Revista Nova et Vetera

Abstract
Aunque es desconocido por muchos, seguido y criticado por otros, el pensamiento de Robert Castel sobre la protección social cada vez toma mayor vigencia en Colombia y en el mundo, en tanto que si bien tuvo como referente para la elaboración de su discurso la realidad política, económica y social de su natal Francia y de Europa Occidental, con un fuerte componente sociológico e histórico, su obra tiene la virtud de ayudar a entender la dinámica actual de la protección social en otros entornos geográficos incluido el colombiano.  En este ensayo se muestran varios indicadores actuales del mercado laboral y de la seguridad social del país, que dan para pensar que estamos lejos de ser una sociedad protegida y segura desde el punto de vista social, y que la incertidumbre es un elemento cada vez más recurrente en la vida cotidiana de los colombianos, aspecto que hace necesario avanzar en la “reconfiguración de la protección social”.

Contenido
“El sociólogo de los vulnerables”[1], “el que alertó sobre la precarización”[2], “el que defendió el trabajo como piedra angular de la integración social”[3], “el sociólogo que diagnosticó el presente”[4], “el sociólogo del trabajo”[5], entre otras, son varias de las denominaciones que en su mayoría recibió como homenaje póstumo a su vida y obra intelectual, el maestro francés Robert Castel (1933 – 2013).

Vivió el auge del capitalismo industrial y su época dorada de los años 60 y 70, así como también la llamada crisis de los 80 que motivó una gran transformación económica, hechos que como sociólogo trató de entender y teorizar siempre al servicio de las demandas sociales, y que en el espectro político lo haría más cercano a la socialdemocracia francesa; en esa época precisamente su obra dio un giro trascendental al pasar del análisis psicológico y psiquiátrico a los temas sociales, y comienza a mostrar mayores referencias bibliográficas en el ámbito académico como lo muestra la herramienta “Google Books Ngram Viewer”.

[6]

Su discurso retrata la realidad económica y social europea sin romanticismos, utopías o resquemores, y aunque no era un gran conocedor de la historia reciente de América Latina, en varios de sus planteamientos es fácil verse reflejado y comprender mejor nuestra realidad. En su obra también logra enlazar magistralmente sus argumentos con una retrospectiva histórica de la protección social, lo que permite entender claramente al lector los procesos de surgimiento, desarrollo y razón de ser de la misma.

Son prolijas y exhaustivas las reflexiones de Castel acerca de la protección social, por lo que en este escrito se mencionaran solamente las más representativas, para luego confrontarlas con varios indicadores actuales del mercado laboral y de la seguridad social en Colombia, y mostrar unas conclusiones precisas de ese análisis.

1. Su pensamiento sobre la protección social

Uno de sus planteamientos centrales se fundamenta en la incertidumbre, por cuanto considera que la ausencia de la primera genera en los ciudadanos una intranquilidad que no les permite estabilizar el presente, dominar el porvenir, ni adquirir compromisos para buscarlo, sino vivir del día a día sin saber qué será del mañana.
En su análisis histórico sostiene que el Estado de Derecho se caracterizó siempre por defender la propiedad privada y las libertades, lo que cataloga como “protección civil”, de manera que para los propietarios era más fácil hacer frente a la incertidumbre, a diferencia de aquellos que no disponían de propiedades, quienes quedaban desprovistos de protección. Bajo ese contexto surgió la “propiedad social”, como un análogo de la “propiedad privada” que compensa las carencias de los desposeídos a través de la seguridad social, y un dispositivo que les permite hacer frente a sus necesidades y dominar el porvenir sin incertidumbre para que no caigan en la degradación social o en la “inseguridad social”.

Para Castel, los intercambios económicos mundiales desiguales no permitieron desarrollar sistemas de protección social robustos en los países de la periferia, como sí sucedió en europa occidental, ya que debido al “compromiso social” del capitalismo industrial resultado de la lucha política de los trabajadores, estos países tomando como base la “relación salarial” lograron consolidar verdaderas garantías y protecciones para aquellos, relación que en su criterio en los últimos 30 años ha sufrido un franco deterioro, por las transformaciones económicas acontecidas que la asumen como la “variable de ajuste” para que el mercado sea más rentable.

