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Judicial

19 de junio 2020

Refugiados en Colombia: sinónimo de desprotección

Refugiados en Colombia: sinónimo de desprotección

Por Julián Solórzano Sánchez 
Coordinador Programa Asistencia Legal a PNPI 
Consultorio Jurídico - Facultad de Jurisprudencia 

Nuestra Constitución Política reconoce como fundamental, el derecho de asilo (refugio). No obstante, célebres son las frases de Gabo cuando fulminó en El amor en los tiempos del Cólera que: “Alguien dijo que había dicho (Víctor Hugo), sin que nadie lo hubiera oído en realidad, que nuestra Constitución no era para un país de hombres sino de ángeles”. 

Lo cierto es que no hace falta que Víctor Hugo haya dicho esto, porque al 31 de marzo de 2020 de un total de 1.809.872 de venezolanos en Colombia, 1.025.638 estaban de forma irregular. Según la plataforma R4V, a 8 de mayo de 2020 Colombia albergaba 5.303 de los 896.069 venezolanos que han solicitado refugio en el mundo. De este grupo, Colombia solo había reconocido 140 de las 93.291 reconocidas como refugiadas. Esto, sin descontar el subregistro que hay por la cantidad de refugiados que llegan a nuestro país sin saber que lo son.  

Pero la crisis humanitaria del hermano país es una de las tantas causas de que al final de 2019 hubiera 79,5 millones de personas desplazadas en el mundo en las últimas tres décadas. Hechos como el conflicto en Siria, la independencia de Sudán del Sur, el conflicto ucraniano, la llegada de refugiados africanos a Europa, la discriminación birmana en contra del pueblo Rohingya o el conflicto árabe – israelí, son algunas de las principales causas de esta escandalosa cifra.  

Por lo anterior, académicos como Sami Naïr, han optado por caracterizar el desplazamiento humano del siglo XXI, bajo el concepto de “flujos demográficos” para aventurarse a describir en dos palabras lo complejo de las distintas características y necesidades de las personas que salen de su país buscando mejores oportunidades o porque su vida corre peligro. 

El fenómeno es tan ilegible, que cifras de ACNUR anunciaron que, en el 2019, Colombia fue el segundo receptor de refugiados en el mundo, con 1.8 millones de personas, luego de los 3.6 millones de que recibió Turquía. Es tan complejo, que los países de altos ingresos, solo acogieron el 19 % de los casi 80 millones de personas desplazadas en las últimas décadas. 

Por eso, el día de hoy estas cortas líneas son un sentido homenaje a la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Cuyo esfuerzo, inicia por solicitar al Congreso de la República, implementar una verdadera Política Integral Migratoria, empero cursa en esta Corporación, el Proyecto de Ley No. 036 que pretende cumplir con este objetivo. 

Una Ley que en nada soluciona los problemas del principio de reserva legal del procedimiento sancionatorio migratorio, y las graves consecuencias que ello acarrea. Una Ley que no establece una protección diferenciada para los distintos perfiles de movilidad humana: migrantes, personas refugiadas, apátridas, pueblos indígenas binacionales, etc. Una Ley tímida que, a pesar de denominarse Política Integral Migratoria, abarca elementos  de la protección internacional y no reinterpreta los contenidos normativos del domicilio legal para evitar reducir la apatridia en Colombia. 

Hoy es igualmente un día para reflexionar sobre el tratamiento normativo e institucional de la población con necesidad de protección internacional en Colombia. La semana pasada, señalaba en su columna de El Espectador el profesor Salomón Kalmanovitz: “Agazapado en la emergencia sanitaria, el Gobierno se ha transformado en una dictadura civil”.  

Y es que como respuesta al flujo demográfico que ha recibido Colombia en los últimos años, el Estado ha optado casi en su totalidad por estrategias de regularización que requieren de haber entrado por una frontera sellando pasaporte, a pesar de que es un hecho notorio, público e indiscutible que en Venezuela es casi imposible obtener este documento y, por tanto, la mayoría de las personas entran de forma irregular. 

Es cierto que desde hace muy poco hemos tenido que acostumbrarnos a ser un país receptor de personas refugiadas. Sin embargo, es insostenible que, con la cantidad de solicitantes, hoy en día, las peticiones de refugio sean evaluadas por la CONARE, un órgano compuesto por funcionarios de alto nivel ejecutivo de la Cancillería y el propio director de Migración Colombia. Palmario de este anacronismo y de su ineficiencia, es que en la actualidad solamente el 2,6 % de las solicitudes de refugio hayan sido resueltas. 

A esto, deberíamos agregar la exponencial desprotección de la población migrante y refugiada en Colombia causada por la omisión normativa durante la emergencia sanitaria: 

Las autoridades de policía y el personal de seguridad privado de los establecimientos de abastecimiento  exigen simultáneamente distintos documentos de identificación sin tener claridad en cuál, dentro del universo de posibilidades, es el documento idóneo para movilizarse mientras duren vigentes las medidas territoriales de “Pico y Cédula”.  

Migración Colombia suspendió la emisión de salvoconductos para solicitantes de refugio, a sabiendas de que muchas de estas personas son precisamente refugiadas por su condición de salud, y que precisamente con el salvoconducto permite que se afilien al Sistema de Salud colombiano. Sin descontar, que la población solicitante no puede trabajar formalmente por prohibición normativa, y que no existe un término legal para responder las solicitudes; excusa que dista de cumplir con los estándares de protección de derechos humanos en materia de plazo razonable. 

Todo lo anterior, tendría sentido si en la pirámide normativa, la reglamentación administrativa tuviera mayor entidad legal que la Constitución Política. Pero ha sido precisamente, esa necesidad de hipernormatividad, la que nos ha llevado a avanzar tan lento como sociedad. Poco vale un derecho, cuando se requiere luchar para que este sea garantizado. La simple humanidad, debería ser suficiente para que todos tengamos derecho a tener derechos. 

Pero que no confunda estas líneas, la población migrante y refugiada es población vulnerable, pero nunca una población débil. Son personas con un ímpetu incansable por construir el hogar que su país no le permite. Si entendiéramos que debemos enfocarnos en sus capacidades y solidaridad, sabríamos el valor que tienen. 

Regularmente menciono que sería una dicha que no existiera mi trabajo. Lo menciono como un deseo utópico, porque si eso fuera así, esto significaría que la población migrante y refugiada en el país no requiere de un abogado para proteger sus derechos, y que las entidades estatales y la sociedad se ha autorregulado y comprendido que el verdadero enemigo de la sociedad es la corrupción, no la población migrante.  

Sin embargo, sea este el espacio para que la sociedad, las organizaciones civiles e internacionales y las  entidades estatales en un acto de fe nos comprometamos en la lucha por la comprehensión y aceptación de la movilidad humana transfronteriza, y todo lo que ello implica. 

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