Revista Nova et Vetera

Este 10 de marzo fue un día histórico para los mexicanos y, en un plano muy personal, fue muy deprimente. Ese día se realizó la revocación de mandato para un presidente que cuenta con un amplio apoyo social: Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sería necio negar que un instrumento así mejora la vida democrática, pero después de tres años de gobierno, hay que preguntarse cuál es el objeto de este ejercicio mientras los feminicidios, las desapariciones y los asesinatos que sazonan y horrorizan nuestra vida cotidiana. Es decir, para muchos mexicanos, entre los que me cuento, este ejercicio fue una verdadera tomadura de pelo porque realmente no era necesario. Además fue un desperdicio de recursos económicos, que actualmente hacen falta más que nunca, debido a los efectos económicos del confinamiento de la pandemia de COVID-19 y especialmente por la inflación económica que actualmente resentimos en todo el mundo debido a la invasión rusa a Ucrania.

El presidente AMLO ganó las elecciones del 2018 con 30,113,483 millones entre 56,611,027 votos ejercidos, lo que representa poco más del 62%, en un padrón electoral de conformado por 89,250,881 ciudadanos. Nunca se había visto una participación ciudadana así en unas elecciones nacionales y que fueron una muestra evidente del hartazgo y enojo de la ciudadanía por numerosos abusos políticos que estuvo ejerciendo principalmente el partido hegemónico del país: el Partido de la Revolución Institucional (PRI). Estos excesos que mostraron una profunda corrupción de las instituciones públicas en todo el país, pero especialmente en la clase política de todos los partidos. El conocido escándalo de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto generó más enfado social gracias a un reportaje que la periodista Carmen Aristegui presentó en el 2014 y que ganó el premio de periodismo Gabo al año siguiente. Básicamente se trato de la adquisición de una casa millonaria por el presidente y su esposa, en una de las mejores zonas de la ciudad de México y mediante una obscura transacción que implicaba a un contratista con un número importante de obras públicas en ese periodo presidencial. A lo que se sumó una explicación churrigueresca y fantasiosa por parte de Angélica Rivera, la primera dama del país en esa época, para explicar su patrimonio “obtenido con honestidad y trabajo”.

Dicha escandalosa situación acabó en una investigación pública que exoneró burdamente a todos los implicados, lo que generó mayor repudio entre la sociedad porque el presidente de la República Mexicana prácticamente era intocable. Por esto y otras razones más, AMLO obtuvo y tiene el mayor aprecio social que hayamos visto en los últimos tiempos. Una apreciación que, a veces, raya en el fanatismo cuando se expresa en una expresión que gritan a pulmón: “es un honor estar con Obrador” y por lo cual han sido llamados obradoristas. Gracias a esta devoción, él, su gobierno y el partido que lo soporta, prácticamente no son juzgados críticamente en el ejercicio de sus funciones. Una vieja aspiración de aquellos que hemos creído en trabajar por una sociedad democrática. En ésta, el ejercicio crítico e informado de la ciudadanía resulta fundamental y, por tanto, la prioridad es la libertad de expresión de todo ciudadano, al igual que contar con un periodismo objetivo y consciente de la función social que cumplen.

Pero dicho ejercicio requiere además de un modelo educativo que lamentablemente en nuestro país no existe. En efecto, la educación pública mexicana presenta un estado lastimoso y ofensivo, que conocimos con más detalle justo a raíz del confinamiento pandémico. La educación pública no puede ofrecerse de calidad como un derecho para todos los mexicanos sí se descuidan otros factores. Por ejemplo, la constante y necesaria mejora de los saberes que los maestros requieren como un aspecto personal pero que redundaría en una mejor valoración social y en la mejora de los salarios como demanda la agenda 2030. Pero, también implica el mejoramiento de la infraestructura necesaria, pues no sólo se trata de salones y sillas sino también de servicios sanitarios o acceso a la red. El estado de nuestra educación no es únicamente el resultado de reformas educativas sino, en mi opinión, de un escaso presupuesto y de una pésima valoración social de la utilidad y beneficio que tiene fortalecer y mejorar nuestro sistema educativo. Se trata por tanto, de un proyecto social a largo plazo por consolidar un mundo mejor, más allá de debates discursivos, para las generaciones que vienen.

