Visibilización de las capacidades, los méritos, las habilidades y los aportes de las personas con discapacidad en todos los escenarios de la vida académica, atendiendo al reconocimiento de su dignidad y valor inherente, como miembros de la familia humana y de los derechos iguales e inalienables que se desprenden de este (Política Pública de Discapacidad – Bogotá, 2023).

Reconocimiento de la existencia de una pluralidad de condiciones, identidades y expresiones humanas de las personas con discapacidad, que enriquecen la vida y se construyen desde diferentes ámbitos, tales como el personal, cultural, étnico, ideológico, entre otros. 

La equidad implica que las acciones sean justas, reconozcan las necesidades e intereses de personas que son diferentes y se materialicen en igualdad de oportunidades, identificando las desventajas que históricamente han afectado a la población con discapacidad (Política Pública de Discapacidad – Bogotá, 2023).

El principio de autonomía es entendido como la capacidad de toda persona para tomar decisiones libres y conscientes para alcanzar los fines que se propone (Política Pública de Discapacidad – Bogotá, 2023).

Para el desarrollo libre, autónomo e independiente de las personas con discapacidad es necesario que se formulen e implementen acciones que aseguren el acceso, en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas, las tecnologías de la información y las comunicaciones y formas de asistencia humana o animal e intermediarios (Política Pública de Discapacidad – Bogotá, 2023).

El principio de corresponsabilidad social conecta actores e instituciones en un marco referencial de solidaridad, reciprocidad, ética humana, reconocimiento mutuo, acuerdos, esfuerzos mancomunados y alianzas, para la consecución de la igualdad, la equidad, el desarrollo de capacidades y el bienestar social de las personas con discapacidad. 

La responsabilidad para alcanzar dichos objetivos implica que todos los actores reconozcan que tienen una responsabilidad intrínseca sobre su bienestar particular, pero también sobre el desarrollo general, a través del cumplimiento de sus deberes y obligaciones (Política Pública de Discapacidad – Bogotá, 2023).

Toda persona con discapacidad tiene derecho a acceder, de manera temporal o permanente, a una variedad de servicios de apoyo y cuidado necesarios para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, en condiciones de igualdad y equidad. El cuidado está conexo al sistema de apoyos de una persona con discapacidad, entendiendo este como un conjunto de recursos humanos (personas que desarrollan actividades de asistencia), estrategias y/o adaptaciones en el entorno (para el caso universitario), orientados al aumento de la independencia, la productividad y la inclusión social.

El cuidado requiere de respuestas/ acciones individuales de autocuidado, acciones colectivas y sociales (Política Pública de Discapacidad – Bogotá, 2023).

Se refiere a la amplia dimensión de las estrategias y líneas de acción que deben identificarse para incluir a los estudiantes en la institución. Se resalta el carácter sistémico de las personas con discapacidad y de dichas líneas de acción, no sólo al hacer explícito el acceso, la permanencia y la graduación (Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva, MEN, 2013).

Se relaciona a la adaptabilidad para responder a las diversidades, ya que parte del reconocimiento de que la realidad de todas y todos los estudiantes en la educación superior es dinámica y por ello, los lineamientos deben ser susceptibles de revisión, modificación y permanente actualización como parte del carácter procesal de la educación inclusiva (Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva, MEN, 2013).

El principio de progresividad supone el compromiso de iniciar y dar continuidad a los procesos que conlleven al goce efectivo de los Derechos Humanos por parte de la población con discapacidad (Política Pública de Discapacidad – Bogotá, 2023).