Revista Nova et Vetera

Por: Juliana Mejía Quintana[1]

La violencia en Colombia no siempre es vista por la población civil como un acontecimiento que rompe la rutina de la vida cotidiana, ya que ha estado presente por largos años en la realidad del país, aun cuando no siempre se presenta con la misma magnitud; pero cuando se naturaliza la violencia se deja de reflexionar sobre ella.

Durante los últimos dos años el gobierno Colombiano ha llevado a cabo una serie de diálogos que buscan acordar la terminación del conflicto con la guerrilla de las FARC. A la fecha se habían logrado una serie de acuerdos en torno al problema de las drogas ilícitas, la participación política de los miembros de las FARC, y la reforma rural. Sin embargo como bien sabemos nada está acordado hasta que todo esté acordado; y el reciente acontecimiento del secuestro del General Alzate dio pie a que el Presidente decretara la suspensión de estos diálogos.

Desde la instauración de la mesa de negociación se ha presentado una polarización política en el país, y desde el ejecutivo se ha ejercido un discurso bajo el cual quienes no estén a favor del proceso sean considerados como enemigos de la paz. Este tipo de discursos (amigo-enemigo) son un reflejo más de la lógica en que tradicionalmente se ha entendido el conflicto en Colombia: una lucha entre dos actores que deja por fuera cualquier punto medio y que no permite un reconocimiento real de las problemáticas.

Al respecto, es necesario ir más allá de esta forma clásica de entender el conflicto (como un accionar de dos bandos [Estado-guerrillas] que se debaten entre el poder y la legitimidad del pueblo), y tener una mirada más global del mismo, una que tenga en cuenta el papel fundamental de las economías del narcotráfico, la presencia de bandas criminales en las ciudades, la corrupción de las élites políticas, y la importancia del papel que juega la sociedad civil que es sobre la que en abstracto se debate, pero que muchas veces parece no jugar un papel como actor principal en los debates políticos y sociales.

Es así que enmarcar las políticas de gobiernos en torno a la solución de un conflicto, bajo las lógicas amigo-enemigo (Estado-grupos guerrilleros), deja de lado fuertes problemáticas de la sociedad civil colombiana como lo es la “justicia por propia mano” y las alarmantes cifras de violencia civil, robos, asaltos, entre otras.

Sumado a ello, se carece de un consenso sobre el desarrollo de la forma de entender la violencia, hay una constante búsqueda de culpables sin una continuidad que permita entender las trasformaciones mismas del conflicto. Más problemático aun es que en Colombia el “enemigo” es siempre otro colombiano, una guerra entre nosotros mismos.

Ahora bien, cabe preguntarnos si –siguiendo el discurso de que los diálogos son el único camino hacia la paz- la suspensión de los diálogos es entonces la suspensión de la paz. La realidad es que esa “paz” no se ha alcanzado ni se va a alcanzar por medio de los diálogos; la razón es que -a pesar de que las negociaciones ponen sobre la mesa temas de gran importancia para la terminación del conflicto- los acuerdos que hasta ahora se habían firmado no son más que una serie de exigencias -por ejemplo en torno a la reforma rural- que han sido siempre responsabilidades del gobierno frente la población civil; y hacer que se hagan efectivas sólo mediante la exigencia de un grupo que por tantos años ha permanecido al margen de la ley deja ver la ausencia de soberanía y legitimidad del gobierno colombiano.

De igual manera, lo que se lograría con la culminación de los diálogos sería la disminución de uno de los actores más violentos en la historia del conflicto colombiano, pero quedan vigentes múltiples actores que no permiten hablar de un post-conflicto.

Por último, pero no menos importante es cuestionarnos sobre el hecho de que la suspensión de los diálogos se diera por el secuestro del General Alzate, un hecho totalmente repudiable e inaceptable, pero que deja mucho que decir siempre que otros actos igualmente repudiables e inaceptables como los retenes instaurados por la guerrilla en el Cauca, el asesinato de víctimas que habían participado en las mesas de negociación, atentados, entro muchos otros, no hayan dado lugar a una previa suspensión del proceso, como si cada ciudadano no tuviera el mismo valor.

Es cierto que todos los colombianos queremos la paz, pero ésta no debe estar representada en cabeza de unos pocos sino del bien común, son necesarios los procesos de memoria, reparación y reconciliación que se han venido adelantando; pero los hechos victimizantes siguen ocurriendo mientras algunos cabecillas –que son minoría de victimarios- dicen estar dispuestos a ser perdonados aun sin haber pedido perdón; y las víctimas, si bien parecen querer otorgar este “perdón” no saben ni a quién otorgárselo ni cómo, porque mientras se discuten los beneficios que tendrán los victimarios, los hechos violentos permanecen y la claridad sobre los ya ocurridos sigue en espera.

Un avance clave es que se ha intentado -por medio de la negoción- deslegitimar la violencia como medio de finalización del conflicto, pero esto se contradice con el acuerdo de negociar en medio de la guerra. El poder, a diferencia de la violencia, no necesita ser justificado sino legitimado; en cambio la violencia, no puede ser legitima.

En últimas, si propendemos por establecer metas comunes que permitan hablar de un post-conflicto; seguir fomentando divisiones y conflictos entre “enemigos de la paz” y “defensores del diálogo” no ayudaremos a propender por la paz como bien común, sino que se perpetuarán las diferencias. Así mismo, reducir la paz a un proyecto político deja de lado el reconocimiento de los múltiples actores que han sido víctimas y victimarios en la historia del conflicto colombiano. En ese sentido, hay que empezar por exigir la verdad, defender el valor de la vida, la dignidad y el reconocimiento de cada ser humano como persona libre, capaz de razonar, y de ver en el otro a alguien igual a sí mismo.

[1] Profesional en Artes Liberales, Universidad del Rosario; estudiante de Sociología y maestría en Filosofía.