Revista Nova et Vetera

En julio de este año, la iglesia de la cienciología inauguró una imponente sede en el norte de Bogotá. El hecho no pasó inadvertido ya que, aparte de contar con celebridades de Hollywood, entre ellos John Travolta y Tom Cruise, la historia de la iglesia ha estado marcada por la controversia en varias partes del mundo. Según reportaron los medios de comunicación, la iglesia vive una etapa de expansión en América Latina y ha elegido a Bogotá como el eje desde el cual será orquestada[1]. La apertura de esta sede representa para Colombia una oportunidad para (re)pensar cómo se han concebido la laicidad y la separación entre el Estado y las iglesias desde la implementación de la Constitución de 1991.

La Constitución reconoce el carácter plural de la sociedad colombiana y establece plenas garantías para la libertad de culto. En los casi 25 años de vigencia de la Constitución, la personería jurídica de más de 4000 religiones ha sido reconocida en el registro público de Entidades Religiosas no católicas[2]. Todas ellas, mayormente iglesias cristianas, gozan de estatus de organización sin ánimo de lucro y de excepciones tributarias. La iglesia de la cienciología, todavía, no aparece en el registro.

El carácter plural de la Constitución hace que el principio de no discriminación sea de gran importancia en nuestro régimen político. Este principio puede verse desafiado en el momento en el que casos velados de discriminación se vuelvan notorios. Un caso ‘velado’ de discriminación es aquel en que una persona o un grupo de personas son discriminadas, sin que haya conciencia social al respecto del acto de discriminación. En el caso del ámbito religioso, las discriminaciones veladas se dan cuando a un grupo se le atribuye el estatus de secta, negándosele el de religión, aun cuando no haya diferencias entre el grupo y otros grupos cuyas doctrinas sí son catalogadas como religión. Negar el estatus de religión a la doctrina de la iglesia de la cienciología podría ser un caso de discriminación velada.

Estado laico, tolerancia y la libertad de culto

En Colombia, el principio de laicidad se entiende de una manera que no busca reducir el poder de la Iglesia católica, sino únicamente garantizar la libertad de conciencia (y de culto). Al no haber separación estricta entre el Estado y las iglesias, no resulta necesario eliminar todas las instancias en que estos dos tipos de instituciones resultan fusionadas[3].

Ahora bien, la laicidad del Estado colombiano no está definida únicamente por el respeto del pluralismo. La Ley 133 de mayo de 1994, que reglamenta el principio constitucional sobre la libertad de culto (Artículo 19), establece que “el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos”[4].4 Un Estado ateo (o agnóstico) asume como verdadera una doctrina que contradice los postulados de la mayoría de las ‘grandes religiones’ y, por ello, adopta una postura hostil ante ellas. Al alejarse de estas posturas, el Estado colombiano pretende garantizar que la separación con respecto a las iglesias no implica negar la religión.

La Ley va más lejos, ya que también afirma que no hay indiferencia ante el sentimiento religioso[5].5 Esto quiere decir que el hecho religioso en Colombia es reconocido como un fenómeno que se debe proteger. Esta manera de relacionarse con las religiones hace que una organización como el Club de Fans de Juego de Tronos de Colombia sea considerada de distinta categoría si se la compara con la Iglesia de Dios Ministerial (o la iglesia de la cienciología). La diferencia reside en, al menos, dos elementos. En primer lugar, en Colombia se reconoce que las organizaciones cumplen una función social —terrenal—fundamental, cuyo ejercicio facilita las funciones primordiales asignadas al Estado. En segundo lugar, y este punto es esencial, el Estado reconoce el papel que las organizaciones religiosas prestan en el ámbito espiritual.

Históricamente, la idea de tolerancia liberal ha sido practicada con particular atención, con respecto a las organizaciones religiosas, que gozan de privilegios que no son reconocidos a organizaciones civiles no religiosas. El trato preferencial que reciben las primeras se puede ver en la tolerancia, en cuanto respecta a prácticas discriminatorias. Es común que ciertas iglesias asignen roles rígidos de acuerdo al género, tan rígidos que en no pocas organizaciones religiosas los puestos de máxima autoridad solo pueden ser ocupados por hombres. En contraste, si en los requisitos para un puesto como CEO de una multinacional en Colombia se excluyera a las mujeres, la multinacional no solo sería objeto de repudio nacional (al menos, debería serlo), sino que con seguridad recibiría sanciones por parte del Estado colombiano, pues la discriminación de género no está permitida en el mercado laboral. Sin embargo, es virtualmente imposible encontrar un Estado democrático y liberal que sancione a la Iglesia católica por la discriminación de género que impide que las mujeres se puedan ordenar. En estos casos, los Estados liberales toleran tal tipo de discriminación por parte de las organizaciones religiosas.

