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POLÍTICA SOCIAL

Candidato: Gustavo Petro














Preguntas














 

¿Cuáles son las características de su proyecto de política social?


Al ser el nuestro un programa basado en respetar y potenciar la vida, la política social que proponemos supera las lógicas del mercado para transformar en derechos todo aquello que se ha convertido en servicios. Esta política tiene como base tres pilares:


  • Un pueblo con poder de trabajar, que implicala democratización del crédito, el saber y la tierra urbana y rural, la generación de un programa económico para el desarrollo del trabajo en sus diversas expresiones y un modelo de seguridad alimentaria que recon­struya la economía, la producción y la distribución del ingreso;

  • Un pueblo con vida digna, conacceso gratuito para todos los colombianos por su condición de ciudadanos y no por su capacidad de pago a salud, educación, pensiones y al mínimo vital de agua;

  • Un Estado para el Pueblo, porque nada de esto será posible si no le quitamos el Estado a las mafias, impulsando procesos de reconciliación local (región por región) que además de disolver el poder de las mafias, trasladen la tierra y el poder a la sociedad. Una política de seguridad integral, ligada a derechos y al fortalecimiento de la justicia salvaguardando la institucionalidad democrática. 

 

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¿Cuáles son sus principales propuestas en materia de empleo y política laboral?

 

La propuesta económica está dirigida a darle los instrumentos a los ciudadanos para generar trabajo al democratizar el saber, la tierra fértil y el crédito. Se fomentará el trabajo independiente, el trabajo asociativo libre y el emprendimiento, promoviendo formas de trabajo solidario y cooperativas auto gestionadas, y se eliminarán todas aquellas que se originan en procesos de intermediación laboral y donde no hay ambiente autogestionario. Nuestro gobierno se compromete a replantear los programas de subsidios asistencialistas para que esos sean recursos que sustenten el trabajo independiente, que estimulen las actitudes productivas y artísticas de la población.

 

  

Ampliaremos el radio de acción del Banco de Oportunidades y crearemos una red con instituciones financieras destinadas al microcrédito, para apoyar las iniciativas productivas del micro empresario con tasas de interés subsidiadas. Fortaleceremos los programas de formación en nuevas tecnologías y la conformación de redes de trabajo auto gestionado que se encadenen con el proceso de profundización industrial en bienes de capital y de consumo durable y con los programas de seguridad alimentaria. El rediseño de la Ley 100, que tiene que ser derogada por ineficiente, debe incluir estímulos para quienes generen nuevos empleos.

 

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 ¿Cómo garantizaría mayor equidad y viabilidad financiera en el sistema de seguridad social? 
 

Los recursos existentes en el sistema de salud alcanzan para sostenerlo si, y sólo si, se disminuyen los costos de intermediación financiera y de transacción entre los agentes y se destinan a la atención de los pacientes del sistema. La política de salud debe ser acorde al desarrollo de políticas financieras y sociales como la alimentaria, la educación, la de infraestructura, la de ambiente, entre otras, con lo que se puede garantizar al ciudadano el acceso a un sistema integral de calidad para preservar un buen vivir.

 



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¿Qué transformaciones requiere el sistema educativo?

 
Tenemos el compromiso de superar el viejo enfoque que reduce la política educativa a las categorías de cobertura y calidad, para adoptar el enfoque de derechos. Hemos planteado decretar la gratuidad total en la educación pública a nivel nacional y ofrecer las garantías necesarias para reducir la deserción escolar.


Es necesario abrir a los graduados de bachillerato acceso a la educación superior. Esto se logra impartiendo estudios profesionales y tecnológicos en cada colegio de secundaria, asegurando educación superior pública y gratuita en el país. Los colegios-universidades se establecerán en alianza con las instituciones de educación superior y con el SENA, y harán parte de una red que comprende la formación desde sus inicios, por medio del empleo de las madres comunitarias en el sector público y trasladándolas al Ministerio de Educación para constituir el sistema de preescolar público de Colombia. Con esto el sistema educativo se convierte en un proceso y no en la unión de diferentes ciclos como es tratado actualmente.

