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Cultura y Sociedad

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La hora cero del asbesto en Colombia

Seis proyectos de ley fueron radicados en el Congreso desde el 2007 para prohibir el asbesto en Colombia. El pulso entre activismo e industria lo ganaron los empresarios en cinco ocasiones; sin embargo, la acción colectiva que ha abanderado la lucha contra este mineral logró finalmente que los congresistas legislaran en favor de la salud de todos los colombianos, siguiendo el ejemplo de 64 países que ya habían prohibido el uso de esa fibra mineral mortal.

  Fotos: Alberto Sierra, Ximena Serrano
Por Magda Páez Torres

Paradójicamente, comienzo a escribir este artículo bajo unas láminas de asbesto en casa de mis padres. Ellos apenas se enteran de que han convivido durante décadas con un enemigo silencioso. Y es que en Colombia el asbesto ha formado parte de la cotidianidad de muchas familias que, por desconocimiento de los impactos que genera en la salud, lo han mantenido cerca en tuberías, tanques, tejas, pastillas de frenos, entre otros más de 3.000 productos.

"Desde los años treinta del siglo pasado, se escucharon los primeros campanazos sobre la peligrosidad del asbesto. Sonaron en Reino Unido, donde un inspector en salud realizó una encuesta con los trabajadores de una fábrica de este mineral, y encontró que había una asociación entre la exposición a ese material y la aparición del cáncer pulmonar. La alerta motivó investigaciones en Estados Unidos y Francia. Así, se gestó una cadena de estudios que empezaron a advertir sobre las enfermedades causadas por el amianto o asbesto, tales como el mesotelioma, cáncer de laringe, asbestosis, cáncer de pulmón, entre otras.

Colombia tardó bastante en proscribir el uso del asbesto, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Trabajo (OIT) habían emitido advertencias y pronunciamientos como el Convenio 162 de la oit (1986), y de que ya 64 países habían prohibido el uso de esta fibra mortal. Los investigadores de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Juan Carlos Guerrero y Ana María Torres, le han seguido la pista a la búsqueda de la prohibición de este mineral en el país.

De acuerdo con la investigación de estos autores, desde el año 2007, han llegado al Congreso de la República seis proyectos para prohibir el uso de este mineral. En cinco ocasiones las iniciativas legislativas se hundieron; sin embargo, la sexta iniciativa logró hacer por primera vez su trámite completo por el Congreso y el presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó la ley 1968 de 2019, llamada también Ley Ana Cecilia Niño, la cual prohíbe el uso del asbesto en el país a partir del 1 de enero del año 2021.

“En Colombia, yo pienso que ha pasado lo mismo que en todos los países: los industriales del asbesto han hecho un lobby bastante fuerte para evitar cualquier legislación que prohíba su uso”, señala el profesor Guerrero, quien agrega que ya no había más excusas para frenar la decisión, pues las mismas empresas admiten que han venido preparándose para sustituir esta fibra.

De acuerdo con el investigador, en el Congreso se usaron todo tipo de argumentos irrisorios para impedir el avance de los proyectos de ley, como la afirmación de un congresista de la Comisión Séptima del Senado, quien sostuvo que en el país no se podía remplazar el asbesto en las pastillas de los carros, porque había una configuración topográfica montañosa que hacía muy difícil que se elaboraran con otro material. Una forma de despistar a la opinión pública.

Otros legisladores alegaron que no se habían adelantado estudios que demostraran la peligrosidad del asbesto en Colombia, argumento que también se caía con su propio peso. “El pedido de investigación propia en el país buscaba retrasar la prohibición. No tenía ninguna validez, porque los colombianos no tenemos un gen particular que nos haga inmunes a las enfermedades que produce el asbesto. Somos como los seres humanos del resto del mundo y lo que se ha probado, a nivel mundial, en términos de la peligrosidad del uso de esa fibra, aplica perfectamente para nosotros. Además, sí tenemos investigación propia del Instituto Nacional de Cancerología y de varios grupos académicos”, sostiene Guerrero.

Irónicamente, el representante del Partido Liberal, Pedro Muvdi Arangüena, presentó dos proyectos de ley, en 2007 y 2009, para impulsar el uso de este mineral en la construcción de viviendas de interés social, iniciativas que no prosperaron; sin embargo, ello demuestra el afán que algunos sectores tuvieron en ciertos momentos por mantener a flote este mineral.