Una sociedad así, habría puesto freno a esas primeras intentonas que hoy separan y confrontan a los 93,699,497 ciudadanos, quienes deberían participar en cualquier aspecto de la vida cotidiana como en las consultas ciudadanas. Pero no fue así, pasamos de lo gracioso a lo grotesco en menos de tres años. En efecto, la primera vez que AMLO habló de “chairos” y “fifes” para referirse a dos grupos antagónicos en una visión de sociedad, debieron sonar las alarmas de todos pero especialmente de quienes deben controlar al poder ejecutivo. Es decir, los otros dos poderes: el legislativo y judicial. Esos diputados, senadores y ministros debieron decirle al presidente que una sociedad confrontada no construye futuro y que su responsabilidad nacional era convocarnos a todos para hacer posible una sociedad más equitativa, solidaria e incluyente sin importar sin importar género, identidad, nivel económico o de estudios, ideología o militancia partidista. Ahora resulta evidente que AMLO sabía bien que en esa sociedad agraviada que iba a gobernar, resaltar de forma constante las diferencias entre nosotros crearían tanto ruido que al final sólo se escucharía su voz y opinión.

Así fue como, después de escuchar todas las mañanas la explicación de un México decimonónico al que ya no pertenecemos, de observar cómo cada crítica o cuestionamiento al gobierno actual es agredida con bajeza y simpleza, e incluso que cuando ejerzo mi voto como yo quiero (pero de forma diferente a como opina AMLO y sus seguidores) paso a convertirme en una miserable “aspiracionista”, en una inmoral, sin valores, sabionda, “influenciable" y sin criterio porque siempre permito que los oligarcas y conservadores influyan en mis decisiones. “Aspiracionista”, es un vocablo que surge de su propia rabia por no obtener lo que quiere. Obviamente, como ciudadana, no comparto esta forma de entender la sociedad en la que vivo. Tampoco comparto todo el ideario político que guía las políticas públicas actuales. Por el contrario, sí comparto como muchos mexicanos (incluyendo a los obradoristas), la necesidad de diseñar y aplicar un modelo de desarrollo más incluyente y equitativo para México.

Por eso, y por primera vez desde que tengo edad para usar el derecho ciudadano de votar, no participé en este revocatorio. Lo declaro abiertamente aunque Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera nos amenace con sanciones por no participar en ese revocatorio. Le diré señor Gómez, que no lo hice porque estoy asqueada de la vida política de mi país y de cómo se regodean quienes la defienden. Me pregunto cuántos latinoamericanos de todos los grupos sociales, económicos o, profesionales, se sienten igual que yo cada día al leer los periódicos, oír las noticias y comparar la realidad cotidiana con los discursos y estadísticas sobre nuestra situación real. Creo que debemos reflexionar sobre este asunto, para preguntarnos si esta es la vida política que queremos heredar a las generaciones siguientes. Ciertamente, por el caso de la Casa Blanca, AMLO había prometido en campaña que se crearía un referéndum ciudadano para que los ciudadanos tuviesen siempre la oportunidad de evaluar a sus gobernantes y retirar (en caso de requerirlo) la confianza depositada en las elecciones. Para ello, se elaboró una legislación refrendada principalmente por Morena (el partido del presidente) en la Cámara de Diputados. La ley se hizo y por tanto la promesa se cumplió. Los ciudadanos podríamos solicitar tal revocatorio cuando lo necesitáramos. De ahí lo incomprensible de usar tal instrumento con este presidente, quien obviamente tiene una amplia aprobación social y que, por tanto, hay una mayoría que no quiere que se vaya.

Lo que más resulta lamentable de este revocatorio, es que los discursos de los fanáticos del presidente (porque no hay otra manera de denominarlos), siempre estuvieron enfocados en destacar que, sin la participación ciudadana, este ejercicio representaba prácticamente la muerte de la democracia. Hasta donde yo recuerdo, como votante e incluso funcionaria de casilla cuando he sido requerida, la mayoría de los mexicanos que tienen reconocido el derecho al voto deciden voluntariamente no usarlo. Así que en el estricto sentido matemático, la mayoría de los ciudadanos no participa activamente en las decisiones colectivas. Entonces, cuando se habla de mayorías que votan, en realidad son minorías las que lo hacen, números que frente a ese padrón de votantes palidece y que es una realidad incuestionable. Y así, las preguntas que surgen son ¿por qué todas esas personas no participan? Y, ¿por qué para el análisis político tampoco importan?

