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Restitución como prerrequisito para una paz y desarrollo sostenible. Tierra: dualismo de guerra y paz

Tierra: dualismo de guerra y paz

La concentración de la tierra en Colombia ha marcado la historia del país y constituye uno de los elementos críticos generadores de violencia ante la ausencia del Estado. Como en las batallas épicas de conquistas, la tierra ha sido considerada como el botín de guerra y elemento de control. En las últimas décadas del conflicto armado, los actores ilegales o grandes terratenientes han ocupado extensos territorios del país, desplazando a millones de campesinos que han tenido que abandonar forzosamente sus predios.

Colombia no solo sufre de niveles extremos de desigualdad, sino que también ha padecido una de las guerras civiles más prolongadas del hemisferio. El Gobierno nacional y el principal grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se encuentran en la recta final de las negociaciones del proceso de paz, donde en primera instancia se realizó un acuerdo preliminar sobre asuntos agrarios, como prerrequisito para lograr una paz sostenible.

Desde 1997 Colombia ha desarrollado un conjunto de normas orientadas a proteger y atender las necesidades de la población víctima del conflicto. La primera de ellas fue la ley 387 de 1997 de atención a la población desplazada por la violencia. En 2005, la ley 975 de justicia y paz, reconoció por primera vez el derecho de las víctimas a la reparación integral. La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, reconoce de manera específica el derecho a la restitución de tierras.

Este último proceso de restitución de tierras a gran escala  será implementado en diez años, junto con otras medidas para combatir la pobreza, independientemente del resultado de los diálogos de paz. Sin embargo, como figura en la agenda de investigación del Observatorio, ni el acuerdo agrario preliminar entre Estado y FARC ni la política de restitución han sido claramente definidos, y ambos tienen múltiples vacíos y problemas que requieren de mayor clarificación. No es sorpresa que en los últimos años haya una creciente preocupación con relación tanto a la desigualdad extrema de manera general, como a la problemática de la tierra en particular, incluyendo sus posibles vínculos con el conflicto armado.

Fue en este contexto que se planteó la necesidad de crear una red de conocimiento e investigación que tiene como foco principal el seguimiento a la política pública de restitución de tierras, con el objetivo de contribuir teórica y técnicamente a la implementación de dichos procesos. Así nace el “Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria”, el cual  reúne un grupo interdisciplinario compuesto por cinco unidades académicas de diversas universidades del país: Universidad Nacional, Universidad del Rosario, Universidad Sergio Arboleda, Universidad del Sinú y Universidad del Norte.

La dirección científica del grupo está a cargo del antropólogo, Doctor en Ciencia Política y docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional,  Francisco Gutiérrez Sanín. Por su parte, la coordinación está liderada por la abogada, Doctora en Derecho, docente de la Universidad del Rosario y directora del Semillero Inclusión Democrática del Grupo de Investigación de Derecho Público, Rocío del Pilar Peña Huertas. Adicionalmente, el grupo cuenta con reconocidos académicos y analistas nacionales e internacionales.

El Observatorio, financiado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), es un programa de investigación planteado a cuatro años, que busca describir y comprender, desde un punto de vista comparativo, las instituciones que regulan los derechos de propiedad sobre la tierra en Colombia, y su relación con el conflicto armado, la toma de tierras, el sistema político y el Estado; así como identificar los mecanismos sociales, políticos e  institucionales que permitieron el despojo e identificar otros análogos que: a) hagan posible una restitución plena y sostenible,  b) contribuyan a propiciar la capacidad regulatoria del estado con respecto de los derechos de propiedad rural y c) promuevan la equidad y la productividad en el campo colombiano. Finalmente, se generarán aportes y recomendaciones relevantes para el desarrollo de políticas.