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El Conflicto detrás del Conflicto

Gustavo Caicedo Hinojos


“Solo somos humanos a través de la humanidad de los demás”
– Nelson Mandela –

Más que un proceso de paz con la guerrilla, lo que se pacte en La Habana es para los colombianos una oportunidad única de confrontarnos con nosotros mismos, con nuestros errores como ciudadanos y como sociedad, y con nuestra característica incapacidad a la hora de perdonarnos. Es entonces una puerta que se abre para reconciliarnos, no solo con los insurgentes, sino también – y más importante aún – con nuestra llamativa forma de construir un país bajo los principios de <<primero yo>> y <<todo vale>>, y volver nuestra reflexión sobre un Estado que se levantó sin consensos ni pactos sociales sólidos, y que por ende nació sin vida.

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Hoy, cuando se habla en cada rincón del país sobre la paz y el post-conflicto, es urgente entender las dinámicas y las características actuales de la violencia en Colombia, sus manifestaciones más evidentes y ocultas, así como sus orígenes. Nadie pone en duda la imperiosa necesidad de solucionar un conflicto armado mayoritariamente rural que ha producido fenómenos lamentables como la siembra de minas antipersonales, el reclutamiento forzado de niños, el desplazamiento, los cultivos ilícitos y la normalización de prácticas temibles como masacres y secuestros. Pero entender el proceso de paz con las FARC como la eliminación de la violencia en nuestro país es no entenderlo en absoluto, dado que en él lo que se está poniendo en juego es nuestra capacidad individual y colectiva de solucionar nuestras diferencias a través de mecanismos que no impliquen la violencia ni la eliminación física del otro. Esto significa que el proceso de paz es un proceso para empezar a conseguir la paz y abrirle espacio a nuevas formas de zanjar nuestros diferendos, y no para decretar su cumplimiento de tajo.
La consecución de la paz implica un proceso mucho más complejo y mucho más profundo que el que se discute en La Habana, y que apunta a la forma en que los colombianos nos relacionamos, nos ponemos de acuerdo, y resolvemos nuestras diferencias. En el trasfondo de la violencia en Colombia se encuentra la ausencia previa de un esfuerzo social por establecer mínimos de convivencia, por construir y defender aquello que la sociedad en su conjunto establece como justo e injusto, tolerable e intolerable, provechoso y nocivo, y la resultante deficiencia en la capacidad para condenar las actitudes y comportamientos individuales que atentan contra su tejido social. El fracaso del Estado colombiano no solo es evidente en las regiones del país donde los ejércitos rebeldes o vigilantes le disputan su autoridad, sino también en espacios y situaciones menos dramáticas pero igualmente representativas de su debilidad originaria, como la fila del supermercado, el semáforo, la oficina de impuestos, la calle y la familia (Santos y García, 2003).

 

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En este orden de ideas, mientras el combate directo entre las fuerzas rebeldes y vigilantes y el ejército oficial, así como los operativos militares en los centros de cultivo y producción de drogas, no representan más del 15 por ciento de las tasas nacionales de homicidio en las últimas décadas (Sánchez, Diaz y Formisano, 2003, p. 32; Comisión de Estudios de la Violencia, 1987), el 48 por ciento de los crímenes cometidos después de 1998 está relacionados con asaltos, riñas, problemas de intolerancia social y ajuste de cuentas (Gaitán, 2001, p. 86). Además, con cerca de 8 de cada 10 colombianos viviendo en ciudades, el 56 por ciento de los asesinatos cometidos en 2013 estuvieron concentrados en las 50 ciudades más pobladas del país (Llorente, Escobedo, Ramírez y García, 2014). Con ello se sugieren al menos dos cosas: primero, que la desmovilización de la insurgencia va a traer resultados positivos en materia de orden público pero que su impacto en términos de homicidios puede ser limitado, y que por ende se hacen urgentes políticas de seguridad pedagógicas y culturales para generar conciencia ciudadana (Pasotti, 2010) en una población cada vez más urbana. Segundo, que el proceso de paz con los grupos armados ilegales es válido principalmente porque sirve de ensayo para que la sociedad civil aprenda a perdonarse a sí misma a través del perdón de los insurgentes – algo así como perdonarlos para poder perdonarse –, y a solucionar, en concordancia con las invitaciones desde el civismo y la cultura ciudadana[1] de Mockus y Fajardo, sus malos entendidos sin la necesidad de agredirse físicamente (Mockus 2013; Sáenz, 2011; Dávila, 2011; Fajardo, 2009).

