Salud y Bienestar
By: Agosto 2014
El siglo XXI enfrenta retos importantes en relación con las personas con discapacidad. Deudas históricas hacen de este tema una prioridad de salud pública, desarrollo y, sobretodo, de derechos humanos. A pesar de tener un reconocido avance en tratados de derechos, como lo es la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, de 2006; abordar los imaginarios y prácticas en relación con los derechos sexuales y reproductivos de esta población, plantea interrogantes sobre si se han superado viejos paradigmas.
Este grupo, que representa el 15 por ciento de la población mundial, registra los peores resultados en el mundo en temas de salud, educación y participación social, lo que ratifica una deuda social vigente con esta población.
En países de altos ingresos (donde hay algunas estadísticas), la violencia sexual en esta población es 4,6 veces mayor que en la comunidad general; sin embargo, es claro, según el informe “Estado Mundial de la Infancia” de UNICEF del 2013, que el subregistro develaría una situación aún más crítica.
Aunque el derecho al aborto sólo es reconocido por la ley Colombiana en tres casos específicos, en esta investigación se pudo constatar que esta práctica está vigente en el país cuando se trata de casos que conllevan discapacidad intelectual, como es el Síndrome de Down.
Los grupos entrevistados señalan diversos argumentos para defender la esterilización. Dentro de ellos está el temor a la recurrencia de la condición de discapacidad (que los hijos nazcan con la misma condición), la idea de que los niños tienen derecho a no tener padres “enfermos” y el miedo a que las mujeres con discapacidad tengan embarazos no deseados.