Esos votos importan tanto que fue hasta grosero que el presidente fuese a votar para invalidar su voto poniendo “Viva Zapata”. En un mundo ideal, debido a la naturaleza de este ejercicio revocatorio, el presidente precisamente no debería votar. Los militantes de Morena afirman que ganaron esta revocación y ¿contra quién ganó? ¿contra quienes no participamos? En una entrevista, Citlali Hernández Secretaría General de Morena y Senadora de la República, declaró que con las casillas completas el presidente habría obtenido el doble de lo que obtuvo. Comentario que vuelve a ser irrespetuoso con todas esas personas, entre las que me incluyo, que consideramos esto un circo de la democracia y no un ejercicio. En principio, habría que recordar nuevamente el enorme número de personas que no participaron. Una cuestión importante aunque la minimicen porque únicamente participó el 17.77% de la lista nominal. Así lo hizo la Senadora, argumentando que “no hay un punto de comparación” porque esa baja participación es histórica y permanente. Al ser representante de los mexicanos es realmente triste que no se preocupe por esa ausencia. Explicar el abstencionismo como personas que solamente se dejan llevar “por lo que les dicen”, es muy simple. Perdone senadora Hernández, pero no somos idiotas. Las razones por las que ni queremos este tipo de gobierno o de Estado, con o sin este presidente, vemos la militarización, el poco interés para resolver los feminicidios o la crisis de desaparecidos como algunos fundamentos de nuestras decisiones.

Por otro lado, son muy pocos los periodistas nacionales, especialmente quienes se esfuerzan por hacer en YouTube su plataforma principal, que establecieron como principio de análisis una realidad demoledora: el propio presidente y su militancia habían impulsado la consulta revocatoria Así es. Este revocatorio no lo demandó esa parte de la sociedad que se encuentra enfadada, desilusionada o cualquier otro sentimiento negativo por el desempeño del presidente AMLO. Personas que marcaron, analizaron o reflexionaron dos cosas que ocurrieron entre la aprobación de la ley y la consulta ciudadana: los recursos destinados a publicitar y promover la participación ciudadana y, los actos descarados y sinvergüenzas de los funcionarios públicos militantes del partido Morena a favor del ejercicio ciudadano. Incluso la Senadora Hernández, al ser cuestionada por las irregularidades cometidas por su partido y su militancia, considero esos actos como simples “complicaciones”. Intelectuales reconocidos de izquierda han justificado las acciones incorrectas e ilegales, porque nunca estarían al nivel de los actos cometidos en el pasado por el PRI como partido hegemónico de décadas.

Todas estas actitudes de los legisladores, quienes deberían mostrar un mejor comportamiento frente a la sociedad, no auguran un buen futuro. Esa legislación que Morena consideró restrictiva porque les marcaban límites respecto a la promoción del revocatorio, y que no respetaron, es una normativa que ellos mismos avalaron en su intención de controlar a los otros partidos. Entonces ¿controlar a los otros, pero no a los nuestros? Situación que no solamente roza en lo ridículo, sino que no contribuye a educarnos como ciudadanos y, por tanto, mejorar toda la participación ciudadana. Es decir, entre peor se comportan en la vida pública nuestros políticos, más se retrae esa participación social porque todos los políticos les parecen iguales. Y esta es justa la expresión que reiteran una y otra vez tanto el presidente, sus seguidores, los obradoristas, los militantes y su partido político: que son diferentes. Entonces, preguntemos desde el más puro sentido común ¿por qué no comportarse de mejor manera, mejorando sus argumentos, respetando las leyes, la vida política y en suma a la sociedad mexicana?

Lo cierto es que esa legislación electoral, el uso de los recursos públicos para mover a los votantes, se considera un delito grave. Sin embargo, los ciudadanos vimos tapizada las ciudades y pueblos de publicidad relacionada con el “revocatorio” como en los viejos tiempos del PRI. Ahora bien, la organización de tal evento por ministerio de la ley recae en el Instituto Nacional Electoral (INE), pero el trabajo que soporta a dicho instituto son las personas sin las cuales no sería posible. Dicho instituto no sólo es responsable de organizar cualquier elección en el país, sino que está a cargo del padrón electoral cuyo resultado más concreto son las credenciales para votar que funciona como una de las identificaciones oficiales. El INE fue acusado de trampas y boicot respecto al revocatorio. El principio de otra confrontación.