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“En Colombia los industriales del asbesto han hecho un lobby bastante fuerte para evitar cualquier legislación que prohíba su uso”, señala el profesor Juan Carlos Guerrero.

Las víctimas del asbesto
En Colombia se producen, según datos de la Organización no Gubernamental (ONG) ambientalista Greenpeace, citados por la investigación de Guerrero y Torres, cerca de 700 toneladas de asbesto al mes, extraídas de la mina Las Brisas, en el municipio de Campamento, Antioquia. En el país, de acuerdo con esta ong, 256 empresas han utilizado asbesto en sus productos, las más reconocidas son Eternit, Incolbest y Toptec.

Se calcula, además, que el amianto ha dejado más de 500 víctimas en Colombia —con base en datos expuestos por la senadora Nadia Blel, autora de la ley—, no obstante, el número de afectados por esta fibra sería mayor, ya que existe un subregistro.

La primera persona en ponerle rostro al llamado público para la prohibición del asbesto fue Ana Cecilia Niño, periodista que sufrió un mesotelioma, debido a la vecindad que mantuvo durante su infancia con una fábrica de amianto en Sibaté, Cundinamarca. Ella abanderó la lucha desde el activismo, hasta su fallecimiento en enero de 2017. Después de su muerte, bajo el liderazgo de su esposo, Daniel Pineda, nació la Fundación Ana Cecilia Niño, que ha liderado varias acciones para motivar la decisión política de prohibir esta fibra.





 

En Colombia el asbesto ha formado parte de la cotidianidad de muchas familias que, por desconocimiento de los impactos que genera en la salud, lo han mantenido cerca en algunas tuberías, tanques, tejas, pastillas de frenos, planchas para el cabello, entre otros más de 3.000 productos.

“A pesar de los casos que han salido a la luz, la industria en el mundo ha financiado estudios para desvirtuar las tesis de los científicos sobre la peligrosidad del asbesto para la salud, como sucedió en Canadá, uno de los principales exportadores de este mineral, que finalmente lo prohibió en 2018. “Ello ha propiciado un debate muy prolongado, donde las tesis han ido chocando. A nuestro juicio, lo que ha llevado a muchos países a tomar en serio las investigaciones científicas que consideran que hay un riesgo en el uso del asbesto, ha sido el pronunciamiento de organizaciones internacionales como la OIT y la OMS, lo que ha generado oleadas fuertes de prohibición y de regulación”, señala el profesor Juan Carlos Guerrero.

Países latinoamericanos como Argentina, Chile y Brasil, un destacado productor de asbesto, también le dijeron no a la continuidad de este mineral en su industria, y le tomaron la delantera a Colombia en esta tarea pendiente por mucho tiempo.

Un fallo decisivo
Aunque el Congreso de la República acaba de comprometerse con la sustitución o prohibición del asbesto, la acción colectiva ya había ganado varios rounds en esta pelea. Cuatro municipios (El Colegio, Cundinamarca; Chivatá, Samacá y Tibasosa en Boyacá) marcaron un precedente importante: prohibieron el uso del mineral, en algunos casos, en obras públicas; y en otros, de forma total. Incluso en la capital del país fue radicado un proyecto en ese mismo sentido. Es más, el departamento de Boyacá, desde su Gobernación, se sumó este año a esta causa, con la prohibición del asbesto en las obras de contratación pública en toda la región.

Otra luz de esperanza para Colombia emanó del fallo de un juez, en febrero de 2019, que ordenó la sustitución a futuro del uso del amianto en Colombia, en un plazo de cinco años, a raíz de una acción popular que fue presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en el año 2006. Para la investigadora Ana María Torres, se trataba de una decisión simbólica de suma importancia, a pesar de que se dio en primera instancia, es decir, que habría posibilidad de que sea apelada. “Fue esencialmente una medida de presión al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud y Protección Social para que se adelantaran acciones con respecto a la sustitución del uso del asbesto. El fallo no fue descriptivo sobre cómo se debe hacer el proceso de sustitución, no habla de un plan de adaptación laboral en las fábricas donde es un insumo de producción, mientras que la ley aprobada sí lo es. Por eso, el fallo fue una acción que impulsó de algún modo a que se aprobara la iniciativa en el Congreso”, afirma.

