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La Ley del Residente

Esta semana, seguramente, se define la suerte del proyecto de ley 261 de 2017, “Por medio de la cual se reglamenta el sistema de residencias médicas en Colombia, su mecanismo de financiación y se dictan otras disposiciones”, el cual llega a su último y cuarto debate con pronostico reservado habida cuenta de los cambios que le han introducido a la postre desvaneciendo así una ilusión justa y necesaria de reconocer el trabajo de los residentes.

Debo destacar que la forma en que los lideres propios de esta iniciativa han manejado el debate y han conducido el transito de esta propuesta deja abierta una esperanza sobre los liderazgos propositivos y el respeto por las diferencias que han demostrado los proponentes. Es un aire fresco sobre la forma en que debe llevarse a cabo el debate público.

Sería una lastima que el proyecto de ley sucumbiera en el último debate pero seguramente prevalecerán mas unos intereses que otros. He tenido la oportunidad de inmiscuirme en su trasegar como presidente de la Junta Directiva de Ascofame y de acompañar a los residentes en su legitima aspiración e incluso de promover modificaciones conjuntas con Ascun para hacerla viable, las cuales a ultima hora se derrumbaron al introducirle modificaciones al artículo 9 y al parágrafo 1 del mismo que lo hacen diferente a como salió de la Comisión Séptima del Senado publicado en la Gaceta del Congreso el 11 de abril de 2018.

Esos cambios hacen inane el proyecto de ley pues hará aún mas costosa la matrícula de las especialidades medico-quirúrgicas por cuanto a los costos administrativos y operativos de las universidades, que los hay y es necesario aceptarlo, se deberían sumar los mismos de las IPS donde los residentes hacen la práctica, despreciando de tajo la productividad que su trabajo le proporciona a la IPS y que esta cobra al sistema. Además de volver nacional una práctica que solo se da con mayor intensidad en el Distrito Capital.

Por otro lado elimina también el parágrafo que prohíbe el cobro de contraprestaciones por parte de las IPS que en algunos casos llega a ser hasta del 80% del valor bruto de la matricula lo cual encarece el valor de la misma.

El proyecto de ley ha tenido muchas dificultades que se han ido subsanando con el transcurso de los debates; me atrevo a pensar, inclusive, que hasta su financiación podría estar asegurada pero los cambios que se le introdujeron luego de la publicación en la Gaceta la hacen inviable en lo que a rebajar las matrículas se refiere. No sirve para nada pagarle al residente tres salarios mínimos vigentes mensuales si el costo de su matricula no solo no se reduce por el no cobro de contraprestaciones, en el caso de Bogotá, sino que además hay que sumarle el costo que determine el hospital y que debe asumir el residente por trabajar en la misma IPS que le carga a su deteriorado bolsillo, a través de los costos de la matricula, el pago por trabajar. Es de no creer!

Hay versiones encontradas, a este momento, alrededor de que este inconveniente ha sido retirado del proyecto de ley y que este se ha dejado tal cual como fue publicada en la Gaceta del Congreso; ojalá. Queda solo esperar que las artimañas procedimentales del legislativo permitan que al menos se vote.

De ser así y de convertirse en Ley de la República le queda aun un camino largo y difícil que recorrer no solo en su reglamentación sino en las demandas que seguramente tendrá que afrontar. Pero esa es la lucha; lo que no es permisible es atentar contra esa lucha cuando sus promotores genuinos la han dado con altura.

Bogotá, Mayo 13 de 2018

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