Derecho -
13/12/2016 12:00:00 a. m.
Municipio Pinas - http://bit.ly/2gwzj21 Bogotá, diciembre 13 de 2016. Agua potable y un alcantarillado. Ese es el regalo que quieren los habitantes de seis barrios ubicados en un olvidado rincón de la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en mayo de 2012 le dio un plazo de un año a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para que, en colaboración con la Gobernación de Cundinamarca y la CAR, adelantaran las obras necesarias para abastecer de agua potable estos barrios, dijo Paola Iregui, supervisora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario.
“Cuatro años después de la sentencia los barrios Los Alpes, Bella Flor, Brisas del Volador, La Torre, El Paraíso y El Recuerdo Sur, siguen en la misma situación”, señala el GAP de la Universidad del Rosario, clínica jurídica que acompañó el proceso judicial de la comunidad de Ciudad Bolívar.
La sentencia del Tribunal se dio debido a que los habitantes de estos barrios cuentan con un precario e intermitente servicio de acueducto y ningún servicio de alcantarillado. Tras la esperanza que surgió con el fallo, sus habitantes continúan aún acceso a estos servicios públicos.
El Tribunal ordenó también la integración de un comité de verificación y seguimiento que garantizara el cumplimiento del fallo. Para Paola Iregui, desde la sentencia proferida hace cuatro años el Juzgado Administrativo Tercero solo ha convocado una vez a este comité.
“Cada vez que la comunidad o los coadyuvantes han enviado memoriales al juzgado para que lo convoque, este responde que la EAAB está cumpliendo, según los informes que allegan periódicamente al despacho”, agregó.
“A pesar de que estos informes evidencian efectivamente la construcción de algunas obras de acueducto y alcantarillado, la realidad es que estas obras no demuestran mayor avance y los trabajadores han manifestado directamente a la comunidad que estas no estarán listas antes del 2017”, explicó la supervisora del GAP de la Universidad del Rosario.
Dagoberto Rodríguez, miembro de la comunidad afectada, dijo que “la sentencia del Tribunal no ha servido para nada, porque el juzgado no la ha hecho cumplir. Además de esto las obras no serán suficientes para prestar el servicio efectivamente, ni siquiera para una fracción de los barrios cobijados en la sentencia. Mientras tanto seguimos viendo vulnerado nuestro derecho al agua”.