Guía de servicios

GAP > El panel de Incidencia

El panel de Incidencia

  • Trabajo Sexual

  • La intimidad de los morosos en las propiedades horizontales

  • El respeto por las personas en condición de discapacidad

  • La protección de los extranjeros residentes en Colombia

  • Hospital San Juan de Dios (Bogotá D.C.)

  • Acceso a subsidios de Vivienda de Interés Prioritario

  • Acceso a vivienda de interés social para personas en condición de discapacidad

  • Autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales

  • Ejercicio de la actividad notarial

Trabajo Sexual

Nuestra clínica, en colaboración con otros aliados estratégicos, un artículo del Código de Policía que establecía cargas para las y los trabajadores sexuales para el funcionamiento del establecimiento donde llevan a cabo su actividad.

El artículo 43 del nuevo Código de Policía establece que el personal que labore en los establecimientos en los que se ejerza el trabajo sexual debe cumplir con una serie de cargas como obtener un concepto sanitario, el suministro de preservativos, la promoción de su uso, la prohibición de publicitar sus servicios, entre otros.
Aunque la Corte decidió inhibirse en lugar de declarar la exequibilidad condicionada, aclaró que esos deberes no son aplicables a las personas que ejercen el trabajo sexual.
Sin embargo, la Corte afirmó que el trabajo sexual no es un trabajo sino que eso es un “debate abierto”, lo que desconoce en principio de realidad sobre las formas propio del derecho del trabajo y deja sin protección a personas vulnerables que, dentro de sus posibilidades, deben elegir este oficio.

Vea la Sentencia C-293/19.

La intimidad de los morosos en las propiedades horizontales

El GAP demandó un artículo del Código de Policía que permitía a los conjuntos residenciales publicar en áreas comunes el listado de deudores de administración y a los residentes quienes hubieran cometido faltas.

Nuestra demandaba argumentaba que los artículos 30 y 59 de la Ley 675 de 2001 violaban los derechos fundamentales a la intimidad y al hábeas data. Estos artículos permiten publicar en las zonas comunes el listado de los residentes que tengan deudas con la administración y aquellos que cometan faltas.
Sin embargo, la Corte consideró que dichas disposiciones eran constitucionales porque la lista de morosos “se ubica[n] en un lugar que también interesa a quienes habitan en dicha propiedad” y que la lista de infractores estaba permitida porque, en ningún caso, se podría publicar un dato que no tuviera como fin “garantizar la seguridad y la convivencia pacífica”. A nuestro juicio, este fallo es bastante problemático. Al permitir la publicación de este tipo de listados, en la práctica se avala la venganza y el escrutinio público como un método de resolver conflictos, cuando estos habían sido reemplazados por el derecho.

Vea la Sentencia C-328/19.

El respeto por las personas en condición de discapacidad

Nuestra clínica demandó varias leyes que trataban de forma despectiva a las personas en condición de discapacidad. La Corte nos dio la razón.

Nuestra demandaba argumentaba que la terminología utilizada las leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de 1994, 324 de 1996, 361 de 1997, 546 de 1999, 860 de 2003, 797 de 2003, 1114 de 2006, 1438 de 2011 y 1562 de 2012 resultaba peyorativo, no neutral y discriminatorio frente a la población en condición de discapacidad.
Solicitamos que dichas normas se declaran inconstitucionales o que, en su defecto, se declarara la constitucionalidad condicionada de los mismos sujetándose a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. La Corte nos dio la razón.

Vea la Sentencia C-458/15.

La protección de los extranjeros residentes en Colombia

El GAP demandó varias disposiciones de la Ley 1465 de 2011 que creó el Sistema Nacional de Migraciones, pero excluyó a los extranjeros residentes en Colombia.

Nuestra demandaba argumentaba que la Ley 1465 de 2011 excluía de forma injustificada a los extranjeros residentes en Colombia. A nuestro sentir, al no incluir en esta regulación a los extranjeros residentes en Colombia, esta ley generaba una vulneración del derecho a la igualdad de estas personas.
Sin embargo, la Corte no nos dio la razón. La Sala Plena consideró que no teníamos razón debido a que existe una justificación razonable para no incluirlos en esta ley: que se encuentran en territorio colombiano.
Consideramos que esta decisión de la Corte es restrictiva de los derechos de los migrantes que viven en Colombia y los excluye de un sistema que podría garantizar su protección.

Vea la Sentencia C-416/14.

Hospital San Juan de Dios (Bogotá D.C.)

Participamos del proceso de acción popular, que defendió al Hospital San Juan de Dios y a la comunidad que se beneficiaba de el, de la ruina y el abandono en la que se encontraba el Hospital.