El fallo establece, entre otras acciones, realizar pedagogía para enseñarle a la población los riesgos relacionados con la exposición al amianto; llevar a cabo un censo para identificar las empresas que utilizan asbesto en sus procesos de producción y los trabajadores que se encuentran expuestos a esta fibra mineral, así como las poblaciones ubicadas cerca de estas empresas; elaborar un programa de adaptación laboral para los trabajadores de la mina Las Brisas y monitorear la concentración de asbesto en el área donde se explota esta fibra.

 

Precisamente, uno de los 'peros' de los congresistas para negarse a prohibir el asbesto fue la orfandad en la que quedarían los trabajadores de estas fábricas. Sin embargo, para el profesor Guerrero, esa era una excusa más de los interesados en prolongar el negocio, ya que las mismas empresas han admitido recientemente que, desde por lo menos el 2015, ya habían realizado un plan de reconversión industrial para sustituir el asbesto.

Lo que no contemplaba el fallo del juez frente a la acción popular fue el tema delicado de la sustitución del asbesto ya instalado. Esto fue afortunadamente subsanado en la ley aprobada el pasado 11 de julio de 2019, puesto que allí se conmina al Estado a elaborar una política pública de sustitución del asbesto ya instalado en un plazo máximo de cinco años. Como lo afirma el investigador Juan Carlos Guerrero, esta ha sido una de las aristas más complejas de abordar en los distintos países que han prohibido el amianto. “Si hay algo realmente peligroso para la salud humana es la remoción del asbesto, por los riesgos que implica. Incluso, hay países que han decidido no removerlo si no existe una clara fractura de los productos hechos con esa fibra, porque eso requiere equipos muy bien preparados, todo un dispositivo complejo de remoción de ese material. Seguramente, este va a ser un debate que va a aparecer pronto en Colombia, tras la prohibición de la producción, la explotación, el uso y la comercialización de ese mineral”, sostuvo.
 

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“El tema de la mediatización ha generado que la población sea consciente de los riesgos a los que estamos expuestos con esta fibra mineral, que no solo afecta a los trabajadores, sino a todos, dice la investigadora Ana María Torres.

Triunfo del activismo
En los pasos que se dieron para lograr la prohibición del asbesto en Colombia, ha sido fundamental la acción colectiva. Aunque el camino ha sido largo y pedregoso, los tropiezos no han impedido que los líderes de esta lucha persistieran en su intención. “El fallo y la aprobación del proyecto de ley fueron el resultado del activismo, por parte de las víctimas y de varias organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace, todas ellas acompañadas por abogados y académicos. Hay incluso juristas que, por ejemplo, interpusieron recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con un alegato jurídico interesante. Ha habido un gran trabajo de presión”, afirma Guerrero.

El logro de que algunos municipios y el departamento de Boyacá hayan tomado la iniciativa en la prohibición del asbesto también se le atribuye al trabajo persistente de estos activistas, que se han concentrado en informar y advertir a la opinión pública sobre los riesgos que representa este material.

“Estamos viendo cómo en Colombia, en este momento, hay una proliferación muy grande de acciones colectivas sobre temas muy diversos y muy distintos. Es lógico que eso suceda así, en la medida en que el país intente avanzar hacia el posconflicto. El hecho de que Colombia pueda pasar la página del conflicto armado, va a significar un gran reto que es abrir la caja de pandora de todos los problemas que hay: fracking, asbesto, educación, minería…”, expresó Guerrero.

Sin duda, los medios de comunicación han sido un instrumento clave para que los mensajes del activismo lleguen a los grupos de poder y a la ciudadanía. “El tema de la mediatización ha generado que la población sea consciente de los riesgos a los que estamos expuestos con esta fibra mineral, que no solo afecta a los trabajadores, sino a todos. La cobertura mediática ha ayudado a que el movimiento crezca y a que la presión sea mayor”, dijo la investigadora Torres.

Así las cosas, la prohibición del asbesto es un doble triunfo en el país: un logro para toda Colombia, por el freno al uso de esta fibra, y un golpe claro de la acción colectiva emergente. “Puede haber políticos que tengan temor, porque una ciudadanía activa, pendiente del trabajo de los legisladores, puede ser incómoda para algunos actores, pero también puede constituir una oportunidad para los políticos que hoy en día intentan sintonizarse con esas ciudadanías activas. Es un momento interesante en términos de la evolución de la democracia representativa y participativa”, concluye el investigador Guerrero.

El camino está servido. Hoy existe una opinión pública informada y con espíritu crítico que, tal vez, con la hazaña lograda por quienes insistieron en la lucha por la prohibición del amianto, sea capaz de creer en el poder de una ciudadanía activa.

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