Cienciología y estado laico en Colombia

¿Podría la iglesia de la cienciología ser reconocida como una religión y así ser objeto de tolerancia por parte del Estado colombiano? Responder a esta pregunta no es sencillo, si se tienen en cuenta dos consideraciones. En primer lugar, la historia fundacional de la iglesia de la cienciología tiene todos los elementos de una historia de ciencia ficción: gobernantes intergalácticos, conspiraciones, inmortalidad y dominación extraterrestre[6]. En segundo lugar, los críticos de la iglesia han denunciado que es en realidad una iglesia fachada, puesto que, aprovechando su estatus de religión, perseguiría únicamente la acumulación de dinero. El reconocimiento por parte del Estado colombiano a la iglesia de la cienciología como religión traería consecuencias económicas, sociales y políticas. Primero, porque las exenciones fiscales representarían un ahorro millonario para la iglesia. Segundo, porque sus miembros considerarán que finalmente el Estado les brinda un trato igualitario con respecto a otras religiones. Y tercero, porque el Estado colombiano estaría reconociendo como religión a una agrupación que no se encuadra dentro de los marcos de referencia tradicionales de las “grandes religiones”. Este último aspecto resulta interesante dados los desafíos que plantearía.

La Ley 133 incluye un apartado en el que se busca evitar que organizaciones “ajenas a la religión” intenten beneficiarse de la libertad de culto. Se estipula que “los fenómenos psíquicos o parapsicológicos; el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas u otras análogas ajenas a la religión […] no se incluyen dentro del ámbito de la presente ley”[7].  ¿Es la iglesia de la cienciología un fenómeno ajeno a la religión? El largo historial de polémica que ha acompañado a la iglesia, desde hace ya varias décadas, y su cercanía a un fenómeno que podría ser considerado como ‘parapsicología’ hacen que la pregunta sea particularmente relevante.

La manera como la laicidad se entiende en Colombia plantea una dificultad en el momento de definir si una organización que se autoproclama como religiosa puede ser reconocida por el Estado como tal. La iglesia de la cienciología ha sido reconocida en Estados Unidos, pero no en la laica Francia. La Iglesia Misionera del Kopimismo es una religión reconocida por el Estado sueco, cuya doctrina se resume en cuatro máximas: “Todo el conocimiento para todos”, “la búsqueda del conocimiento es sagrada”, “la circulación del conocimiento es sagrada”, y “el acto de copiar es sagrado”[8]. En la práctica, los miembros de esta organización religiosa sueca defienden la libertad de compartir información, al margen de su protección por derechos de autor. El pastafarismo, o Religión del Monstruo del Espagueti Volador, se asocia con una religión paródica que simplemente busca denunciar los peligros de organizaciones religiosas creacionistas estadounidenses ¿Hay diferencias sustanciales entre estas agrupaciones que se autoproclaman como religiosas?

En caso de que estas organizaciones crezcan en número de seguidores en Colombia y que por ello presenten iniciativas para ser reconocidas oficialmente como religiones, ¿debería el Estado colombiano reconocerlas como tales? ¿Hay alguna diferencia entre las creencias en un Monstruo Espagueti volador y Xenu, el gobernante intergaláctico que, según la Cienciología, desterró a sus disidentes y los encerró en volcanes en el planeta Tierra hace millones de años? ¿Cuál es la diferencia cualitativa entre las creencias de los cristianos en la inmortalidad del alma y las de los kopimistas? ¿Cuál debería ser el criterio usado por el Estado colombiano para definir qué es una religión verdadera y qué no?