En este aspecto siempre reivindicó con vehemencia el papel fundamental que desempeña el Estado Social de Derecho, como un reductor de los “riesgos sociales” responsable de la “cohesión social” y de integrar al individuo a la colectividad para que logre su independencia económica y social en el marco del intercambio productivo, para lo cual tiene como fin garantizar la protección social y concretar la “ciudadanía social” de sus habitantes. En América Latina, si bien se lograron forjar Estados Sociales de Derecho en gran parte de la región, el autor los califica como frágiles, carentes de recursos y más permeables a la imposición de políticas de privatización y desmejoras laborales.

Bajo esa línea de pensamiento, partiendo del antagonismo histórico entre mercado y trabajo, y siguiendo la línea de Karl Polanyi, Castel sostiene que la seguridad social históricamente fue un mecanismo para domesticar el mercado e impedir su hegemonía sobre el trabajo, aspecto que también contribuyó en Europa Occidental a contener la entrada del comunismo en el siglo XX.

Sin embargo, considera que en los últimos 30 años esta tendencia se está revirtiendo debido a las nuevas exigencias de individualidad de tareas, flexibilidad y movilidad del mercado, que han derivado en desempleo masivo y precarización de las relaciones laborales. Esta “remercantilización del trabajo”, como él la denomina, ha generado ganadores y perdedores; a estos últimos se les exige llevar las riendas de su propio destino emprendiendo iniciativas propias, reciclándose o reinventándose en el mercado, entre otras, hasta llegar al punto de culparlos de su fracaso, olvidando que no todos los individuos cuentan con herramientas para insertarse adecuadamente a la nueva lógica económica, ya que el individuo es una construcción histórica y no una substancia que viene con el ser humano[7].

Al punto también asegura que la hegemonía del mercado sobre el trabajo pone en riesgo no solo la democracia sino la posibilidad de seguir formando sociedad, en tanto que ese proceso nos lleva a una dinámica de descolectivización y reindividualización donde todos compiten contra todos, pasando paulatinamente de una sociedad de semejantes, caracterizada por ser desigual pero solidaria, a una sociedad de individuos.

Ante este panorama, Castel no se limita a plantear una visión apocalíptica de la protección social, sino una reconfiguración de la misma acorde con la nueva transformación económica, donde la “variable de ajuste” para la rentabilidad del mercado no sea el salario ni las prestaciones sociales que benefician al trabajador. En este aspecto, tampoco fue partidario de declarar el “fin del trabajo”, sino que lo reivindica como un valor social principal, ni pronosticar el “fin de la relación salarial”, ya que en la actualidad europea dicha relación sigue siendo preponderante.

Desde el punto de vista del derecho, el autor resaltó la importancia del derecho del trabajo como un instrumento que reconoce la dignidad de los trabajadores y eleva a rango de fuerza de ley los compromisos entre las empresas y los trabajadores, para luchar contra la precariedad del empleo y la arbitrariedad de las empresas. En la reconfiguración de la protección social que propone el autor, se plantean varios retos para el derecho, entre ellos, absorber toda la “nebulosa” de contratos atípicos existentes y reinstitucionalizarlo.

2. La inseguridad social en Colombia

En el año 2006 Castel visitó nuestro país para dictar una conferencia magistral en la ciudad de Cali[8], donde alcanzó a abordar tangencialmente algunos tópicos de la vida nacional, reconociendo la asimetría de la situación económica y social entre Francia y Colombia, y su falta de conocimiento pleno de la realidad colombiana. No obstante, afirmó que la diferencia entre los países del primer mundo y la periferia está por atenuarse, ya que en Europa se están cuestionando seriamente los beneficios de la protección social, lo que representaría una homogenización por lo bajo de ese proceso.

Adicionalmente, mencionó que las luchas y conflictos de la sociedad para construir sistemas de protección social, lo que denomina “cultura social”, no se desarrolló en Colombia, no porque no se hayan presentado estas luchas, sino porque las condiciones del “compromiso social” del capitalismo industrial no se dieron ni en Colombia ni en América Latina, habida cuenta de que tanto la clase obrera colombiana como las clases medias asalariadas, no han tenido el poder ni el tiempo de conformar una fuerza de equilibrio que obligue a las clases dominantes a establecer compromisos que permitan desarrollar la protección social.