La violencia en nuestro país nace en el lugar donde el Estado muere, es decir en la ausencia de un consenso social claro y consolidado que paute la resolución de los conflictos sociales con parámetros solidarios y sobre el cual finalmente la autoridad política establece sus fronteras de acción y legitimidad. El Estado colombiano descansa sobre un desacuerdo que no solo desafía su autoridad, sino que lo anula con prácticas sociales que a pesar de ir en contra de su imperio normativo, son aceptadas – y en casos extremos apreciadas – por los ciudadanos. La cultura del atajo y del todo vale, hiperbolizadas por un abrumador culto del yo, se abren paso como mecanismos legítimos de éxito individual, mientras radicalizan la permisividad en la sociedad frente a quien se sale con la suya a toda costa, a menudo en detrimento de los demás, por las malas y mediante caminos cortos, dudosos y contrarios a las normas legales. El distanciamiento entre lo socialmente aceptado y lo legalmente establecido se evidencia en la cotidianidad de la vida ciudadana, cuando alguien se mete en la fila, se pasa el semáforo en rojo, evade los impuestos o evita una multa de tránsito al sobornar al agente. Pero dicho laxismo con el infractor tiene consecuencias devastadoras para la paz social, pues a menudo los ciudadanos aplican los mismos principios del atajo y del todo vale para resolver sus diferencias – intolerancia, violencia intrafamiliar, riñas callejeras, vendettas personales y ajustes de cuentas – y para escalar socialmente – contrabando, narcotráfico, extorsión (Álvarez, 2010).
 

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Del desmonte de la presión social sobre la evasión de las normas legales se sigue aquel sobre la evasión de las normas morales – el valor de la vida, del trabajo honrado, de la responsabilidad social los ciudadanos, de la paz y del ejemplo cívico –, dejando a los ciudadanos frente a la incertidumbre de la impunidad social – el silencio frente al transgresor – y al miedo colectivo – silencio por miedo a denunciar al agresor. La sociedad necesita recuperar la vergüenza, señalar justo ahí donde se desnuda su sensibilidad, indignarse cuando los rebeldes ponen una bomba, cuando los senadores se quedan con el patrimonio público – recursos públicos recursos sagrados –, cuando los barras bravas dañan una estación de transporte masivo, cuando asesinan a los niños y a las mujeres, cuando alguien es secuestrado, quemado con ácido o violado, cuando el ejército desaparece estudiantes o el conductor no le cede el paso al anciano. La violencia en Colombia es producto de la distorsión cultural que existe entre lo dañino y lo admisible – la falta de acuerdo sobre que daña y que no –, y la lamentable forma en que nuestros compatriotas zanjan dicha distorsión. La falta de acuerdo sobre los límites, los parámetros y las sensibilidades del consenso social dificulta la limitación entre lo que se permite y lo que se rechaza socialmente, y profundiza la imposición deliberada – por las malas – por parte de los ciudadanos, de valores y legitimidades que están aún en disputa. Solo en estas condiciones de desmoronamiento moral del tejido social es factible que un ciudadano califique la muerte o el daño de otro como justificable si violó alguna norma social que considera justa – una traición, una deuda, el honor familiar –. La sociedad que celebra y aplaude al que consigue dinero fácil o burla a la ley sin ser castigado, queda comprometida cuando dichas manifestaciones implican el sacrificio de la vida o la integridad humanas, y en este sentido la perdida de delimitantes para la garantía de los mínimos de coexistencia dilapida cualquier esfuerzo posterior del Estado de hacer valer derechos que para sus gobernados no tienen un valor sagrado: la vida es sagrada (Mockus, 1998; Bromberg, 2010; Fajardo, 2010).