El futuro de la laicidad en Colombia

Ante esta situación, el Estado parece tener dos alternativas: o bien intensifica los controles para poner en evidencia las religiones fraudulentas, o bien retira los incentivos económicos, de tal manera que las organizaciones religiosas pasen a jugar con las reglas del mercado que rigen a todas las organizaciones civiles. Ambas, sin embargo, enfrentan problemas importantes.

El problema con la primera alternativa es que el Estado no es una autoridad competente en la tarea de investigar qué es una religión verdadera y qué no. La separación entre el Estado y las iglesias, dentro de la tradición liberal, se justifica precisamente apelando a la incompetencia que tiene aquel en los asuntos de estas. Una de las garantías que tienen las organizaciones religiosas de que la libertad de culto será respetada por las autoridades políticas es que estas aceptan una separación de competencias clara: las primeras se concentran en los asuntos relacionados con el alma, el espíritu o la salvación; mientras que las segundas se concentran de manera exclusiva en los asuntos terrenales. Este es uno de los argumentos aducidos por John Locke, en el siglo XVII, para defender la ya tradicional idea de tolerancia religiosa[9].

Un Estado que asuma la tarea de distinguir entre religiones genuinas y religiones fraudulentas sería un Estado que cruza una frontera tradicionalmente respetada por el liberalismo y, con ello, estaría poniendo en riesgo las garantías de la libertad de conciencia. La historia de intolerancia religiosa que permea a las actuales democracias liberales nos debe alertar ante esta posibilidad[10]. Las tradiciones religiosas y culturales de los grupos minoritarios quedarían vulnerables: los ritos indígenas, las religiones recientemente establecidas en el país, o las creencias religiosas de los inmigrantes correrían el riesgo de no ser reconocidos como religiones sino, como ha sido el caso en repetidas ocasiones, como “sectas”. En estos casos, el Estado estaría orquestando la discriminación de dichos grupos.

La segunda alternativa suena entonces más plausible. Las organizaciones religiosas entrarían a jugar en condiciones de igualdad en el mercado. Los individuos serían vistos como consumidores de un producto (la salvación, la purificación del alma, tranquilidad y conocimiento interior, el bienestar espiritual, o lo que sea) que ofrecen las distintas organizaciones religiosas. Estas últimas competirían entre sí para ganar más clientes, o miembros, o fieles. El problema con esta alternativa es que está en contra de la concepción de la laicidad, tal como ha sido entendida en Colombia, desde la implementación de la Constitución de 1991, ya que la religión deja de recibir tratamiento especial. Por ejemplo, la idea de tolerancia, descrita en la sección anterior, se restringiría, esto es, habría menor permisividad con respecto a la discriminación. Las organizaciones religiosas estarían reguladas de la misma manera que las demás organizaciones civiles y sería el mercado quien definiría su destino.

Modificar  la  manera  como  se  entiende  la  laicidad  del  Estado colombiano no es una empresa sencilla. Las iglesias hoy en día reconocidas, que gozan de poder económico y político, probablemente no permitirían un cambio de este tipo. Sería, entonces, interesante conocer las posturas de las iglesias reconocidas ante la posibilidad, no remota, de que las iglesias no convencionales crezcan en número en Colombia y busquen reconocimiento por parte del Estado. De acuerdo con Ricardo Arias, la Iglesia católica, todavía la más poderosa del país, se ha mostrado reluctante a que los criterios para definir qué es una religión se ablanden[11]. Una tercera alternativa podría ser flexibilizar los criterios que el Estado usa para determinar qué es una religión. Con ello, la lista de religiones se extendería y organizaciones con relatos inverosímiles, como el pastafarismo —o la Cienciología--, podrían tener reales opciones de ser reconocidas como religión en el país. Habría que establecer criterios muy básicos para establecer qué es una religión. Por ejemplo, se podría proponer que se trate de agrupaciones de individuos que se reúnen en torno de una serie de creencias que dan sentido a sus vidas[12]. Al respecto, habría que analizar las consecuencias fiscales de una propuesta del género, pues el número de organizaciones civiles que generan riqueza y que buscarán el reconocimiento como religión aumentará notoriamente. Si esta dificultad pudiese sortearse, el “hecho religioso” continuaría siendo reconocido por el Estado, se estaría garantizando la protección de la libertad de conciencia de una manera igualitarista y se estaría preservando la idea de tolerancia religiosa, tal como se ha entendido en la Constitución de 1991.