Revista Nova et Vetera

Colombia está próximo a afrontar el devenir que traiga la firma del acuerdo de negociación entre el gobierno y las FARC, principalmente la implementación de las medidas que permitan realizar una efectiva reinserción de los excombatientes. Desde el inicio de las conversaciones, los temas de la restitución  de tierras y la reparación de las víctimas han sido los más sensibles. Sin embargo, al hablar sobre los medios y las formas como se van a llevar a cabo, se ha tratado ligeramente el tema del desminado humanitario sin abordar a profundidad sus fines, razones y técnicas, y sin ofrecer mayor entendimiento de su alcances.

El desminado humanitario, un tema del cual poco se escucha hablar en los medios, se presenta como una alternativa para lograr el cumplimiento de los acuerdos. Este proyecto de asistencia humanitaria que se realiza en las zonas afectadas por las minas antipersonal (MAP), las municiones sin explotar (MUSE) y los artefactos explosivos improvisados (AEI), y que se encuentra regulado por la ley 759 del 2002, busca dar cumplimiento del Tratado de Ottawa sobre la  prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción.

Es de resaltar cómo se han venido adelantando labores de desminado en el marco de las negociaciones de paz de La Habana, sin que se haya logrado aún un acuerdo final. Ello demuestra avances certeros en la construcción de confianza entre las FARC y el Gobierno. Pero, después del 23 de marzo, fecha acordada para la firma del acuerdo final entre ambas partes, continuarán las victimizaciones de civiles y de actores armados por causa de artefactos explosivos. Las minas no se desactivarán con ninguna firma ni con la refrendación que corresponda al acuerdo; las minas hay que buscarlas, extraerlas y eliminarlas, dura y larga labor que nos separa de la reconstrucción de nuestros territorios fragmentados por la guerra.

Si bien Colombia reconoce la necesidad de implementar el desminado humanitario a lo largo del territorio nacional, esto es aún un proyecto incipiente al cual se debe prestar mayor atención. De 650 municipios en 31 departamentos afectados por las minas antipersonal, sólo 4 se encuentran libres de sospecha de presencia de minas: San Carlos y San Francisco en Antioquia, el Dorado en el Meta y Zambrano en Bolívar. Mientras que en otros 16 municipios se siguen adelantando proyectos piloto, San Carlos es el primero declarado libre de presencia de minas antipersonal gracias al ejercicio de desminado humanitario.

Todas estas acciones se han podido lograr gracias a la apuesta realizada por instituciones como la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (AICMA) por recopilar, sistematizar, centralizar y actualizar la información sobre los territorios afectados por las minas para apoyar el ejercicio de operadores que realizan el desminado. La apuesta de las delegaciones en La Habana también ha significado un gran aporte para que se sigan adelantando los proyectos pilotos en departamentos como el Meta, Vichada y Putumayo, fuertemente afectados por las minas antipersona.

A mediados de octubre, en el marco del diplomado "La paz es ahora. Negociaciones con el ELN y las FARC hacia el fin del conflicto y una paz duradera” realizado por el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, se trató el tema del desminado humanitario, de las  posibilidades que éste ofrece y de la complejidad de su efectiva implementación. En este espacio, la AICMA expuso cómo, en época de conflicto, el desminado se coordina bajo una lógica militar, y ahora que se esta apostando por dar una solución pacifica al conflicto colombiano y nos estamos aproximando a un periodo de postconflicto, se debe manejar este proceso desde una lógica humanitaria y de  restitución de derechos.

En ese escenario, el desminado plantea una cuestión aún más sustancial. ¿Puede contemplarse este proyecto como un mecanismo de reparación a las victimas y de reinserción de los excombatientes de las FARC?

Los colombianos han pensado que las FARC deben pagar por sus actos violentos a través de la privación de la libertad. Pero, más allá de creer que al encerrar a los causantes de tanto sufrimiento en Colombia se va a contener a la violencia, se transformará y reconstruirá el país, se debe pensar en alternativas donde los victimarios tengan un papel activo en el posconflicto y en la reconstrucción  de las poblaciones. Así, hablar de la importancia en la restitución de tierras debe llevar al entendimiento de que gran parte del territorio despojado se ha convertido en campos de guerra que albergan minas y otros elementos explosivos, y cuyo proceso de devolución a sus dueños es complejo, en tanto que estas tierras no se pueden restituir en las condiciones actuales: inhabitables e incultivables.