Y así, muchos mexicanos nos preguntamos de dónde salieron los recursos para esa publicidad porque este gobierno se ha caracterizado, y no sólo discursivamente, por una política de austeridad que sacrificado cosas que para la mayoría de las personas son incomprensibles. Entre muchos servicios afectados, distingamos el acceso los medicamentos y la escuelas de tiempo completo. Si a esto sumamos un desdén por el estado de derecho, que es representado por el orden jurídico no parece que estemos mejorando en la construcción de ciudadanía. Una preocupación porque una buena parte de los recursos han sido entregados a los militares. Un tema sobre el que convendría reflexionar más adelante, porque para algunos este poder económico y político contribuye más a la militarización.

Ciertamente existe un argumento o “narrativa” que se enarbola desde los seguidores de AMLO y su propio gobierno, de que todo lo malo pasaba antes y no ahora. Una idea que olvida a muchos esfuerzos y batallas sociales que consiguieron políticas públicas y beneficios públicos, y que también se concretaron en ese periodo de política hegemónica. Es decir, ese pasado tenía muchas cosas malas pero también algunos aciertos. Nuestro país no posee tanta riqueza como para hacer un borrón y cuenta nueva, sin hacer una sesuda revisión sobre qué cosas sirven y deben mejorarse. De la misma manera que aquello nocivo, tanto para el erario como para la sociedad, debe mejorarse. A muchos nos gustaría que dichos ejercicios democráticos se usaran para decidir qué tipo de reforma electoral queremos, para entender por qué destinamos tanto dinero para los políticos y los partidos o, ya soñando, que como sociedad decidamos en qué deberían emplearse nuestros impuestos. Además de decidir sobre lo más obvio ¿no es acaso más importante mejorar la educación, la salud y la justicia?

Cuestiones sociales que presentan problemas acuciantes y cuya solución serviría para mejorar la vida de todos. El país que queremos sólo puede construirse sin “jugar a las narrativas” como dice la senadora Hernández, sino respetando las diferencias entre las personas ya sean sociales, ideológicas, religiosas o económicas. La senadora Hernández debe recordar que las instituciones del Estado son de todos y que no le pertenecen al partido que gobierna. Por tanto, cada vez que se denigra a toda crítica social que se haga contra el gobierno de AMLO no construye un diálogo entre la sociedad. Necesitamos que escuchen a las “voces de la oposición”, pero también a todas aquellos que no comparten sus ideas u opiniones. En esos políticos debe caber la sensatez para poner freno a la boca del presidente, cuando despotrica contra lo que no le gusta, sean periodistas, feministas, ambientalistas u organismos internacionales.

En los recientes debates legislativos vemos también el efecto de una sociedad que no le ha prestado atención a la educación pública. Los mexicanos hemos visto, el pasado 17 de abril, una de las peores sesiones legislativas donde se decidían asuntos tan cruciales como el problema de la energía. Ahí, en boca de todos los partidos que integran nuestra Cámara de Diputados no vimos más que un penoso espectáculo discursivo cargado de descalificaciones de unos contra otros, sin ningún argumento ni evidencia que mostrara una verdadera preocupación por los mexicanos, los usuarios de esa energía. Morena intentó pasar una reforma constitucional que no supo negociar con los otros partidos y que, por tanto, no fue aprobada por los partidos contrarios. Por eso, la misma senadora Hernández, sin ningún empacho se lanza a orquestar una acción llamada “Diputados traidores a la patria” para exhibir a aquellos legisladores que votaron contra las reformas propuestas por el gobierno de AMLO. Esta lamentable actuación menos ayuda a bajar el calado del entorno violento en que vivimos, pues acciones de esta naturaleza no construyen diálogos sociales y no deben ser enarbolados ni celebrados como actos democráticos. Definitivamente vivimos en un México desquiciado y por eso, debemos repetirlo para las generaciones que vienen: lo incorrecto es incorrecto, lo haga quien lo haga, y siempre fue, es y será injustificable. No importa si lo hace el presidente mismo. La ley es la ley y por tanto un acuerdo social que debe respetarse porque puede modificarse en el marco del intercambio respetuoso entre los involucrados. La democracia es más que una palabra, es un compromiso con los otros y por eso debemos segur creyendo que no es perfecta pero siempre mejorable.