos sectores, serán funcionarios escogidos por tener criterios claros y sobre la dignidad de toda persona humana y sobre la importancia fundamental de promover y proteger valores democráticos como la libertad de expresión y en especial la protección de los Derechos Humanos.  

 

 

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¿Cuál es su posición frente al último informe de Human Rights Watch?

 

 

En referencia al informe de Human Right Watch: Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia, creo que es una buena radiografía de lo que fue la desmovilización de las AUC y de la persistencia del amplio y creciente accionar delictivo de los grupos ligados directamente a ellas o surgidas como diáspora al amparo de su mal llamada desmovilización.

 

Una democracia, con grupos criminales organizados que delinquen de manera persistente contra los derechos humanos, es sin duda una democracia en peligro. Que estos grupos operen en 24 de los 34 departamentos del país, es no solo una cifra dramática sino que permite calibrar la calidad de la amenaza contra la propia estabilidad de la nación. Desafortunadamente en cifras, de lejos, preocupa más a los extranjeros que a los propios colombianos. Los dos mil casos de falsos positivos en conocimiento de la Fiscalía, el que los medios señalen la existencia de cincuenta mil desaparecidos en uno solo de los departamentos del sur oriente colombiano, los más de cuatro millones de desplazados que nos ponen a competir en vergüenza con Somalia, obligan a que la lucha por la defensa a ultranza de los derechos humanos sea para mí una prioridad de gobierno.

 

Este fenómeno, que Human Right Watch caracteriza como La Nueva Cara de la Violencia en Colombia, y que ha sido descrito con precisión por este y anteriores informes de la institución, en lugar de reducirse se ha venido intensificando, por más que el gobierno quiera desconocer el hecho. Bandas deterioradas por el ejercicio constante y prolongado de la violencia hoy utilizan la violación como una de sus armas, como si no les bastara la rapiña, la apropiación de bienes, el saqueo de las arcas públicas, la intimidación de jueces y la desaparición de testigos, prácticas con las que han venido socavando las bases de la democracia Colombiana. La defensa de las libertades y los derechos es tarea prioritaria y vital para nuestra propia existencia como nación.

 

 

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¿Estaría dispuesto a participar en un esfuerzo internacional por la legalización de las drogas?

 

Estaría dispuesto a participar en un esfuerzo internacional en donde todos los actores internacionales involucrados en el tema, países consumidores, productores, autoridades y educadores nos sentemos a analizar por que ha fracasado la política actual y si la legalización es o no la mejor vía para desmantelar redes de narcotraficantes y reducir la adicción a las drogas.

 

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¿Cuál es la propuesta para dar solución al problema de las personas que siguen secuestradas, en particular, los soldados y policías que siguen cautivos?

 

Primero exigirles por todos los medios, es decir nacional e internacionalmente que los liberen ya. Aunque para muchos suene pasado de moda: el camino lógico y racional es la negociación. Ya las FARC lo habían indicado y ahora lo reiteran en el mensaje verbal entregado a Piedad Córdoba: la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo es la última de carácter unilateral. Eso simple y llanamente quiere decir los 25 llamados “canjeables” que aún permanecen secuestrados o se negocian o los condenamos a morir en las selvas, como aconteció con el coronel Julián Ernesto Guevara y varios más.

 

Mientras se abren vías que permitan la salida de los secuestrados que quedan, el partido liberal y yo, de manera personal y directa, no dejaremos que pasen a ser estadísticas olvidadas. Su visibilización ha de ser de ahora en adelante compromiso de todos los colombianos hasta lograr su liberación.

 

Con Pablo Emilio Moncayo en libertad, después de doce años y tres meses de infierno, gracias a la admirable persistencia de su padre, los demás, sin dolientes visibles fuera de sus apesadumbradas familias y de algunas ONGs, muy pronto dejaran de ser noticia, y solo se volverá a hablar de ellos cuando las FARC así lo decidan o cuando los avatares de la guerra se los lleve para siempre.

 

Buscar la paz y por ende la supresión definitiva de los secuestros en Colombia será un compromiso ético y moral de mi gobierno.

 

 

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¿Cuáles serán las líneas de acción de una política de defensa para Colombia?

 


En diferentes momentos y medidas Colombia ha oscilado entre “voluntarismos de paz” y “voluntarismos de guerra”. Esto nos lleva a afirmar que lo que hoy necesita el país es que con base en toda la experiencia acumulada se conciba una estrategia con ingredientes tanto pacificantes como pacificadores con una perspectiva más de Estado que de Gobierno. Esos ingredientes se dosificarán de acuerdo a las situaciones del conflicto armado de por sí dinámicas y cambiantes.

 

Así las cosas la Política de Defensa y Seguridad tendrá las siguientes líneas de acción estratégicas:

 

  •  Las posturas políticas (incluyendo las diplomáticas) serán las prevalentes y combinarán serenidad, sindéresis y firmeza. La presión militar, en sus distintas modalidades, será siempre coherente con dichas posturas.

 

  • La negociación política del conflicto (interior vigente, exterior latente) será una opción entre otras (diplomacia, acción ante organismos internacionales, militar, etc.). La paz no depende exclusivamente de la negociación, la paz se alcanza con férrea voluntad que combine las distintas líneas de acción.

 

Habrá prioridad a la atención a quienes han sufrido el conflicto, empezando por los civiles sin soslayar los militares y policías y sus familias, y esto incluye los actualmente secuestrados y los retirados.

 

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¿Cómo puede el gobierno nacional contribuir a la seguridad en las ciudades? 

 


El gobierno nacional es clave en el mantenimiento de la seguridad en las ciudades. Yo propongo que el 30% de los recursos del impuesto al patrimonio sean destinados a la seguridad urbana. Así podemos financiar un nuevo modelo de gestión regional
 .

 

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