La Problemática
Desde su nacimiento, el Hospital San Juan de Dios ha sido un establecimiento de beneficencia del Estado, que ha prestado invaluables servicios en el área de la salud a los colombianos de bajos recursos. No obstante, el modelo de la Ley 100 de 1993 llevó al desfinanciamiento al Hospital.
La Ley 735 de 2002 al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno Infantil como monumentos nacionales. Además, en el 2005, el Consejo de Estado ordenó liquidar la Fundación San Juan de Dios, aclarando que el San Juan tenía la naturaleza de un establecimiento de beneficencia del Estado. Todo esto condujo a que, una vez liquidada, no se supiera con exactitud en manos de quién estaba el hospital. Entretanto, el manejo del patrimonio público fue irregular y las instalaciones del hospital fueron prácticamente abandonadas.

Nuestra Labor
El GAP intervino como coadyuvante de los demandantes en el proceso de la acción popular interpuesto en el 2009, por vulneración a los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, el patrimonio cultural de la nación, la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
Así mismo, a partir del fallo de segunda instancia, ha intervenido en el comité de verificación del cumplimiento de la sentencia y ha hecho un seguimiento administrativo, para recaudar información sobre el cumplimiento del fallo en miras de corroborar la efectiva protección del derecho colectivo amparado, haciendo alianzas interinstitucionales con instituciones como la Fundación ProBono.

Los Resultados
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró vulnerado el derecho colectivo al acceso al servicio público de salud y a que su prestación sea efectiva y oportuna. En consecuencia, ordenó al Gobierno Nacional, en asocio con la Empresa de Renovación Urbana y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, la reapertura del Hospital San Juan de Dios en los términos que ordena la Ley 735 de 2002, es decir, enfocado en:

  • La educación universitaria con el fin de llevar a cabo prácticas de los estudiantes de las universidades públicas y privadas en el área de la salud y en el desarrollo de trabajos de investigación en este campo.
  • El desarrollo de programas de fomento de la salud y de medicina preventiva.
  • La prestación, con preferencia, de servicios médico-asistenciales a las personas carentes de recursos económicos en los distintos niveles de atención y estratificación. 

Acceso a subsidios de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) para personas que fueron privadas de la libertad por haber cometido delitos contra menores de edad

Decidimos demandar el parágrafo tercero del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012, que excluía a las personas que hubieran cometido delitos en contra de menores de edad del acceso a subsidios de vivienda de interés prioritario. Creemos que esa norma violaba el derecho a la vivienda y el derecho a la igualdad. La Corte nos dio la razón.

Nuestra demanda argumentaba que excluir a las personas que fueron privadas de la libertad por haber cometido delitos contra menores de edad vulneraba el derecho fundamental a la vivienda y que era una limitación irrazonable de este derecho. En específico, argumentamos que si bien se buscaba proteger a los menores, la norma no lograba tal fin.
La Corte nos halló la razón. También consideró que la norma vulneraba la prohibición de establecer penas o sanciones perpetuas.

Vea la Sentencia C-370/14.

Acceso a vivienda de interés social para personas en condición de discapacidad

Demandamos la cuota del 1% que estableció la Ley 1114 de 2006 para la construcción de viviendas de interés social por considerar que era regresiva respecto de la Ley 361 de 1997 que tenía una cuota del 10% para esta población.

Nuestra demanda argumentaba que reducir del 10% al 1% la cuota de viviendas para personas en condición de discapacidad violaba el principio de no regresividad de los derechos sociales, por lo que se solicitaba la declaratoria de inconstitucionalidad de esa reducción.
Sin embargo, la Corte no nos dio la razón. A juicio de la Sala Plena, entre la Ley 1114 de 2006 y la Ley 361 de 1997 no hay una relación de regresividad, sino que las dos son normas complementarias, pues son aplicables a beneficiarios diferenciables, e imponen obligaciones sobre diferentes entidades, en especial porque la Ley 1114 es aplicable a cualquier tipo de vivienda y la Ley 361 de 1997 sólo a vivienda de interés social.

Vea la Sentencia C-536/12.

Autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales

El artículo 63 de la Ley 99 de 1993 establecía que las decisiones tomadas por las Corporaciones Autónomas eran susceptibles de ser apeladas ante el Ministerio de Ambiente. Demandamos ese artículo por considerar que eso violaba la autonomía de las Corporaciones. La Corte nos dio la razón.

Nuestra demanda argumentaba que el hecho de que las decisiones de las Corporaciones Autónomas Regionales fueran apelables ante el Ministerio de Ambiente violaba la autonomía de estos organismos, que por mandato de la Constitución son autónomos. La Corte nos dio la razón.

Vea la Sentencia C-554/07.

Ejercicio de la actividad notarial

El artículo 11 de la Ley 588 de 2000 derogó el régimen de carrera de los notarios, lo que a nuestro juicio violaba el principio de mérito. La Corte Constitucional nos dio la razón.

Nuestra demanda argumentaba que derogar el régimen de carrera notarial era una violación del principio de mérito, específicamente, del artículo 131 de la Constitución.

Vea la Sentencia C-421/06.
Contacto

Para atender sus dudas y/o ampliar la información que requiera sobre el Observatorio de Crimen Organizado, puede escribir a:

obs.crimenorganizado@urosario.edu.co