LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DEL ISLOTE: UN ESFUERZO DE LAS UNIVERSIDADES, LA FUNDACIÓN PROBONO Y LAS FIRMAS DE ABOGADOS POR HACER REALIDAD LA CADENA DE TRABAJO PROBONO
Santa Cruz del Islote, es una isla ubicada cerca al municipio de Cartagena (Bolívar) donde habitan alrededor de mil personas que tienen deficiencias en la prestación de los servicios de salud y servicios públicos domiciliarios. Adicionalmente, se presentan problemáticas relacionadas con el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el goce de un medio ambiente sano.
Por ello, la Clínica de Interés Público de la Universidad del Rosario (Grupo de Acciones Públicas - GAP), en asocio con las áreas ProBono de dos reconocidas firmas de abogados de la ciudad de Bogotá y con la Clínica de Interés Público de la Universidad de La Sabana, han venido trabajando durante más de un año en el diseño, construcción y puesta en marcha de una acción popular, encaminada a proteger los derechos colectivos de la comunidad que vive en la Isla.
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A mediados del año 2011, luego de un proceso de investigación, se realizó un taller sobre derechos humanos, derechos colectivos y servicios públicos básicos con la comunidad, luego de lo cual se inició la construcción de la demanda y el recaudo de material probatorio. Así las cosas, en enero de 2012 se presentó la acción judicial, la cual fue admitida por el Tribunal con una importante orden de medidas preventivas para evitar que se vulneren más los derechos de la comunidad, mientras sale el fallo.
El auto que decretó las medidas cautelares fue apelado por los demandados y el Consejo de Estado en una importante providencia notificada el 20 de junio de 2013, no solo negó la apelación y confirmó el auto proferido por el Tribunal, sino que además expresó su preocupación por la difícil situación de vulneración de derechos en que viven los habitantes del Islote.
PARTICIPANTES:
Universidad del Rosario • María Lucía Torres (Coordinadora Asuntos Probono)
Estudiantes del GAP:
• Olga Alejandra Santamaria y Natalia Gómez (2013)
• Natalia Cárdenas, Sebastián Senior y Laura Amaya (2012)
• María Gabriela Villota y Rocío Trujillo (2011-2012)
• Diana Prado y Ricardo Alvarez (2011)
Universidad de La Sabana
Juan Fernando Sánchez (Clínica de Interés Público)
Fundación ProBono Colombia
AMICUS CORTE IDH BENITO TIDE MENDEZ VS. REPÚBLICA DOMINICANA
Durante toda su historia, República Dominicana ha tenido una gran presencia de migrantes haitianos en su territorio, quienes llegan buscando mejores oportunidades de vida en ese país. Sin embargo, la situación para estas personas no es nada fácil, pues son objeto de discriminación y de persecución por parte de los ciudadanos y más preocupante aun, por parte del Gobierno.
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Es así como la policía dominicana, aplicando las políticas migratorias de ese país, hace redadas en los sitios más pobres, donde saben se concentran la mayor parte de los migrantes. Se detiene a las personas principalmente basados en su color de piel, se les aparta de su familia y se les expulsa del país con graves consecuencias a su dignidad y a su integridad personal. Muchas veces se trata de hijos de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana a quienes se les niega el derecho a tener una personalidad jurídica y no se les permite inscribirse en el registro nacional como ciudadanos Dominicanos, por los que se les condena a una situación de irregularidad.
El caso de Benito Tide y otros ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reúne varias de estas situaciones ampliamente documentadas por muchos años y a las cuales República Dominicana no ha dado mayor respuesta. Conociendo estos hechos, la Clínica de Interés Público de la Universidad del Rosario (Grupo de Acciones Públicas - GAP), en asocio con la Fundación Probono Colombia, emprendió la tarea de realizar un Amicus ante la Corte Interamericana en el cual se expusiera la preocupante situación de los inmigrantes Haitianos en República Dominicana y las expulsiones colectivas de las que son víctimas. En esta intervención se analizaron ciertos derechos específicos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos que se consideran violados en el caso, como lo son el derecho a la familia, el derecho a la integridad personal, el derecho al registro y a la nacionalidad y el derecho a la protección de las garantías judiciales y al debido proceso, todo bajo la perspectiva de los derechos a la igualdad y a la no discriminación como eje central de análisis.
El 21 de octubre de 2013, se radicó el Amicus ante la Corte IDH, luego de realizar los ajustes finales con algunos elementos que fueron tomados de la Audiencia del caso, realizada en Ciudad de México, durante la semana del 7 al 11 de octubre, en el marco de las sesiones de la H. Corte IDH; a este escenario acudió la Dra. María Teresa Palacios, como coordinadora del Equipo de la UR que trabajó en este proyecto ProBono.
Documento de Intervención
Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos
PARTICIPANTES:
Universidad del Rosario María Teresa Palacios (Directora Área Curricular de Derechos Humanos)
Estudiantes Gap:
Natalia Gómez Peña y Daniel Hernández
Fundación ProBono Colombia