Quizás, en el corazón del conflicto armado se esconde una verdad oculta e insospechada: la violencia no es causada por el conflicto y sus actores sino todo lo contrario, los actores y su conflicto han sido el resultado de una violencia previa, casi genética, impregnada en los usos y las costumbres de nuestra sociedad inclusive antes de que se consolidara la república. Quizás el proceso de paz con la guerrilla no es más que una oportunidad para volver sobre nosotros mismos, para reconsiderar hasta qué punto nuestra sociedad ha sido la culpable al no exigir de sus miembros un comportamiento más responsable con los criterios más elementales de humanidad; al insistir de  manera casi esquizofrénica en responder con más odio frente a quienes nos ofenden, de eliminar nuestras diferencias con más y más violencia, de seguir eligiendo gobernantes y enalteciendo ídolos que sacan lo peor de nosotros, que solo representan nuestro resentimiento, que nos invitan a odiar, a no escuchar, a no perdonar. Probablemente el proceso de La Habana nos sirva para preguntarnos si acaso los guerrilleros, los mafiosos, los paramilitares y el crimen organizado no tienen algo en común con el resto de los ciudadanos, si acaso sus tenebrosas practicas no surgen de lo tenebroso que somos nosotros como sociedad, como país, y si no hay relación alguna entre los alzados en armas que matan y arrasan pueblos, los representantes del pueblo que se roban las elecciones y el presupuesto público, y el ciudadano de a pie que se mete en la fila y se pelea con los demás por un semáforo en rojo, por una mujer, por un equipo de fútbol. 
 

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Es justamente esta violencia primigenia y cultural, originada en la desaparición de los mínimos de convivencia social, alentada por una sociedad que es incapaz de establecer mecanismos no violentos para poner de acuerdo a sus miembros y de promover las nociones básicas de solidaridad, respeto a la vida y convivencia, la que nos obliga hoy a los colombianos a sentarnos en una mesa de diálogos con la insurgencia, buscando una solución política como pretexto para salvarnos el alma, para mirarnos a nosotros mismos e indagar en el fondo de nuestros corazones si finalmente seremos capaces de perdonarnos para así perdonar a los demás. Los diálogos son la excusa para revisar la posibilidad de vivir en un país sin rencores, sin salidas fáciles, donde el todo vale sea remplazado por una idea clara del valor trascendental de la vida humana, de la necesidad que tenemos de vivir juntos, de aceptarnos como somos y protegernos aún en nuestras diferencias, y de la conciencia de que nuestro paso por esta vida es tan corto, que hacernos daño es una pérdida de tiempo.

Referencias

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  • Escobar, David (ed.) (2008). “Los Políticos Toman las Decisiones más Importantes en una Sociedad”. Del Miedo a la Esperanza – Alcaldía de Medellín 2004 – 2007. Alcaldía de Medellín, p. 13 – 47. Noviembre 2008. 
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  • Gaitán, Fernando (2001). “Multicausalidad, Impunidad y Violencia: Una visión alternativa”. Revista de Economía Institucional. N° 5, pp: 78 – 105. Bogotá, 2001.
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  • Sánchez, Fabio; Diaz, Ana y Formisano, Michel (2003). “Conflicto, Violencia y Actividad Criminal en Colombia: Un análisis espacial”. Archivos de Economía – Dirección de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación. N° 219, pp: 2 – 75. Bogotá, Marzo de 2003.
  • Santos, Boaventura y García, Mauricio (2001). El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia. Análisis socio-jurídico. Universidad Nacional de Colombia – Siglo del Hombre Editores. Bogotá. 2001.
 


[1] Entendida como el conjunto de actitudes, costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas, que generan un sentido de pertenencia, facilitan la coexistencia urbana, y conducen a los ciudadanos al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de sus derechos y deberes (Pasotti, 2010, p. 79).

 

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