En ese sentido, al confrontar los planteamientos de Castel con la realidad económica y social colombiana, es difícil no pensar en la cronicidad de la informalidad laboral y los millones de trabajadores y desempleados a quienes carcome la incertidumbre del vivir el día a día, sin la posibilidad de poder gestionar adecuadamente sus necesidades ni su porvenir.

Es así que según el Boletín Técnico “Principales Indicadores del Mercado Laboral Marzo de 2017” del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)[9], en Colombia se registraron 21.755.000 personas ocupadas, entendiendo por “ocupados” aquellas personas que: (i) trabajaron por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia, (ii) no trabajaron en la semana de referencia pero tenían trabajo y, (iii) trabajaron sin remuneración en la semana de referencia por lo menos una hora.

De la misma forma, el Boletín Técnico “Medición de Empleo Informal y Seguridad Social Trimestre Móvil diciembre 2016 - febrero de 2017” del DANE[10], refiere que la proporción de ocupados informales en las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país fue del 48,2%, definiendo como “Ocupado Informal” a aquellos: (i) empleados particulares y obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio, (ii)  trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos, (iii) trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares, (iv) empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos, (v) jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos, (vi) trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta de cinco personas, excepto los independientes profesionales, y (vii) patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos.

Esta situación demuestra el alto nivel de precarización de las relaciones salariales en Colombia,  ya que al considerar como “ocupada” a toda persona que trabaja como mínimo una hora a la semana, y al incluir como “ocupados informales” a aquellas personas que en su mayoría, en stricto sensu, deberían regirse por un contrato laboral a la luz de la normatividad vigente, se asume como realidad que millones de trabajadores están sometidos a contrataciones atípicas desligadas de los componentes del “empleo clásico” y los derechos y garantías que se derivan de este, aspectos que para usar los terminología de Castel, los asemeja más a “precariados” que a “salariados”, y también nos convierte en una “sociedad de plena actividad” más que en una “sociedad de pleno empleo”, carente de “compromiso social”.

En cuanto a seguridad social, el boletín en mención indica que “el 93,4% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas del período diciembre 2016 - febrero de 2017 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud”, de los cuales el 57,8% pertenecía al régimen contributivo o especial como aportante, el 11,9% pertenecía al régimen contributivo o especial como beneficiario y el 23,3% pertenecía al régimen subsidiado.
Esto quiere decir que el 35.2% de los ocupados no cotiza al régimen contributivo en salud cuando en virtud de su ocupación laboral deberían hacerlo, situación que encuadra más en una lógica “asistencialista” o “minimalista” de la protección social, como lo indica Castel, que en la garantía plena del derecho fundamental a la salud para acceder no solo a las prestaciones asistenciales del Sistema, sino también a la protección financiera que ofrece a sus cotizantes, a través del pago de las prestaciones económicas de incapacidad de origen común, y licencias de maternidad y paternidad; esta problemática podría tener una dimensión mayor, en tanto que según el Tercer Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE[11], el 96% de la población rural se encuentra afiliada al Sistema, porcentaje del cual el 83,9% pertenece al régimen subsidiado.

En materia de pensiones, se menciona que para el trimestre móvil diciembre 2016 – febrero de 2017 la participación de los cotizantes fue 50,0%, de lo cual se infiere que los ocupados restantes no cotizaron al Sistema General de Pensiones, elemento que refleja un alto porcentaje de exclusión del Sistema que a su vez trae como consecuencia la desprotección en los riesgos de invalidez, vejez y muerte a los trabajadores, sin contar a la población rural ocupada del país. De hecho, en la actualidad desde varios sectores políticos y económicos se plantea una reforma al sistema pensional[12], donde la “variable de ajuste” para su viabilidad nuevamente es el trabajador.

Una de las soluciones que se propone a esta problemática desde el Estado colombiano es el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), concebido como un mecanismo flexible de ahorro individual a través del cual el trabajador realiza unos aportes de acuerdo a sus posibilidades, y el Gobierno Nacional le entrega un subsidio del 20% sobre lo ahorrado, con el fin de garantizarle un ingreso para la vejez inferior al salario mínimo legal vigente[13].