El proceso de desmovilización debe venir apoyado de la incorporación de los excombatientes a los ejercicios de desminado humanitario. Este involucramiento de los protagonistas del conflicto debe darse de forma paulatina y cumpliendo unas fases para que su implementación obtenga los resultados esperados.

En primer lugar, y a corto plazo, los excombatientes han de constituirse en actores de apoyo para la elaboración de estudios no técnicos y técnicos , informando los lugares donde se encuentran plantados los artefactos explosivos, hecho que ya se ha venido dando de forma exitosa en la vereda del Orejón, en el municipio de Briceño, Antioquia. Allí se ha adelantado la limpieza de 14.000 mil km de territorio, liderada por la ONG Ayuda Popular de Noruega y con una acción conjunta entre el Ejercito Nacional y las FARC.

Una segunda fase ha de centrarse en una preparación y capacitación técnica de los excombatientes para convertirse en desminador. Actualmente, el Batallón Desminado Humanitario (BIDES) y la Infantería de Marina son las instituciones especializadas en realizar estos trabajos, con apoyo del único operador civil que realiza este tipo de desminado en Colombia, The Halo Trust, en los principales municipios de Antioquia afectados por estas armas: Nariño, El Carmen de Viboral, La Unión, San Rafael y Sonsón, entre otros. Claramente existe una fuerte insuficiencia de capital humano para realizar estas operaciones de forma simultánea a lo largo y ancho del territorio afectado, por lo cual la preparación de los exguerrilleros en estas actividades será un apoyo significativo.

En tercer y último lugar, los excombatientes habrán de convertirse en personal activo del equipo desminador. Esto, aparte de constituirse como un mecanismo de reparación, permitirá una mayor profesionalización de tal ejercicio de “limpieza y descontaminación territorial”. La ampliación del equipo que realiza estas actividades permitiría un despliegue efectivo en otros departamentos que son también focos de minas, municiones y explosivos, y su participación en estas actividades podría constituirse en un vínculo al mercado laboral de aquellos que han dejado su armas, impidiendo que recaigan en el ejercicio de acciones violentas.

Este proyecto de desminado humanitario logrará su efectiva implementación a futuro en tanto se logren superar numerosos retos que el acuerdo de negociación no logrará trascender por sí solo. La falta de pedagogía y educación por parte del gobierno y de los centros educativos sobre el significado y alcance de este mecanismo, ha llevado a que los colombianos desconozcan la existencia e implementación de este proyecto humanitario y que no lo contemplen como una opción significativa de recuperación del territorio y de  reparación de víctimas. Se debe superar el imaginario pobre de que solo a través de la privación de la libertad física del victimario se logrará resarcir el daño que la violencia ha generado en el país.

Reconociendo el valor  del desminado humanitario como herramienta para sanar los horrores de la violencia  en Colombia, podríamos iniciar la reconstrucción de nuestro país.

REFERENCIAS

1 De acuerdo a la Dirección contra minas del Ministerio del Post conflicto, Los estudios no técnicos son aquellos, que implican la recolección y análisis de información con todas las fuentes disponibles susceptibles de poseer datos sobre contaminación de MAP, MUSE y AEI, así como investigación en el terreno desde un área considerada segura, para recolectar nuevas evidencias que confirmen o desvirtúen la sospecha que tuvo la comunidad. En cuanto a los estudios técnicos, estos se refieren a una investigación más profunda mediante intervención física invasiva, para confirmar o cancelar áreas peligrosas con posible presencia de MAP, MUSE y AEI.

2. Plan de desminado humanitario 2014-2016

3. Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidades donde se encuentran consagradas los Estándares Nacionales  de Desminado humanitario y los principios humanitarios.

4. Ministerio del Postconflicto, Derechos humanos y seguridad,   Dirección contra Minas, Información aquí

*Internacionalista de la Universidad del Rosario y Candidata a Master en Análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo (IAED) y Universidad del Externado de Colombia.