Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, fuera de Colombia viven cinco millones de colombianos  - que equivalen casi a la población total de Bogotá - en condiciones de desprotección frente a la legislación nacional e internacional.

Los migrantes colombianos, legales e ilegales, trabajan hasta 18 horas diarias, velan por sus familias y envían para ellas remesas que oscilan entre 200 y 300 dólares mensuales, que sumadas superan los ingresos por concepto de petróleo de un año. 

La decisión de salir del país que en su momento tomaron estos ciudadanos, ahora distantes de la tierra y de políticas públicas orientadas a proteger sus derechos como población desplazada, está basada en razones económicas, sociales y políticas.

La migración de colombianos al exterior es otra expresión trágica de la violencia interna colombiana, la misma que ha motivado la huida de la población rural a los grandes núcleos urbanos y que afecta a los habitantes de las zonas de frontera         .

Conscientes de esta realidad, y a través del proyecto Mecanismos jurídicos e institucionales de garantía de los derechos humanos de la población desplazada en Colombia, un grupo de investigadores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario estudió el tema  sobre los migrantes colombianos legales e ilegales        .

La investigación, concluida en 2006, les permitió identificar los factores que han incidido para que un porcentaje de los habitantes haya abandonado su territorio, entre los cuales figuran el conflicto armado, el narcotráfico, la apropiación de tierras y los desastres naturales.

Sin embargo, hasta el momento, el Estado colombiano sólo considera como desplazado a quien por algún motivo es obligado a migrar dentro del territorio nacional, y no tiene en cuenta la cantidad de personas que por las razones mencionadas debe desplazarse fuera del territorio nacional.

El Estado tampoco reconoce la relación entre los problemas económicos, la falta de empleo y de oportunidades y la desigualdad social como fuente de desplazamiento de personas. En consecuencia, no existen políticas serias que ayuden al desplazado en el exterior, pese a que esta cifra equivale a cerca de la mitad de los desarraigados internos y genera una grave fuga de capital humano.

La poca atención que presta el Estado está orientada hacia el migrante legal o hacia el irregular que tiene, por lo menos, para pagar un pasaje a España o Estados Unidos.