Revista Nova et Vetera

Hace poco leí el libro de Johana Bahamón denominado Historias privadas de la libertad, en cual se relatan las historias de diferentes hombres y mujeres que han estado o se encuentran privados de la libertad por diferentes circunstancias que rodean su vida privada. Es un libro fantástico en el que se visualiza la triste y dura realidad que se vive en los centros penitenciarios del país, pero a su vez, nos muestra la capacidad de resiliencia y ganas de salir adelante de algunas de las personas que se encuentran presas, permitiéndoles tener una luz de esperanza al final del túnel y de los patios en los que se encuentran recluidos, a través de la filantropía de la fundación Acción Interna de la autora del libro.

Es de exaltar la labor realizada por Johana Bahamón, una personalidad de clase alta, actriz y empresaria, que dejó de lado los egos del mundo de la farándula nacional para contribuir al bienestar y mejorar la calidad de los internos en Colombia. Es una mujer que nos da una lección de vida y nos enseña que debemos vivir para ayudar a las personas que más lo necesiten de manera desinteresada, con amor, esfuerzo y dedicación.

Por otro lado, leí el libro "Cobro de Sangre" del escritor bogotano Mario Mendoza, una novela que cuenta la historia de Samuel Sotomayor, un joven de clase media capitalina que sufrió con el conflicto interno colombiano, ya que sus padres que eran profesores de la facultad de Artes de una prestigiosa universidad, fueron asesinados por el Estado con el pretexto de pensar diferente al establecimiento y tener ideologías políticas radicales. Samuel un estudiante de socióloga y lector empedernido, con su sed de venganza decide crear un grupo revolucionario, con el ánimo de atacar y silenciar la vida de los asesinos de sus padres. Por ese hecho, tuvo que pasar muchos años en una cárcel del país, conviviendo con amigos y enemigos, dedicándose totalmente a la lectura y a la administración de la biblioteca del centro penitenciario.

Cobro de Sangre

Sin embargo, una vez cumplida su pena y haber pagado por los errores del pasado, quedó en libertad sin saber qué hacer ni que rumbo tomar, enfrentándose a la dificultad que tienen quienes recuperan su bien más preciado y que pretenden ser aceptados por una sociedad que discrimina, que es orgullosa y totalmente conservadora.

Si bien, estos libros son de géneros distintos y cuentan historias diferentes, muestran la misma realidad. La realidad de todos y cada uno de los internos de las cárceles de nuestro país, quienes independientemente de ser culpables o inocentes, han visto como todos sus derechos son día a día vulnerados.  El hecho de haber cometido un delito o haber cometido un error, no quiere decir que ellos puedan perder todos sus derechos más allá del derecho de la libertad, lo que demuestra es que son humanos, personas de carne y hueso, errantes por naturaleza que merecen segundas oportunidades y el reintegro a una sociedad.

Con este escrito, no pretendo justificar la comisión de conductas punibles ni minimizar el sufrimiento, ni los derechos de las víctimas, por el contrario, pienso que las personas que cometen delitos y son juzgadas con el respeto de todas sus garantías legales y constitucionales, deben asumir su responsabilidad y cumplir la sanción impuesta por la justicia.  No obstante, eso no le da la potestad al estado ni a las demás personas de vulnerar y pisotear los derechos de aquellos que se encuentran privados de la libertad.

La crisis carcelaria es de vieja data, la Corte Constitucional en el año de 1998 declaró la primera crisis en estos establecimientos y posteriormente la declaró en el año 2015, teniendo en cuenta que en ese lapso las condiciones de los internos no mejoraron, sino que se vieron gravemente perjudicadas. Hemos visto en los diferentes medios de comunicación, en los informes de la Defensoría del Pueblo y en los del Ministerio de Justicia los altos índices del hacinamiento carcelario, las condiciones inhumanas y precarias en las que se encuentran los internos, así como la corrupción, la crisis de salud, alimentacion, sanidad y programas de resocializacion. 
 
Casos recientes, como el motín ocurrido en la Cárcel Modelo de Bogotá en el que se perdieron 23 vidas y el gran número de internos que han muerto o se encontraron afectados por el virus del COVID-19, nos dan la razón y nos permiten entender que la solución a estos problemas está muy lejos de resolverse y por el contrario han advertido las vulneraciones a los derechos de los internos. Se debe tener en cuenta que la cárcel no es la única salida, existen diferentes penas alternativas que pueden ser aplicadas a los delitos que no vulneren gravemente los bienes jurídicos más tutelados, como lo serían las multas, el trabajo comunitario, entre otros, con el fin de evitar sanciones desproporcionadas y agravar más la crisis carcelaria, buscando siempre proteger la dignidad humana de los reclusos.

Es por esto que se requiere de una política criminal integral y garantías, también se necesitan más personas y organizaciones que contribuyen al bienestar y mejora de calidad de vida de los presos, a través de programas productivos y educativos que permiten la resocialización de las personas privadas de la libertad, no de más medidas que tiendan a reducir la satisfacción de las necesidades básicas de los internos, su integración a la sociedad y nuevas oportunidades de vida, como lo es la cadena perpetua que a todas luces es inconstitucional y va en contra de ese Estado Social de Derecho que tanto pregonamos.

PD: En hora buena, esta semana declararon que la Cárcel de Villavicencio se encontró libre de la Covid-19.