Este dispositivo se aleja bastante del ideal solidario de todo sistema pensional y la garantía de derechos dignos para la vejez, toda vez que transfiere al ciudadano la gestión de su riesgo de vejez bajo la promesa de un ingreso precario, lo que en términos de Castel representaría una “individualización de la protección social” y la profundización de la idea de garantizar “mínimos sociales” a las poblaciones marginadas bajo una visión restringida o “minimalista” de la protección social, tal como se desarrolla en el programa “Colombia Mayor” y la asignación de subsidios económicos a los adultos mayores que se encuentran en estado de indigencia o pobreza extrema[14], o las Transferencias Económicas Condicionadas del programa “Más Familias en Acción”[15].

3. Conclusiones

Se podrían continuar analizando las bajas coberturas de afiliación al Sistema de Riesgos Laborales y al Sistema de Subsidio Familiar, así como la inequidad existente en cada uno de ellos; también sería posible seguir realizando más semejanzas entre el pensamiento de Castel y la situación de precariedad de los trabajadores colombianos expresada en el deterioro   paulatino de las prestaciones laborales derivadas de la “relación salarial”[16], la insuficiencia del salario mínimo legal[17], entre otras, pero estas líneas son cortas para ese fin.

Empero, con lo anterior no se quiere significar que el panorama actual de la seguridad social en Colombia sea trágico; de hecho, a manera de ejemplo, varios indicadores del sector salud y de la movilidad social muestran una evolución positiva en muchos aspectos[18]. Lo que sí es claro es que hay bastantes elementos que dan para pensar que estamos lejos de ser una sociedad protegida y segura desde el punto de vista social, y que la incertidumbre es un elemento cada vez más recurrente en la vida cotidiana de los colombianos.
Esta circunstancia hace necesario avanzar en la “reconfiguración de la protección social” de acuerdo a la nueva realidad económica de un mercado globalizado y flexible, donde es imperativa la intervención activa del Estado Social de Derecho para garantizar los derechos sociales de los colombianos y la exigencia de un “compromiso social” del capitalismo actual que permita una paz estable y duradera.

4. Referencias bibliográficas

Castel, Robert. 1997. La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos Aires: Paidós.
Castel, Robert. 2004. La inseguridad social, ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires: Ediciones Manantial.
Castel, Robert. 2006. La protección social en una sociedad de semejantes. Universidad ICESI Cali – Colombia. Recuperado a partir de https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/400/400.
Castel, Robert. 2009. El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Gaviria, Alejandro. 2016. Alguien tiene que llevar la contraria. Bogotá D.C. 2016. Editorial Planeta.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  Estudios económicos de la OCDE COLOMBIA. 2015. Recuperado a partir de https://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Colombia_ESP.pdf

[1] http://revistas.um.es/sh/article/download/189041/155701.

[2] https://www.clarin.com/ideas/robert-castel-murio-79-anios_0_B1_Eo7cswXl…

[3] http://www.claeh.edu.uy/v2/index.php?option=com_content&view=article&id…

[4] http://vientosur.info/spip.php?article7791

[5] http://www.lanacion.com.ar/1565402-robert-castel-el-sociologo-del-traba…

[6]https://books.google.com/ngrams/graph?content=Robert+Castel&year_start=1800&year_end=2000&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%2CRobert%20Castel%3B%2Cc0. Consultada el 15 de mayo de 2017.

[7] Al respecto también se pueden consultar las investigaciones referentes a los “millenialls”, como un segmento cada vez más amplio del mercado laboral, que sería una muestra de su adaptación a las exigencias de flexibilidad y movilidad del mercado. Igualmente se podría explorar lo que acontece con los “ninis”, población que en el pensamiento de Castel equivaldría a aquellas personas “desafiliadas” de las estructuras productivas y educativas, que no lograron adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y que por ende no son aptas para el trabajo.

[8] Castel, 2006.

[9] http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empl…

[10]http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informal…

[11] http://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Bolet…

[12] OCDE, 2015. Pág. 42.

[13]https://www.colpensiones.gov.co/beps/Publicaciones/programa_beps/que_so…

^[14] https://colombiamayor.co/index.html

[15]http://www.dps.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx

[16] http://www.elespectador.com/economia/minhacienda-dice-que-pagar-recargo…

[17] http://www.elespectador.com/economia/colombia-tiene-el-cuarto-salario-m…

[18]Gaviria, 2016. Págs. 85 a 135.