 

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¿Qué iniciativas tiene para solucionar el problema del hambre?

 
Proponemos una política pública centrada en los territorios, sus recursos y sus actores, que aumente la productividad rural, construya ciudadanía en el campo y democratice los medios de producción, incluyendo el saber, el crédito y la tierra. Para democratizar el campo se requiere integrar, por primera vez en la historia, al campesino a la prosperidad económica. Solo 4 millones de las 15 millones de hectáreas fértiles que tiene Colombia están dedicadas a la producción agrícola.


Nuestro objetivo es que la totalidad de nuestra tierra fértil produzca alimentos para los seres humanos. El énfasis estará en el desarrollo de sistemas agroalimentarios regionales que articulen las ciudades y sus entornos rurales, incluyendo con mucha prioridad los territorios campesinos, indígenas y otros, pues esos sistemas estarán basados en la producción campesina y étnica.


El modelo de producción subsidiada de alimentos que proponemos, acabará con el hambre en Colombia porque brindará comida barata para el pueblo y será nuestro puente productivo con el mundo y la base de nuestra industrialización, al consolidar a Colombia como una gran despensa del mundo.

 

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¿Cuál es su posición respecto del proyecto de referendo sobre el agua?

 

El agua es uno de los derechos que más defendemos en nuestro programa de gobierno. Apoyamos el referendo por el agua en su versión original y la voluntad que con su firma expresaron más de dos millones de colombianos, con el fin de que garantizar el acceso a un mínimo vital gratuito para todos los ciudadanos, de acuerdo a los cálculos de la Organización Mundial de la Salud. Entendiendo el riesgo de escasez de agua que sufre Colombia, elevaremos a rango constitucional el conjunto de bienes de uso público que se relacionan con este derecho vital de los ciudadanos, reconociendo además el carácter sagrado y esencial que tiene el agua para la cultura y existencia de pueblos y comunidades denominados como “grupos étnicos”.

 

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¿Respaldaría un referendo para que la salud sea considerada como un derecho fundamental no objeto de especulación financiera?

 

Si lo respaldaría. El actual sistema de salud está basado en la atención a la enfermedad como un negocio. Construiremos un nuevo sistema que entienda la salud como un derecho fundamental, que priorice la prevención y la atención primaria, que sea de acceso gratuito, para superar las barreras económicas, geográficas, organizacionales y culturales, y que garantice el principio de la universalidad.


Se debe consolidar un sistema unificado de salud en el que la condición de ciudadano, certificada con cédula, registro civil o por la simple permanencia en el territorio nacional, sea condición suficiente para recibir atención médica de calidad en la red de hospitales y clínicas.


Adicionalmente, el médico y los demás profesionales de la salud no pueden ser agentes económicos del sistema; debemos regresar la confianza que tenía la sociedad en los empleados del sistema de salud y volver al médico amigo. Este proceso pasa por la articulación directa con los pensum académicos de las universidades y la creación de garantías para que los profesionales de la salud puedan ejercer plenamente su oficio de acuerdo con los nuevos valores y principios del sistema de salud.

 

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¿Cuáles son sus estrategias para reducir las proporciones de la pobreza en Colombia?

 

El trabajo en el siglo XXI, para producir riqueza, necesita del saber, del crédito y de la tierra urbana y rural, pero en Colombia estos recursos se concentran en muy pocas manos, lo que impide que nuestra población tenga masivamente la oportunidad de prosperar, la excluye hacia la pobreza y la desigualdad social. Por ello, la política económica se centrará en democratizar los factores de producción (saber, crédito y tierra) y la generación de trabajo asociado y empleo decente. Se potencializarán las capacidades del país: disponibilidad de tierras fértiles, presencia de agua, biodiversidad y posibilidad de generar conocimiento.


La política social garantizará acceso universal y gratuidad en salud, educación, el mínimo vital de agua y el acceso a una pensión mínima vital a todos aquellos ancianos que no hayan podido cotizar para nutrición y salud. El Banco de la Mujer integrará el programa Familias en Acción para que, además de entregar subsidios, brinde créditos asociativos y productivos para las madres cabeza de familia. Este Banco se articulará con la Red Juntos para una acción integral frente a la pobreza. El sistema social combinado con las nuevas fuentes de trabajo garantizará la plataforma para que las familias colombianas superen la pobreza.

 

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¿Tiene alguna propuesta para atender especialmente las necesidades de la vejez?

 

Hemos planteado que para las personas que lleguen a la tercera edad y no hayan tenido acceso al régimen pensional o no hayan cumplido los requisitos de permanencia, tendrán una pensión ciudadana que cubra necesidades nutricionales y de salud, financiada con los recursos generados en un sistema pensional de pilares:

 

  • Afiliación universal de la población trabajadora bajo el sistema de prima media, con aportes de hasta tres salarios mínimos y liquidación de prestaciones sociales que no superen el tope aportado.

 

  • Régimen limitado de capitalización individual, al que llegarán todas las cotizaciones que se hagan por encima de los tres salarios mínimos y se retornará el ahorro alcanzado por sus titulares.

 

  • Ahorro voluntario en el sistema de capitalización individual, dirigido a quien quiera una mesada más alta y la logre con un mayor ahorro individual.

 

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¿Cuáles son los elementos específicos de su política para los jóvenes?

 

El papel de los jóvenes es clave en la consolidación de la nación. Sin embargo su papel ha sido reducido por la falta de oportunidades educativas, laborales y sociales. Para frenar esto hemos planteado el acceso a la educación superior por medio de los Colegios-Universidad, la transformación del ICETEX en el Banco del Joven, un banco de puertas abiertas con captación pública de ahorro, cuya misión será entregar el primer crédito de la vida al recién graduado profesional o a las asociaciones productivas de jóvenes emprendedores.

 

Se impulsará y apoyará un conjunto de trasformaciones pedagógicas y culturales en las escuelas y colegios, que ayuden a que los niños, niñas y jóvenes aprendan más y mejor, y reciban una formación más integral y humanística. Igualmente, se incluirá la formación ética y en valores democráticos.

 

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¿Considera que el modelo de Familias en Acción provee una solución sostenible a los problemas sociales de las comunidades beneficiarias del programa?

 

Familias en Acción es un primer paso en el apoyo directo del Estado a los ciudadanos, pero es insuficiente. Lo que proponemos es complementarlo, hacerlo más ambicioso para lograr un apoyo más integral. En nuestro gobierno crearemos el Banco de la Mujer, que integrará el programa Familias en Acción. Los subsidios se entregarán directamente a las cuentas de ahorro que se abrirán para las beneficiarias, pero agregará la opción del crédito asociativo y productivo para las madres cabeza de familia. Este Banco se articulará con la Red Juntos para una acción integral frente a la pobreza.

 

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 ¿Cuál es su posición frente al tema del aborto?

 

La Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006 es clara al declarar que existen tres casos de excepcionalidad en los que se puede adelantar un aborto. De acuerdo a la ley, entonces, este es un derecho, no una obligación para conceder autonomía de decisión a quien adelante estos procesos. El Estado, en el marco de sus funciones, debe garantizar unos procedimientos quirúrgicos efectivos y seguros que certifiquen el bienestar de las mujeres que, por cualquiera de los motivos contemplados en la sentencia, acudan a este método.

 

La responsabilidad de la gestión de los hospitales y clínicas que adelantan el procedimiento hace parte de las funciones del Estado, que deben estar encaminadas a la reducción de riesgos en todos los procesos quirúrgicos adelantados por las instituciones de salud, incluyendo los de interrupción del embarazo.



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